Vicepresidente del Congreso: “Se revisan los acuerdos tomados por las mesas directivas anteriores” | Entrevista

La Mesa Directiva del Congreso dejó sin efecto la tarde del lunes último dos acuerdos de la gestión de Pedro Olaechea respecto al pago de gratificaciones a los integrantes del Parlamento disuelto. Guillermo Aliaga, segundo vicepresidente del Poder Legislativo, confirmó que lo que se está realizando ahora desde la Oficialía Mayor es un informe para determinar, en principio, la constitucionalidad de la medida.

Como se ha informado, fue el exlegislador Richard Arce quien informó el 12 de junio que se dio con la “sorpresa” de que le habían realizado un depósito el 28 de mayo pasado. Los acuerdos de la anterior Mesa Directiva, sin embargo, se tomaron en febrero y marzo, hace tres meses.

Aliaga anunció, además, que revisarán los acuerdos de anteriores mesas directivas. “Empezando de lo más actual hacia lo más antiguo. Se está viendo primero si es que esos dos acuerdos habrían sido constitucionales”, sentenció.

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— Todo ha pasado tres meses después de los acuerdos. ¿Por qué la Mesa Directiva no estuvo enterada del pago hasta hace unos días?

Porque la Mesa Directiva que había dispuesto estos pagos fue la del señor Olaechea. La ejecución de esos pagos recién se ha hecho producto de que hay funcionarios en este Congreso que no habían puesto en conocimiento de la Mesa Directiva dichos acuerdos ni tampoco la ejecución de los mismos. Eso nos causa una preocupación y extrañeza, motivo por el cual se inició un proceso de investigación interno, porque no se nos ha comentado nada al respecto pese a que hemos mantenido parte de personal del Congreso disuelto.

— Funcionarios de qué áreas específicamente…

De recursos humanos y el exoficial mayor [Giovanni Forno]. A mí ni a la Mesa Directiva se nos informó que estaban pendientes de ejecutarse esos pagos. La disposición se había dado en los últimos días de la Comisión Permanente del Congreso disuelto y recién se ha venido a ejecutar. Me parece extraño, porque inclusive hubo unas solicitudes de las áreas de recursos humanos hacia la legal para que presente un informe, porque hubo una suerte de preocupación por el área de caja. Y se han hecho informes legales también para poder sustentar que los pagos se comprendían dentro de un acuerdo de Mesa. Y esos informes legales tampoco han sido comunicados.

— Pero si el excongresista Arce no decía nada, no pasaba nada, no nos enterábamos…

El oficial mayor actual [Javier Ángeles Illman] sí ha iniciado un proceso de revisión de los acuerdos que han sido tomados por todas las mesas directivas anteriores a la actual, para ver qué tipos de derechos estuviesen pendientes. Empezó a partir de su designación [21 de mayo del 2020]. Y ahora se ha intensificado la revisión de todo. E inclusive quien habla se ha metido a ver personalmente esos ciento veintitantos acuerdos emitidos por la Mesa Directiva anterior, para ver qué otra cosa podría haber pendiente.

— ¿Van a auditar entonces todas las decisiones de la anterior Mesa Directiva?

Empezando de lo más actual hacia lo más antiguo. Se está viendo primero si es que esos dos acuerdos habrían sido constitucionales. Porque los dos han sido tomados cuando el Congreso ya había sido disuelto y la Mesa Directiva como tal ya no estaba sesionando. Esa solicitud se está haciendo a nivel de constitucionalistas para que nos digan si esos acuerdos fueron válidos o no. Falta el informe. Si fuese inconstitucional, los pagos tendrían que retornar inmediatamente al Congreso, porque ese derecho habría sido emanado por una Mesa Directiva que no estaba en funciones. Se tendría que solicitar, es un procedimiento regular de extorno de dinero.

— El órgano de control del Congreso también ha iniciado una acción para determinar si hubo una irregularidad.

Mucho dependerá de si los acuerdos fueron constitucionales o no. Si han sido constitucionales, esos pagos han sido legales. Porque el Congreso se maneja por una suerte de acuerdos de la mesa. El tema es si fue o no constitucional. Es lamentable que se tenga que empezar a revisar todo por este tipo de situaciones que no han sido de lo más transparentes. Una cosa es que se diga que faltó pagar un proveedor y otra que faltó un acuerdo de seiscientos mil soles que está pendiente de regularizar en firma. Nunca se dijo nada, esto ha sido una sorpresa muy poco grata.

— ¿Hay un plazo para el informe de oficial mayor?

Hablando con el oficial mayor, hemos puesto un plazo hasta esta semana. Para poder ver la constitucionalidad de dichos acuerdos.

— ¿Si es inconstitucional, pasaría a alguna comisión, presentarán ustedes una denuncia constitucional de oficio?

De ser el caso, estamos especulando, es inconstitucional, el área legal, llámese procuraduría, tomaría cartas en el asunto. Y adicionalmente se iniciaría a través de la propia procuraduría la solicitud de extorno de esos pagos.

— El acuerdo se dio en febrero y marzo 2019, a solo días del inicio del nuevo Congreso. ¿Ve alguna intención detrás?

Cuando menos es un tema para poder ser revisado. Me parece que tal vez no fue oportuno teniendo en cuenta de que ya estaban haciendo una entrega de cargo. Lo otro que causa extrañeza penosa es que no se haya puesto en conocimiento de la Mesa Directiva.

— El primer ministro Vicente Zeballos ha invitado al Congreso a una actitud más reflexiva y comprometida para aprobar normas. Y el presidente Martín Vizcarra ha llamado la atención sobre la intención de crear un organismo superior a la Sunedu, que fue dejado sin efecto. ¿Cómo toma usted estas posturas?

Hay que poner un poco las barbas en remojo. Lo que ha hecho una de las comisiones del Congreso es evaluar un documento de trabajo, un predictamen. No es un dictamen que se ha votado. Eso está en una situación de debate. Si procede o no, sería oportuno ver las posiciones y posturas políticas.

— El Congreso ya ha sido notificado por el Tribunal Constitucional sobre la demanda del Ejecutivo contra la ley sobre peajes. Van a defender la norma…

Este ya es un tema de índole judicial. La Oficina de Defensa de las Leyes y la procuraduría del Congreso están haciendo la estrategia legal para poder hacer la defensa de la constitucionalidad de la norma en cuestión. Hay que esperar. Somos respetuosos de lo que vaya a decidir el TC sea cual sea su resolución. Considero que es constitucional. Si no, no hubiese votado en ese sentido.

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