“Verónika Mendoza en campo minado. El dilema de Juntos por el Perú ante la minería”, por Fernando Vivas

Actualmente hay una cartera de 46 proyectos valorizados en $56,158 millones. Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE), me comentó: “Según un estudio del IPE esto duplicaría los ingresos fiscales para el Perú. Desarrollar esa cartera serviría para pasar otro periodo de vacas flacas, así como el crecimiento de la minería en el pasado produjo los ahorros que han servido para pagar bonos y créditos en la pandemia”.

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La izquierda de Juntos Por el Perú y Verónika Mendoza no postula una sociedad comunista con estatización de los medios de producción. Habla de nacionalizar el gas pero no las minas; en resumen, ya no hará ‘la revolución’; pero sabe dónde golpear a lo que llama el ‘modelo primario exportador’ que subyace a las cifras que les he mostrado: limitando la actividad minera.

Lo límites son básicamente dos, el respeto al medio ambiente y al derecho a las comunidades vecinas a decidir si la minería es viable en su territorio. Por eso, el ecologismo y el multiculturalismo, están íntimamente asociados a esta versión de la izquierda. Hay otras versiones que no tienen esa raigambre antiminera como, por ejemplo, el nacionalismo de Ollanta Humala o la Fuerza Ciudadana hoy aliada al Partido Morado.

Marco Arana, el fundador de Tierra y Libertad e impulsor en el 2015 del Frente Amplio junto a Verónika Mendoza, nació a la política nacional guerreando contra los proyectos de Yanacocha en Cajamarca. Arana está íntimamente vinculado a la lucha anti minera. ¿Y Verónika?

Se sacó la espina

Mendoza no tiene la génesis de su ex aliado Arana, pero ha llegado a la misma conclusión que él respecto al color predominantemente verde de la izquierda en el Perú. Entró a la política como congresista del Partido Nacionalista y se apartó de aquel precisamente por un conflicto minero. Como representante de Cusco fue a la provincia de Espinar a apoyar a los pobladores de la zona en sus demandas a la minera Xstrata, acusada de contaminar el agua. Hace unos días, Ollanta Humala, entrevistado en La Encerrona, dijo de su ex congresista: “Me parece malagradecida por la forma cómo se fue, causando el problema de Espinar, porque ella es la autora del problema de Espinar [en el 2012]”.

Poco antes, la entrevisté para escribir un perfil de su candidatura y le pregunté cuál fue la génesis de su afán presidencial en el 2016. Me dijo: “Una cosa que me marcó fuertemente fue cuando estuve en el Congreso y estalló el conflicto de Espinar. Ahí comprendí que lo que me tocaba era estar del lado de la gente”.

O sea, para Verónika, en Espinar se sacó la espina, encontró esa ‘pequeña épica’ que encuentran los políticos para anclar su candidatura presidencial. Lo que para Lescano es la defensa del consumidor, para Forsyth es La Victoria y para Keiko es la persecución al fujimorismo; para ella es la pelea del pueblo cusqueño contra los efectos tóxicos de la minería. Por cierto, el conflicto, aunque se calmó con el reconocimiento judicial de presencia de minerales pesados en el agua y se tomaron algunas medidas correctivas, sigue abierto. Xstrata se vendió a Glencore, la multinacional con sede en Suiza, y todavía enfrenta demandas de la población.

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Para abundar en la convicción verde de Verónika, cuando le pregunté por sus personajes ejemplares, me mencionó a Máxima Acuña, la célebre cajamarquina que se negó a vender su terreno vecino al yacimiento de Conga.

La zona del buen vivir

La izquierda roja y verde pasó a la acción legislativa. Apartada del nacionalismo, Verónika se puso a trabajar en una ley de ordenamiento territorial, piedra clave del ecologismo, porque de esa manera se definen los criterios para determinar qué actividades económicas se permiten o priorizan en cada región, de acuerdo a sus rasgos ambientales y a la voluntad ciudadana. Por ejemplo, un criterio que se solía mencionar como límite para la minería, es que no se realice en ‘cabeceras de cuenca’. Imaginen lo crucial que puede ser, para un proyecto que supere los mil millones de dólares, la delimitación de la frontera y área de protección de la red hídrica asociado a un río o a una laguna.

En su campaña del 2016 y cada que discursea sobre minería, Mendoza habla del ordenamiento territorial. Sin embargo, en el actual plan de gobierno de JPP, apenas se menciona el tema. El eje programático 3 dice: “Apostamos por una nueva matriz productiva diversificada, planificada ecológicamente”. Ello implica, por supuesto, que consideraciones ambientales podrían desplazar la minería en beneficios de la agricultura o el turismo u otra actividad.

Más adelante, el documento dice: “Todas las regiones y provincias cuentan con planes de desarrollo concertado y de ordenamiento territorial actualizados y articulados al sistema nacional bajo rectoría del Ceplan [Centro Nacional de Planeamiento Estratégico]”. O sea, sí habría criterios definidos de zonificación, aunque no están descritos en el plan de gobierno.

Hablé con la socióloga Anahí Durand, jefa del equipo de plan de gobierno de JPP, para que me diera más detalles sobre su escueto capítulo minero. Me respondió que la zonificación territorial es importante, claro que sí, y hablamos de las propuestas de Hernando De Soto sobre la posibilidad de que comunidades o individuos puedan negociar títulos de propiedad del subsuelo. Sobre ello me dijo “esa es una propuesta muy individualista, nosotros partimos del respeto a los derechos colectivos”. Sobre mi inquietud de fondo, me sugiere hablar con José de Echave, el candidato a la primera vicepresidencia y encargado del tema minero en el plan de gobierno.

