El colegiado presidido por la exmagistrada del TC Delia Revoredo Marsano consideró que “resulta más grave si una autoridad” recibió la vacuna antes de tiempo; ya que daña “la confianza de los ciudadanos en el Estado”. (Foto: GEC)
El colegiado presidido por la exmagistrada del TC Delia Revoredo Marsano consideró que “resulta más grave si una autoridad” recibió la vacuna antes de tiempo; ya que daña “la confianza de los ciudadanos en el Estado”. (Foto: GEC)
Redacción EC
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El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE) de las Elecciones Generales 2021 pidió a las autoridades competentes celeridad en las investigaciones respecto a las vacunas contra el y sanción ejemplar para quienes resulten responsables de haberse vacunado de manera irregular en el marco del denominado ‘’.

A través de un pronunciamiento, instó a la ciudadanía a castigar “con severa sanción política y social” a quienes resulten culpables de haber recibido una vacuna, por privar de esta protección a personas en peligro de muerte o a quienes resultan imprescindibles para combatir la pandemia.

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“Todo ello implica una falta moral, una vulneración al derecho a la vida y afectación al bien público, sujeta a responsabilidades, constitucionales, civiles, penales o administrativas”, se lee en el documento suscrito este lunes.

El colegiado presidido por Delia Revoredo Marsano e integrado por Gastón Soto Vallenas, Tarcila Rivera Zea, Susana Baca de la Colina y Carmen Mc Evoy Carreras, consideró que “resulta más grave si una autoridad” recibió la vacuna antes de tiempo; ya que daña “la confianza de los ciudadanos en el Estado”.

“El acto de inmoralidad llega a ser peor, si a cambio de obtener la propia y pronta, pero indebida vacunación, se descartó la compra de otras marcas de vacunas, tal vez más convenientes a los intereses del Perú”, refirió.

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El presidente Francisco Sagasti recibió la semana pasada una lista de 487 vacunados con la dosis de Sinopharm, una información brindada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Esta fue remitida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Congreso, a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General del Estado y la Comisión investigadora del Ministerio de Salud.

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