Keiko Fujimori
Keiko Fujimori
Karem Barboza Quiroz

“Los elementos de convicción contra están debidamente acreditados”. Así lo aseguró el fiscal para casos de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez, del Equipo Especial del Caso Lava Jato, al fundamentar su pedido de prisión preventiva para la lideresa de (FP), investigada por los presuntos aportes ilegales de la empresa Odebrecht a su campaña electoral del 2011.

La audiencia se reanudará mañana viernes desde las 10:00 a.m., anunció aproximadamente a las 8:00 p.m. de este jueves Richard Concepción Carhuancho.

Durante la maratónica sesión que se inició ayer –y que continuó este jueves–, el fiscal expuso ante el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho que dentro de FP existe una organización criminal “de facto” dirigida por un “núcleo duro” cuya cabeza sería Keiko Fujimori.

Según el fiscal Pérez, ese núcleo también lo integraría Vicente Silva Checa, quien, de acuerdo al magistrado, actuaba como un asesor en la sombra. También estaban los asesores Pier Figari y Ana Herz; además de Adriana Tarazona, quien fungía de tesorera.

Esa organización criminal, indicó el fiscal, habría recibido de la constructora brasileña US$1 millón de forma ilegal y US$200 mil a través de un aporte legal. Sin embargo, dijo que todo ello fue introducido de manera irregular en el entonces partido Fuerza 2011.

Para ello, sostuvo, utilizaron a personas que prestaron sus nombres para hacerse pasar como aportantes legales del dinero de Odebrecht.

El fiscal Pérez detalló que los falsos aportantes provenientes de la región San Martín y de Lima han reconocido ante su despacho cómo firmaron recibos en blanco para Fuerza 2011. Remarcó que los declarantes son aspirantes a colaboradores eficaces y testigos protegidos.

Señaló que esas versiones han sido corroboradas por otros testigos. Uno de ellos es Ítalo Ulises Pachas Quiñones, quien el último martes se sometió a un proceso especial ante la fiscalía y por ello se retiró el pedido de prisión preventiva en su contra. Este reconoció que los S/13.845 aportados en marzo del 2011 no eran suyos.

Antonietta Gutiérrez-Rosati dijo a la fiscalía que, si bien en el estatuto partidario ella figuraba como tesorera de Fuerza 2011, era Adriana Tarazona quien realizaba esa labor de “manera paralela”. “Todo ello por orden de Keiko Fujimori”, sostuvo el fiscal.

—El dinero de Odebrecht—
Como otro elemento de convicción, el fiscal reseñó las declaraciones de altos ejecutivos de Odebrecht, entre ellos Jorge Barata, quienes han afirmado que entregaron los aportes.

Para vincular este dinero con la campaña electoral del 2011, Pérez se remitió a la declaración de Hugo Delgado Nachtigall, ahora ex gerente general del grupo RPP, quien declaró que en mayo del 2011 el hoy ex secretario general José Chlimper le entregó US$210 mil en efectivo para la pauta publicitaria de la campaña de su partido.

Con esto, dijo el fiscal, se demostraría cómo el dinero era transportado en efectivo.

Chlimper negó esas afirmaciones a través de sus redes sociales. Sin embargo, el grupo RPP indicó después que facturó y bancarizó toda la pauta publicitaria que Fuerza 2011 contrató para la mencionada campaña, incluso los US$210 mil que, según el medio de comunicación, Chlimper entregó en efectivo a Hugo Delgado.

—Defensa de Chávarry—
Junto a estos elementos, el fiscal señaló que otra estrategia de la presunta organización criminal era controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público.

La organización –dijo Pérez– necesitaba proteger al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. A cambio, este lo habría hostigado a él con temas familiares y restándole personal en su despacho.

Reseñó que en el chat La Botica, de Fuerza Popular, el asesor Pier Figari dio órdenes a los congresistas para defender a Chávarry.

Sobre las afirmaciones del fiscal, Keiko Fujimori dijo que su defensa desbarataría esa versión: “Hemos escuchado una serie de mentiras de parte de este fiscal. Ahora le va a tocar la palabra a la abogada Giulliana Loza para desvirtuar cada una de esas mentiras”.

En varios momentos de su exposición, Loza señaló que el fiscal Pérez no ha logrado justificar los elementos de convicción para sustentar la prisión preventiva.

“Cuántas horas llevamos y aún no sustenta sus elementos de convicción”, dijo anoche Loza, poco antes de que se suspendiera la audiencia.

“Sus elementos [para el pedido] son genéricos y la ley requiere que sean individualizados”, dijo antes.

De acuerdo con la abogada, “este es un juicio político, no es un juicio penal”.

A las 10:35 p.m., el juez Concepción suspendió la audiencia, que se reanudó hoy a las 10:30 a.m.