Zeballos: “No se ha considerado plantear una cuestión de confianza”

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, explica la propuesta de reforma constitucional planteada por el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la nación del 28 de julio. Sobre la situación del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el congresista no agrupado considera que las autoridades “deben transmitir a la ciudadanía confianza y credibilidad”.

— ¿Está de acuerdo con la ratificación del fiscal Chávarry?
Como gobierno, estamos muy preocupados por la situación que afronta el fiscal de la Nación. Exhortamos a todas las autoridades a transmitir a la ciudadanía confianza y credibilidad en sus instituciones. En ese sentido, el fiscal debe someterse a la investigación que se le sigue en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que debe resolverse cuanto antes. Como Poder Ejecutivo, somos respetuosos de la autonomía de los órganos constitucionales como el Ministerio Público y de las decisiones que emitan sus órganos.

— El presidente Martín Vizcarra ha anunciado un referéndum sobre cuatro temas. ¿Qué pasa si uno de ellos, por ejemplo, no es aprobado por el Congreso? ¿Se haría una cuestión de confianza?
Bueno, en principio, tenemos una expectativa positiva de que el Congreso va a aceptar estas cuatro iniciativas de reforma constitucional. Ahora, pueden darse distintos escenarios. El primero es el rechazo, la no aprobación. El segundo es la aceptación tal cual de la propuesta. Y el tercero es la posibilidad de que la iniciativa sea corregida recogiendo algunas inquietudes que el propio Parlamento tenga a bien formular. Desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, se va a insistir en el proyecto original. Ahora, si finalmente no se aprueba o se distorsiona la propuesta inicial, insistiríamos a través de la recolección de firmas del 10% de ciudadanos (2 millones 300 mil), tal como lo habilita la Ley 26300, de participación ciudadana. Ese sería el escenario más crítico. Sin embargo, estamos expectantes a una actitud positiva. El propio presidente del Congreso [Daniel Salaverry] estaba exigiendo el miércoles que el Ejecutivo envíe con prontitud las propuestas de reforma.

— ¿Entonces, la alternativa de hacer una cuestión de confianza respecto de alguno de los proyectos que fuesen rechazados queda descartada?
En el diálogo con el señor presidente y el primer ministro en las sesiones del Consejo de Ministros, en ningún momento se ha considerado esta posibilidad. Cada circunstancia será evaluada de acuerdo a su contexto, pero, en principio, no existe o no se ha evaluado esa posibilidad.

— Porque usted sí mencionó la cuestión de confianza, incluso habló de adelanto de elecciones. ¿Usted se reafirma en esas posiciones?
Quiero ser claro al manifestar que un escenario de adelanto de elecciones no se ha considerado en ningún momento. Lo que ocurrió fue que me preguntaron sobre dicha posibilidad y yo me pronuncié en el marco de lo que contempla la Constitución, mas no como una propuesta. La Constitución establece que esta posibilidad se da después de la negativa de confianza a dos consejos de ministros.

— ¿Plantear la no reelección de los congresistas no es una manera de desafiar a los parlamentarios? ¿Cuál es la razón?
Mire, es una medida muy valiente y muy audaz. Al presidente se le reclama que atienda y escuche a la ciudadanía. Él ha recorrido gran parte del país, y en todos los lugares escucha el clamor ciudadano, del cual ha hecho eco. La alternativa sería hacer oídos sordos a la ciudadanía. Entonces, él ha tomado esta decisión y no con el ánimo de confrontar al Parlamento, sino con la actitud de saber escuchar y recoger un clamor generalizado de la ciudadanía.

— El presidente planteó que si ya existe la no reelección para los alcaldes y los gobernadores, solo faltaría la de los congresistas. Pero ya había un consenso de que la no reelección de gobernadores y alcaldes fue un error y que había que revocar esa medida. Porque finalmente reelegir a un buen alcalde es un derecho del pueblo que no se puede recortar, ¿no?
Mire, recuerdo perfectamente las circunstancias en las cuales se dio esta reforma constitucional, en el contexto del Caso Áncash, del Caso Tumbes, del Caso Cerro de Pasco, San Martín, Loreto, en los que estaban en tela de juicio diversos gobernadores regionales. La no reelección de congresistas permitirá que la política pueda oxigenarse. Creo que la alternancia es buena. Sin embargo, han surgido voces importantes indicando que no más del 20% se reelige, por un lado. Y lo segundo, que ese 20% justamente son los que no están sujetos a hechos ilícitos, ¿no? Pero esto también señala una grave responsabilidad a los partidos políticos en la mejor selección de sus candidatos. Esta medida podría propiciar un fortalecimiento de los partidos vía mejores criterios de selección, lo que implica activar mecanismos de participación en el interior de los partidos políticos.

