Un 62% afirma que lucha anticorrupción debe ser prioridad para nuevo Congreso, según El Comercio-Ipsos

El 26 de enero próximo los peruanos elegiremos a un nuevo Congreso. ¿Qué temas deberían ser prioridad para los próximos legisladores? Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, un 62% puso como agenda principal la lucha contra la corrupción y un 57% mencionó la seguridad ciudadana.

Además, de acuerdo con el sondeo nacional, un 55% señaló a la educación como un tema prioritario para el nuevo Parlamento y un 48% de encuestados indicó que debía ser la salud.

Siguen en la lista las reformas del sistema de justicia, la ley de minería y la reforma política.

-Los políticos tienen que aprender a leer las demandas ciudadanas-

La politóloga Milagros Campos, que también integró la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, comentó, en primer lugar, que los candidatos y los partidos que postulan al Congreso deben tener en cuenta que -a diferencia de las elecciones que se dan al término de un mandato- esta vez si hay una agenda pendiente con proyectos de ley, dictámenes o informes, e, incluso, reformas constitucionales, que esperan su debate y aprobación.

Sobre los resultados del sondeo, anotó que los congresistas no son quienes aplican las políticas públicas en el país, sino que, mas bien, se encargan de supervisar y vigilar. Dijo que por esa razón “llama la atención” la demanda de servicios públicos básicos al Congreso en temas como salud, educación y seguridad ciudadana, entre otros, cuando la ejecución de los mismos es una tarea compartida entre el Ejecutivo, los gobernadores regionales y los alcaldes. “Entonces pasa por un tema de cooperación, hay una tarea compartida”, refirió.

Respecto a las políticas de integridad, Campos mencionó que la lucha contra la corrupción es transversal, y señaló que la encuesta refleja que es una demanda que está por encima del resto, lo que viene a ser “una llamada bien clara de atención para las autoridades, a fin de que implementan las políticas que se requieren”.

Mencionó que hay dos reformas constitucionales que siguen en la agenda del Congreso, una de las cuales es la relacionada a los impedimentos para ocupar un cargo público, y que está pendiente de segunda votación.

Dicha reforma consistió en incorporar el artículo 34-A, que establece el impedimento de postular a cargos de elección popular a quienes tienen sentencia condenatoria emitida en primera instancia por delito doloso. Campos mencionó que a esto se suma el tema de la inmunidad parlamentaria respecto a si se reduce o elimina. Un proyecto del Ejecutivo que planteaba que la decisión estuviera a cargo de la Corte Suprema y ya no del Congreso fue archivada en la Comisión de Constitución.

“Los políticos tienen que aprender a leer las demandas ciudadanas y esto [la inmunidad] es percibido como un privilegio”, puntualizó.

-“Se percibe riesgo de impunidad”-

Eduardo Vega, que en su momento presidió la Comisión Presidencial de Integridad, a El Comercio que los resultados de este sondeo reflejan que la ciudadanía percibe que hay un riesgo de que los hechos de corrupción que ya conocemos puedan quedar en la impunidad y que muchos actos de corrupción se puedan seguir cometiendo.

Sobre la agenda pendiente en el Congreso en este tema, mencionó que hace falta un cambio en el tema de los arbitrajes donde se han visto involucrados los recursos públicos. También recordó que hasta ahora no se ha dado un rango legal a las declaraciones juradas de intereses a fin de que sean obligatorias.