El 30 de setiembre, el presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso. (Foto: Presidencia de la República)
El 30 de setiembre, el presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso. (Foto: Presidencia de la República)
Eduardo  Dargent

Politólogo, PUCP

Hay varios años que se disputan el más movido que me ha tocado vivir: 1987 y la debacle económica y social, 1992 con autogolpe y captura de Guzmán o un 2000 de corrupción y transición. Pero por la cantidad de eventos, y los giros de fortuna, el 2019 tendrá una marca especial en la memoria.

Releyendo noticias para preparar este artículo recién tomo conciencia del subibaja político que nos tocó vivir, de qué manera el error y el desgaste en las encuestas llevaron a cambios en el poder relativo de los contrincantes. Con Lava Jato fortaleciendo indirectamente una y otra vez al gobierno, salvándolo de su propia mediocridad. La facilidad con que se dio el cierre del Congreso nos hace olvidar que otro pudo ser el resultado.

Pasamos Año Nuevo viendo un intento más del fiscal de la Nación y sus aliados por detener Lava Jato. Los testimonios en Brasil habrían sido la razón de fondo para jugarse el todo por el todo confiados en que no habría reacción ciudadana. Y hubo. El resultado fue la renuncia de Chávarry y un nuevo fortalecimiento del gobierno.

Pero esa ventaja duraría poco. Tras unos meses que dejaron más delaciones, nuevos arrestos y el suicidio de Alan García, el Ejecutivo se iba quedando sin reflejos. En junio, una cuestión de confianza para avanzar su propuesta de reforma política volvió a ponerlo en mejor posición. Pero pasaron sus proyectos con modificaciones, con una Comisión de Constitución desafiante. Esa pólvora no alcanzaba para disolver el Congreso. Aun así, se especuló que podría anunciarse la disolución el 28 de julio.

El presidente sorprende al pedir, más bien, que se adelanten las elecciones: nos vamos todos. Otra vez recupera la iniciativa, pero sin tener claro cómo actuar de rechazarse su proyecto de reforma constitucional. Las largas que dio la Comisión de Constitución hicieron perder dirección al gobierno. El rechazo a la propuesta abrió nuevamente la discusión sobre la disolución, pero siempre con el temor de su legalidad. La popularidad de la medida no alcanzaba para legitimarla y menos a escala internacional.

Y entonces Lava Jato volvió a pesar. El Congreso intentó nombrar a la carrera cinco magistrados del Tribunal Constitucional para, como debe ser obvio por lo visto estas semanas, controlar la nutrida agenda judicial que se venía. Impunidad o muerte. El gobierno anuncia una nueva cuestión de confianza contra el procedimiento. El Congreso pisa el palito y se da la disolución. El acto mostró tanto la desesperación por controlar el TC como la inmadurez de la mayoría parlamentaria. Incluso tras el cierre del Congreso el año siguió con sucesos impactantes, pero ya sin la disputa de poderes.

¿Se nos viene otro año igual en términos políticos? No lo creo. La investigación judicial continúa y nuevas denuncias llegarán, pero la elección de enero nos dejará muy probablemente un Legislativo fragmentado que no repetirá la dinámica anterior. Y, a partir de julio, entraremos en modo electoral. Se irá apagando así uno de los quinquenios más movidos que nos ha tocado vivir.

Siendo optimistas, logramos avanzar en procesos que en otros países han sido enterrados por pactos de impunidad. Queda la lección, más allá de errores y altibajos, de que el poderoso, político o empresario no siempre está por encima de la ley. Y eso no hay que minimizarlo. Siendo pesimistas, sin embargo, no se observan procesos de reforma capaces de reducir las profundas causas económicas y políticas de esta corrupción.