Villanueva: Corte IDH “no está reconociéndonos” como institución

El vocero titular de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), César Villanueva, se pronunció en torno al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que pide que se archive el proceso de acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional a raíz del Caso El Frontón.

“Nos han mandado a archivar y eso es inaplicable. ¿Qué vamos a archivar si el proceso aún no ha sido terminado? No hay ningún caso que se conozca sobre antecedentes de que la Corte ha sancionado cuando hay un proceso en curso. Además, la Constitución dice que primero se agotan todos los procesos internos”, señaló El Comercio.

En ese sentido, indicó que, aunque respeta la decisión de la Corte IDH, esta puede haber sido “apresurada” y basada en supuestos, lo cual sería incorrecto.

Ante esto, recalcó que el Congreso de la República no puede aceptar que “cualquier organismo nacional o internacional” interfiera en un proceso que no se ha concluido.

“[La Corte IDH] no está reconociéndonos como institución. Yo soy institucionalista. Yo respeto la posición de la Corte pero disentir no significa rebeldía. No hay desacato y tampoco del presidente del Congreso. Ha manifestado su preocupación y fastidio como presidente de una institución”, dijo.

De otro lado, César Villanueva indicó que el Parlamento está interesado en que la Corte IDH responda cómo se aplicará su fallo.

“Esto no está tan claro. Y no está claro porque hubo 5 votos a favor y 2 en contra. Hay que discutirlo con la cabeza fría porque no es una cuestión de ‘me salgo de la fiesta’. Tenemos que respetar los acuerdos pero ellos también tienen que respetarnos. Pedir explicaciones no es rebeldía ni decir ‘no acato’”, insistió.

Cabe señalar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó en diciembre el informe final elaborado por el fujimorista César Segura que plantea la inhabilitación por 10 años para Espinosa-Saldaña y la suspensión de sus colegas Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda. Ellos fueron acusados por presuntamente haber modificado con una resolución del 2017 el fondo de una sentencia sobre el Caso El Frontón del 2013.

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