La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe que recomienda declarar procedentes denuncias contra Martín Vizcarra. (Foto: Archivo GEC)
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe que recomienda declarar procedentes denuncias contra Martín Vizcarra. (Foto: Archivo GEC)
/ ALONSO CHERO
Redacción EC

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó, con 15 votos a favor, el informe de calificación que recomendaba declarar procedentes las denuncias constitucionales presentadas contra el expresidente y las exministras (Salud) y (Cancillería) por su vacunación en secreto contra el coronavirus (). Este documento, con cargo a redacción, será dividido en dos para diferenciar el antejuicio político del juicio político.

El presidente del grupo de trabajo, Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), indicó que el informe se le hará llegar lo más pronto posible a cada uno de los integrantes de la comisión, a fin de que puedan darle lectura. Tras la recolección de firmas, será enviado a la Comisión Permanente.

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“Con el mismo insumo del informe general que habíamos presentado, ahora lo vamos a partir en dos por especialidad, por un lado las infracción y por otro lado los delitos. En la tarde se corren las firmas y se eleva a la Comisión Permanente”, señaló a este Diario.

Además, durante la sesión virtual de este lunes, precisó que las denuncias mixtas quedarán como “pendientes” para ser, posteriormente, acumuladas a las ya procesadas.

“Sacamos dos informes, uno para juicio, otro para antejuicio y las denuncias mixtas las dejamos en pendiente o los que las han efectuado las desdoblan y las acumulamos posteriormente o, en su defecto, podrían irse tomando para cada uno de los dos grupos”, detalló.

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El informe de calificación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsificación de documentos, entre otros, así como la infracción de diversos artículos de la Constitución.

En los casos de la exministra Mazzetti y Astete, el documento señala procedentes las denuncias por los presuntos delitos de cohecho pasivo y concusión, así como la supuesta infracción de cinco artículos de la Carta Magna, pero señala como improcedentes las acusaciones de colusión y tráfico de influencias.

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