Vicente Zeballos: "La ciudadanía ha hecho suyo el referéndum"

Moqueguano y ex ppkausa al igual que su amigo, el presidente Martín Vizcarra, Vicente Zeballos adopta el modo ‘ministro cauto’ –como congresista era locuaz– para respondernos lo que el Gobierno no podrá hacer sobre el referéndum y hablar de otras áreas sensibles de un Ministerio de Justicia (Minjus) cuyas funciones no están claras para la gran mayoría.

—El referéndum es una criatura del Gobierno. La ley les impide invertir recursos en él, pero sí pueden opinar, ¿no?
Tenemos limitantes: la ley de publicidad estatal no nos permite actuar y hay normas de neutralidad del JNE. Sin embargo, ya dejó de ser tema exclusivo del Ejecutivo, la ciudadanía ha hecho suyo el referéndum. Si opino, sería un grado de parcialidad.

—Hay jurisprudencia a favor de la libertad de expresión de los funcionarios.
Nos ha costado mucho esfuerzo convocar esto. No queremos arriesgar. El presidente ya dio su posición tiempo atrás. Ahora solo queremos motivar a la ciudadanía a que vote y convocarla a fortalecer instituciones.

—¿No me puede decir sí, sí, sí, no?
[Ríe] Nos ratificamos en lo que ya dijo el presidente.

—¿Lo acompañó en su cambio de opinión sobre la pregunta de la bicameralidad?
Obviamente, tenemos la costumbre de compartir, consultar y compatibilizar pareceres. Esa fue una circunstancia muy especial, hubiera sido ideal no llegar a esa determinación.

—No mencionemos el referéndum. Víctor Prado, presidente del Poder Judicial, dice que la nueva Junta Nacional de Justicia tiene muchas funciones y podría corromperse.
En primer lugar, el Minjus ya está trabajando una propuesta de ley orgánica de la JNJ. Lo que observa el PJ es la ratificación [de los jueces y fiscales] a mitad de período [antes solo era a los siete años, ahora sería cada tres años y medio]. Lo ideal hubiera sido que los jueces duren mientras duren sus servicios. Que se aboquen a una ratificación es una distracción. La diferencia sería que se sometan a un procedimiento si hay inconducta.

—La norma ya está hecha. Ha habido más preocupación en ratificar que en formar jueces. ¿Qué hacer con la Academia de la Magistratura?
Un plan es el del PJ, que la homologuemos con la Academia Diplomática. Esto sería acorde con lo que está demandando el sistema de justicia.

—¿Qué otras reformas urgentes trabaja su sector?
Encontramos un trabajo avanzado del Código Procesal Civil, el Código Constitucional, la Ley de Sociedades. El dilema es si pedimos facultades al Congreso o le damos los proyectos.

—¿Se puede trabajar con una bancada oficialista que no se siente tal y la hoy impredecible Fuerza Popular?
Sí, articulamos de manera permanente. El vocero Jorge Meléndez y Ana María Choquehuanca se comunican con el presidente.

—¿Hay una salida intermedia entre las facultades y dejar las iniciativas al Congreso?
Fue un buen gesto que Daniel Salaverry se reuniera en Palacio con el primer ministro y el ministro de Economía para que la Ley de Presupuesto saliera bien. Este nivel de articulación podría retomarse con los congresistas para una agenda país.

—Se ha planteado una suerte de comisión de consenso en el Congreso. ¿Es una buena idea?
Me parece algo irónico. ¿Acaso el consenso, que es una actitud humana, necesita una comisión? El consenso se exterioriza, pero respeto los pareceres.

—¿Hay prerrogativas para los ministros moqueguanos [Zeballos y Edmer Trujillo del MTC]?
[Sonríe] No, el trato es igual para todos. De repente, la confianza evita formalismos para un diálogo sincero, pero igual de responsable.

—El INPE es un constante dolor de cabeza. ¿Qué hacer para que resocialice?
Visitamos 30 penales para un diagnóstico. Tras dos meses de evaluación, designamos a Carlos Romero Rivera en reemplazo de Federico Yaque. Nuestra capacidad es de 39.000 y tenemos 50.000 hacinados. De los [alrededor de] 90 mil, casi un 20% trabaja en cárceles productivas. Empresas privadas llevan insumos, esto da ingresos y una especialización cuando salen libres.

