Yehude Simon estaría tratando de ocultar pruebas e influir en coimputado, según la fiscalía

El pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra Yehude Simon tiene más imputaciones y sospechas, además de los argumentos referidos a los presuntos delitos de colusión y lavado de activos, la constitución de una presunta organización criminal, el favorecimiento a Odebrecht en el proyecto Trasvase Olmos y los aportes de la constructora brasileña a la campaña de reelección del exgobernador regional de Lambayeque en el 2006.

De acuerdo al requerimiento del fiscal José Domingo Pérez, al que accedió El Comercio, Simon y su coimputado Pablo Salazar Torres aún mantienen cercanía “con la finalidad de deslindar algún tipo de responsabilidad que genere la presente investigación”. Este último fue gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones entre el 23 de junio del 2004 y el 30 de diciembre del 2010, así como un hombre de confianza de Simon. Se trata de un ingeniero agrónomo que, además, ha reconocido que Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht, le entregó dinero para la campaña de reelección del exgobernador.

En esa línea, la fiscalía afirma que Simon “estaría tratando de ocultar elementos de prueba, así como influenciar en sus coimputados”. Asimismo, advierte que estaría tratando de “concertar con su coimputado Pablo Salazar Torres para que se comporten de manera desleal o reticente en el presente proceso”.

La fiscalía acredita su sospecha con la declaración de propio Yehude Simon, quien reconoce que a raíz del proceso ha conversado con su coimputado Salazar. También con el intercambio de mensajes de Whatsapp entre ambos, en el que Simon le dice: “No hablar te hace responsable y ese es un error”.

Salazar también ha reconocido comunicaciones con Simon, que incluyeron abordar los hechos materia de investigación. La fiscalía cree que en él también se evidencia peligro de obstaculización, esto a raíz de sus propias declaraciones y de las del exgobernador regional.

Por ejemplo, se cita parte del interrogatorio a Simon el último 13 de febrero, consultado sobre su amistad con Salazar.

Riesgo procesal

Además de peligro de obstaculización, la fiscalía también argumenta el riesgo procesal, por lo que considera que la medida de 36 meses de prisión preventiva es idónea, necesaria y proporcional.

Por un lado, la fiscalía advierte que Simon no tiene dependientes a su cargo, puesto que sus hijos son mayores de edad y no viven con él, por lo que “se infiere la no existencia de un arraigo familiar de calidad”. Además “sus direcciones domiciliarias no coinciden […] por lo que se colige que no existiría arraigo familiar concreto, lo que evidencia grandes posibilidades de que se fugue del país y evada la acción de la justicia”.

De otro lado, aunque el exgobernador regional declaró que brinda asesorías en el sector público, la fiscalía infiere que a la fecha “no cuenta con un centro de trabajo”. “Por otro lado, de su declaración de fecha 26 de febrero de 2020 ha señalado que percibe una pensión de S/4.700 aproximadamente, monto que al ser sumado con ahorros que este podría tener le permitiría subsistir sin necesidad de laborar, por lo que para este despacho fiscal el investigado Simon Munaro carece de arraigo laboral existente”, añade.

También se le atribuye a Simon una facilidad para abandonar el país debido a su capacidad económica, puesto que “sus ingresos desde el año 2003 hasta el año 2016 han sido altos, en proporcionalidad a los cargos que ha ostentado, hecho que evidencia sus constantes viajes al extranjero”. Esto implica que puede, además, eludir la acción de la justicia.

La posición de la defensa

En comunicación con El Comercio, el abogado de Simon, Edwin Espinoza, sostuvo que el fiscal tendrá que corroborar las imputaciones y no solo basarse en testimonios. En esa línea, rechazó que su defendido pretenda ocultar pruebas, pues aseguró que este siempre ha colaborado con la investigación.

“Siempre hemos sido cautos, serviles con lo que corresponde a la justicia. Nunca el señor Simon ha tratado de evadirse, hemos colaborado”, aseveró.

En cuanto a la imputación sobre el intento de influenciar en Salazar, Espinoza manifestó que su patrocinado solo ha hecho una conminación normal que no implica una amenaza. “¿Pedir que diga la verdad es influenciar? La verdad es una sola. Que diga la verdad nada más. Si le digo miente, es diferente”, apuntó.

Finalmente, comentó que fue notificado la noche del miércoles sobre nuevos anexos en torno a la investigación remitidos por la fiscalía.

Este fue uno de los argumentos expresados durante la audiencia de este jueves, en la que se iba a evaluar el pedido del fiscal. Ante un pedido de la defensa legal de Simon y Salazar, y sin oposición del fiscal Pérez, la jueza María Álvarez decidió suspender la sesión para este viernes a las 11 a.m. El exgobernador permanecerá detenido preliminarmente, las próximas horas serán claves para el futuro de su situación legal.

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