De Echave, fue vice ministro de gestión ambiental en el gobierno de Humala y renunció, como Verónika, en discrepancia con el tratamiento de los conflictos mineros. Desde entonces, es un actor fundamental del debate sobre la minería. Sin embargo, cuando le pregunto por esos criterios de ordenamiento territorial que, de hecho, domina como experto, me dice, “en el plan, que es un resumen, no pueden estar desarrollados al detalle, pero hay un grupo de profesionales, de distintas organizaciones, que trabajan en ello”. JPP tiene, además, un ‘Plan de Nueva Minería’, pero es un escueto documento en su sitio web, que tampoco llega a especificidades.

José, como les decía, es un personaje clave en el debate sobre la minería. En las últimas décadas, a través de la ONG Cooperacción, ha aportado a la reflexión sobre el ‘pos extractivismo’, término planteado por el uruguayo Eduardo Gudynas. Antes del ‘pos’, Gudynas escribió sobre el ‘neo extractivismo’, referiéndose a los gobiernos de izquierda que dejaban de ponerle peros a la minería y a la extracción de combustibles fósiles o vegetales; porque encontraban que su bonanza les permitía financiar sus programas sociales y les daba gobernabilidad. Esa ‘captura de la renta’ por parte de la izquierda, como lo hizo Hugo Chávez con el petróleo, Evo Morales con el gas, Cristina Fernández con la soya y el propio Humala con la minería; es lo que podría suceder con un gobierno de Juntos Por el Perú respecto a la denostada actividad minera.

Por todas estas razones, el pos extractivismo postula el ‘buen vivir’. En su eje programático 13, el plan de JPP dice: “Trabajaremos por el buen vivir, cuidando el ambiente y los territorios”. ¿Es esta una invitación al goce? En el debate sobre el extractivismo, además de Gudynas, participaron el ecuatoriano Alberto Acosta (ministro de Energía y Minas de Rafael Correa, luego activista anti minero), y peruanos como Carlos Monge y el grupo de Cooperacción; y se rescató el concepto quechua de ‘sumak kawsay’ o ‘buen vivir’, que significa estar en armonía con lo que natura ofrece, no extrayendo más recursos de lo necesario.

De modo que si el JPP invita programáticamente al ‘buen vivir’ no es al libre goce de lo más a mano, sino a una diversificación productiva que reduzca la presencia de la minería en los territorios donde el medio ambiente sería agredido con su presencia. Tía María, por ejemplo, está descartado de plano del ‘buen vivir’, pues enfrenta el rechazo de buena parte de la población ligada a la actividad agraria en el valle del Tambo. Mendoza ya dijo que ‘Tía María no va’, emulando al célebre ‘Conga no va’ de Humala (luego, todo lo demás fue, incluyendo proyectos elefantiásicos como el gasoducto del sur). En la plaza de Cocachacra, en el epicentro de la zona de conflicto, firmó un acta comprometiéndose a no permitir que la mina opere en un gobierno suyo.

Raúl Jacob, el presidente de la SNMPE, que además es funcionario de Southern Perú, propietaria de Tía María; piensa, por el contrario, que están “avanzando el trabajo social” para llegar a un acuerdo con el Estado y la población. Cuándo le pregunto por la posición de su gremio ante el plan de gobierno de JPP, tiene una respuesta demasiado cauta: “Nosotros esperaremos la definición de quién será presidente del Perú para trabajar juntos de la mejor manera”.

Mina justa

No es un sueño de izquierda ni de derecha, existe literalmente. Mina Justa se llama un yacimiento de cobre en la provincia iqueña de Nazca, valorizado en la friolera de $1.600 millones, que debe entrar en ejecución el segundo semestre de este año. Llama la atención que, a diferencia de otros políticos y planes de gobierno que sí tienen presentes a Mina Justa y otros proyectos; el plan de JPP no los mencione.

Se le comenté a De Echave, que conoce muy bien el estado y el valor de cada mina en construcción, y me respondió en un tono distinto al que emplea cuando hablamos de conflictos mineros: “El plan de gobierno habla de lineamientos, por eso no se menciona cada proyecto. La minería es importante, sería ilógico pensar que no lo es. Hay proyectos que están encaminados como Quellaveco, Mina Justa, la ampliación de Toromocho, que contarán con nuestro apoyo”.

Por supuesto, el auspicio a esos proyectos tendrá un límite en las regulaciones ambientales y sociales. El propio Echave me subraya, cada que hemos conversado, que de los conflictos mineros, un 70% es de convivencia como en Las Bambas y en Espinar, mientras otros son de rechazo explícito al proyecto de la mina, como en Conga o Tía María. Ello quiere decir que, si la mina se ajusta a estándares ambientales y de licencia social, no habrá objeción.

¿Habría más costos para la minería en un gobierno de Verónika Mendoza? Su plan de gobierno no permite inferir tal cosa. El acento está puesto en los límites a los proyectos antes que en los gravámenes y en nuevas formas de reparto del canon, un asunto que no afecta a la inversión minera. Por el contrario, podría beneficiarla si así se reduce la conflictividad.

El ordenamiento territorial es más temido por los mineros que eventuales cargas impositivas, que ya son sustantivas. El sector, actualmente, según me dice Jacob, tiene una carga fiscal de 47%, por encima de otras potencias mineras como Canadá (35.5%), Chile (40.7%) y Australia (44.3%) y ha caído varios puestos en el ránking de los países competitivos en minería. Pero tenemos una geología extraordinariamente rica y ello asegura futuro para la minería.

Si oímos el discurso de Verónika con guitarra, la minería enfrentará estándares sociales y ambientales más altos allí donde la zonificación territorial permita su existencia; si imaginamos cómo se oiría con cajón en un gobierno suyo que lidie con la crisis pos pandemia, probablemente encontremos al ala del ‘buen vivir’ repudiando al ala neo extractivista.

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