El presidente Martín Vizcarra dialogará sobre la propuesta de adelanto de elecciones. (Foto: GEC)
El presidente Martín Vizcarra dialogará sobre la propuesta de adelanto de elecciones. (Foto: GEC)
Erick Sablich Carpio

Analista político

A mes y medio de proponer el adelanto de elecciones, el panorama luce sombrío para el presidente .

Por el lado de los votos requeridos para aprobar la propuesta en el Congreso, la coalición opositora que eligió a la actual Mesa Directiva se ha afianzado e incluso bancadas como APP y AP, favorables al adelanto, se han distanciado de una posible cuestión de confianza que busque forzar la mano del Parlamento.

En cuanto al respaldo ciudadano, la medida sigue contando con una considerable aprobación: 70% según la última encuesta de Ipsos para El Comercio, aunque ha disminuido 5 puntos desde principios de agosto. Su rechazo creció de 19% a inicios de dicho mes hasta un 27%; cifra menor, pero no por ello carente de atractivo para una agrupación con los niveles de desaprobación del fujimorismo. A su vez, la aprobación (48%) y desaprobación (43%) a la gestión de Vizcarra han retrocedido y aumentado en 9 puntos, respectivamente, desde su dramático anuncio.

La encuesta también permite apreciar que menos de la mitad de los peruanos (46%) cree que las elecciones se adelantarán al 2020, mientras que 38% considera que se realizarán en el 2021 (el 16% no precisa su respuesta). En otras palabras, más allá de la popularidad de la propuesta, la percepción de que esta puede caer en saco roto es significativa.

Revisando las herramientas al alcance de Vizcarra, por otro lado, es moneda común escuchar sobre las virtudes de la cuestión de confianza y eventual disolución del Congreso como efectivos mecanismos de presión contra este. Sin embargo, emprender dicho camino supone que Vizcarra supere una serie de complejos obstáculos que terminen desnudándolas como amenazas más inverosímiles de lo que se cree.

En primer lugar, porque jurídicamente es debatible que el Ejecutivo pueda plantear una cuestión de confianza que conlleve reformar la Constitución y, más aún, acarree la disolución constitucional del Congreso. La controversia que sobre este asunto pudiera entablarse en el Tribunal Constitucional, además, arruinaría el apretado calendario electoral previsto por el gobierno. Desde una perspectiva política, porque el Parlamento podría otorgar la confianza y luego aprobar otra cosa, como ocurrió con la inmunidad parlamentaria. Un comportamiento sin duda cínico, pero no inimaginable en nuestros padres de la patria.

Incluso en un escenario en el que obsequiosamente el Legislativo tramitara y rechazara una cuestión de confianza, los incentivos del presidente para disolverlo no están del todo claros. Tendría que asumir el peso histórico de una decisión de tamaña envergadura y los cuestionamientos respecto de su legalidad (de no esperar un pronunciamiento del TC, por ejemplo) podrían complicarlo judicialmente y empañar su imagen a futuro.

Asimismo, la promesa del “nos vamos todos” terminaría en que solo se fue el Congreso, convirtiendo a Vizcarra en el único responsable de la marcha del país (sin enemigo que confrontar) y de unas apuradas elecciones para cubrir el mandato de los congresistas desaforados que podrían ser caóticas. Responsabilidades ambas que no parece querer llevar sobre sus hombros. Y, como cereza del pastel, los actuales parlamentarios podrían ser candidatos en el 2021.