Con votos fujimoristas avanza denuncia contra el fiscal Pablo Sánchez

La mayoría fujimorista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó ayer el informe que declara procedente la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

Tras un intenso debate y pese a que los representantes de las distintas fuerzas políticas consideraron que no existía ningún agravio constitucional del titular del Ministerio Público, y por lo tanto era improcedente una denuncia constitucional, Fuerza Popular respaldó, con nueve votos, la propuesta de Daniel Salaverry y Yeni Vilcatoma que deberá ser evaluada por la Comisión Permanente en los próximos días.

Cinco congresistas votaron en contra y hubo una abstención del aprista Javier Velásquez, quien se pronunció en ese sentido debido a que presentó una cuestión previa –que fue rechazada– que planteaba que el informe fuera devuelto y se reformulara. Él también estaba en contra de que se acumule en una sola denuncia los pedidos de Salaverry y Vilcatoma .

Tras la sesión de una hora y media, Juan Sheput señaló, en nombre de la bancada oficialista, que con esta decisión de Fuerza Popular se había producido “un golpe a la constitucionalidad”.

“Lo del fujimorismo nos parece un acto de prepotencia jurídica. Todas las otras fuerzas políticas se han opuesto a ese propósito por una sencilla razón: no hay argumento constitucional que avale alguna infracción a la Constitución”, dijo.

El oficialismo no fue la única bancada que se pronunció en contra. También lo hicieron Alianza para el Progreso y Nuevo Perú.

Marisol Espinoza, de APP, dijo que se ha producido “un avasallamiento de poderes” y que resulta “preocupante” que se aprueben denuncias sin fundamento jurídico.

La izquierdista Marisa Glave señaló que lo sucedido ha sido grave y una demostración de autoritarismo. “Hoy se ha roto el equilibrio de poderes. Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a frenar la prepotencia del fujimorismo”, declaró.

Durante el debate, Víctor Andrés García Belaunde llamó la atención sobre la celeridad con que se dio trámite a las denuncias.

“Se han saltado como 20 denuncias presentadas con anterioridad para dar prioridad a esta”, comentó el legislador de Acción Popular.
El fujimorista Héctor Becerril negó que las denuncias sean una represalia contra los fiscales. Añadió que las razones se deben a que “hasta ahora no se ha hecho nada por investigar a las empresas consorciadas con la brasileña Odebrecht”. Sostuvo que Pablo Sánchez no cumplió las funciones propias de su cargo “que se señalan en la Constitución”.

Tras conocer la decisión adoptada en el Congreso, Sánchez replicó: “Tomaré las acciones legales que corresponden” y dijo que no cometió ninguna infracción constitucional. “Me apena que se pretenda destituir a una autoridad fiscal por defender la autonomía del Ministerio Público”, subrayó.