— En ninguna democracia avanzada se prohíbe la reelección de los congresistas. Atenta contra la posibilidad de consolidar alguna vez una clase política. Porque es comenzar de cero cada vez, no avanzaríamos.
El hecho de que no sean reelegidos va a generar que los partidos políticos, al momento de elegir a sus candidatos para congresistas, escojan a sus mejores cuadros y eso priorice la consolidación de los partidos y la democracia. Dejemos al pueblo que decida finalmente...

— Si Ud. le pregunta al pueblo si quiere cerrar el Congreso, dirá que sí. Me recuerda el apoyo a la decisión de Fujimori de disolver el Parlamento. El Congreso nunca es popular. Nos hemos vuelto fujimoristas...
Pero mire, estamos reduciendo la estabilidad y el fortalecimiento del orden democrático constitucional a lo que es la reelección. Cuando es mucho más que eso. Esta circunstancia puede permitirnos la oportunidad de fortalecer los partidos políticos. Nuevas propuestas, nuevos rostros, nuevos pensamientos, nuevas actitudes, nuevas decisiones.

— Es la clásica receta del populismo: enfrentar al pueblo contra determinados enemigos, en este caso los congresistas...
El presidente ya ha dado claras muestras en estos cortos cuatro meses de ser bastante cauto y prudente. Además, esta no es una decisión cerrada. Todavía tiene que pasar por la discusión del Parlamento y oportunamente por la consulta ciudadana.

— Si quisiéramos realmente fortalecer los partidos políticos, se habría planteado para referéndum la eliminación del voto preferencial, que fomenta una guerra fratricida dentro de los partidos, sustituyéndolo por distritos electorales uninominales o binominales. Allí yo sé quién es mi congresista y, si no me representa bien, no lo reelijo...
Mire, en el 2016 el Parlamento tuvo la feliz iniciativa de formar un grupo de trabajo encabezado por la congresista Patricia Donayre. Después de un arduo trabajo de un año, propuso una reforma integral del sistema electoral. Lamentablemente, en el Parlamento no hubo voluntad política y se priorizaron temas selectivos. El hecho de que el presidente haya planteado estas iniciativas de reforma constitucional no agota el debate. Esto debe motivar a que el Parlamento reaccione, reactive los proyectos que ya tiene en cartera y definamos una propuesta de revisión integral del sistema electoral.

— Pero la propuesta de Donayre no consideró la eliminación del voto preferencial. Esto sí es algo que debería llevarse a referéndum porque los congresistas no quieren eliminarlo.
Mire, nada limita que puedan plantearse iniciativas futuras ni que el propio Parlamento pueda reactivar las propuestas que tiene internamente o plantear nuevas. Lo importante es que se está poniendo sobre la mesa de debate público una auténtica reforma judicial y política.

— Uno de los temas del referéndum es el financiamiento privado de los partidos políticos y de las campañas electorales. ¿Qué se quiere, que haya o que no haya financiamiento privado?
Definitivamente, tiene que haber financiamiento privado. Lo contrario sería que todo lo asuma el Estado, y el Estado no tiene esa disponibilidad. Aún se está perfilando la propuesta. Es transparentar de mejor manera los recursos privados...

— ¿Pero se permitiría que las empresas formales puedan aportar a las campañas electorales? Si las empresas formales no pueden aportar, solo aportarán las empresas ilegales, las mafias...
Mire, nosotros todavía estamos en pleno proceso de elaboración de la fórmula legal, y yo no puedo adelantarme porque esto todavía tiene que pasar por el Consejo de Ministros.

— Van a consultar sobre la bicameralidad. Para que la población vote favorablemente, tendría que haber una fuerte campaña de comunicación...
La llamada ‘ley mordaza’ permite la publicidad estatal en las campañas electorales. Creo que habría que programar una difusión para explicar bien las bondades y ventajas de la bicameralidad. Suscita rechazo la idea de que la bicameralidad supone más congresistas, mayor gasto. Por eso la propuesta del presidente es que no haya incremento de congresistas, los mismos 130 entre diputados y senadores.