—¿Es partidario de la vigilancia electrónica, de los grilletes?
Tuvimos un contrato por 33 grilletes, casi nada. Cuesta S/750 al reo y S/1.000 al Estado. Solo pusimos 18, ahora son 16, porque uno cumplió su pena y el otro reincidió y volvió a prisión. Hay dos cosas que no dejan avanzar: la discrecionalidad de los jueces que no recurren a esta alternativa y el costo. Hay una iniciativa en la Comisión de Justicia para ampliar a 2.000 grilletes. Mientras más haya, menos costo. 

—¿Y el reo se puede desplazar más allá de su casa, no?
Se le da un ámbito específico, es mucho mejor que un arresto domiciliario. La otro en lo que trabajamos es el traslado. Hemos enviado 50 reos [españoles] a España. Ahora estamos pensando en Colombia.

—¿Los 50 de España se pueden canjear por Hinostroza?
[Ríe] Hay un proceso de extradición, no se puede. 

—¿Cómo va el de Toledo?
Recién la documentación se puso el 25 de mayo en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto tiene que ir a un fiscal de California. En la gestión de Marisol Pérez Tello, se contrató a un estudio norteamericano [Foley Hoag]. Eso se paralizó, lo estamos retomando. EE.UU. no es muy recurrente para dar extradición, pero estamos hilando fino. 

—Volviendo a los grilletes, está el caso de Alberto Fujimori. ¿Observaron la ley inspirada en él?
Ya la observamos y está en manos del Parlamento. O la hacen suya o insisten. El silencio otorga, denota que el Congreso asume responsabilidades. El propio TC exige que haya una fase deliberativa y esta no se cumplió. 

—Aceptadas las observaciones, ¿se puede aplicar a Fujimori?
No me puedo poner en esa circunstancia, es un marco en el que no quiero conjeturar. 

—Extraño al congresista Zeballos, que siempre respondía.
[Ríe] Tengo que ser muy cauto. 

—Le será más fácil responder sobre el asilo solicitado por García.
El Convenio de Caracas de 1954 dice que el Estado asilante tiene que estar informado. El Perú ya ha informado y Tabaré Vázquez dice que está evaluando. 

—Si Uruguay otorgara el asilo, ¿respetarán el convenio y darán el salvoconducto?
El Convenio de Caracas dice con precisión que primero es el asilo, estamos en ese escenario. [...] Ya se evaluará en su momento. 

—Va a haber suspenso. ¿Comparte la preocupación de algunos por las prisiones preventivas?
El marco normativo habilita a un juez a darlas y el TC ha dado un fallo sustantivo. Hace poco compartí un comentario de César Azabache ponderando que 36 meses es casi un proceso judicial.  

—¿Le preocupa si un partido se etiqueta como organización criminal?
Hay un error en el concepto. En principio, un partido no puede ser calificado como organización criminal, es motor y parte importante de una democracia, pero puede ser penetrado. 

—¿Está claro que el Minjus tiene un papel rector en la agenda de derechos humanos?
Por supuesto que sí. Es el rol de mayor relevancia, hemos reactivado el plan nacional de derechos humanos aprobado en enero, pero escondido hasta julio. Y tenemos responsabilidades en cuanto a reparaciones de las víctimas de la violencia. 

—La discriminación es tremenda en un país con tantas brechas.
Hay un observatorio de casos emblemáticos. Y tenemos un programa específico para la trata de personas. 

—Ese es un delito horrendo, pero pregunto por la sutil y cotidiana disminución de derechos que sufren muchos ciudadanos.
Comparto esa preocupación, es un quehacer que articulamos con el Minedu, el Midis y el MIMP. 

—¿Qué les dice a quienes cuestionan que la educación incluya estos conceptos?
Respetamos todo tipo de manifestaciones, pero no nos priva como Estado de tener enfoques moderados y transversales, como el principio de igualdad de género.