— Han planteado la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, y que la elección sea por concurso público. ¿Quién haría ese concurso público?
Los órganos vinculados al sistema de justicia: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la defensoría, la contraloría, el Tribunal Constitucional, y contaría con un ente técnico que le haría soporte, que es Servir.

— ¿Se plantearía como parte de esta reforma la eliminación de la ratificación cada siete años de los jueces y fiscales por parte del CNM?
Mira, esto no ha sido considerado. Tendría que ser producto de leyes complementarias que tendría que darlas el Parlamento o impulsarlas desde el propio Poder Ejecutivo. Para eso hemos aprobado un proyecto de ley que crea el consejo de reforma del sistema de justicia, que propone dos estamentos: un comité de alto nivel, que lo encabeza el presidente de la República, y un comité técnico, cuyo secretario técnico sería el Ministerio de Justicia.

— Uno de los proyectos de ley anunciados crea la autoridad nacional de integridad y control en el Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Esto en lugar de la OCMA y de la Fiscalía Suprema de Control Interno?
Exactamente. Y es una autoridad también sujeta a meritocracia y cuyo período es de siete años. Y esta persona se va a encargar de estructurar las OCMA en los distritos judiciales. Se le está facultando para que pueda designar estas nuevas autoridades previo concurso.

— Estas personas no serían jueces ni fiscales...
No... podrían ser jueces, pero no necesariamente van a ser jueces. Es un proceso de meritocracia.

— Además, se dice que el Ejecutivo se comprometerá a asignar un equipo de policías especializados para el apoyo de su labor, algo clave porque hay cortes superiores tomadas por las mafias. ¿Cómo asegurar la integridad de ese cuerpo policial?
Mire, tenemos el buen trabajo que viene realizando la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS. Con ese antecedente es que se está proponiendo que haya un equipo de inteligencia que fortalezca el rol de la nueva OCMA.

— ¿Tiene una idea de cuáles son las cortes superiores más penetradas por el crimen organizado?
Mire, lo que se ha abordado por ahora son los temas de urgencia: el CNM, la creación de una fiscalía suprema anticorrupción y la exclusión de la fiscalía en los procesos contenciosos administrativos. Todavía no estamos en la etapa del diagnóstico de qué distrito judicial tiene más incidencias o no.

— ¿Han visto la necesidad de modificar el artículo 454 del nuevo Código Procesal Penal, que blinda a los fiscales y jueces de modo que no pueden ser detenidos ni acusados cuando se hacen megaoperaciones?
Pero no solamente ese artículo. Hay que revisar todo. Y en ese todo hay prioridades. No descartamos esa posibilidad. Tenemos que ordenarnos.

— Para que haya un ataque integral a la corrupción se necesita profundizar el proceso de depuración de la Policía Nacional. ¿Se va a adoptar alguna medida en ese sentido?
Lo primero que se hizo fue aprobar mediante decreto supremo las ‘comisiones de integridad’ que tienen que instituirse en cada sector. Son estas las que tienen que retirar a los malos elementos que hay en una entidad.

— El problema con la depuración de la policía es que el Poder Judicial repone a los policías cesados. En Colombia, esto lo resolvieron con una ley producto de un acuerdo político…
Es que el Poder Judicial goza de autonomía funcional. Un vocal supremo no puede ordenarle a un juez de primera instancia. Habría que recurrir a una ley que tendría que dar el Parlamento.

— El presidente Vizcarra habló de un proyecto de ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía. ¿En qué consiste?
Se ha considerado una causal agravante la participación de abogados en delitos contra la administración pública. También que las facultades de derecho tengan una mayor cobertura en formación ética de los abogados. Y que la Academia de la Magistratura tenga una mayor incidencia.

— Enrique Ghersi plantea eliminar el monopolio de los colegios de abogados, que no controlan la ética de los colegiados. En Lima, por ejemplo, podría haber varios colegios de abogados que compitan entre ellos en niveles de exigencia y que sea más prestigioso pertenecer al más exigente…
Esta propuesta no está recogida, pero toda propuesta va a ser bienvenida, revisada y si finalmente se plasma en ley, en buena hora. Obviamente, no podemos dejar de lado la opinión de los colegios profesionales.

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