Jorge Barata y las implicancias de su declaración sobre el aporte a la campaña de Yehude Simon

Los actos de corrupción de Odebrecht y las declaraciones de su exsuperintendente en el Perú, Jorge Barata, han generado que distintos políticos peruanos de los últimos años —incluyendo expresidentes de la República— estén sometidos a investigaciones por presuntos favorecimientos a la constructora en obras públicas y recepciones de coimas. Las revelaciones y pesquisas han alcanzado incluso a partidos políticos. El caso más sonado en los últimos días involucra a Yehude Simon, exgobernador regional de Lambayeque, ex primer ministro y excongresista.

Pero ponen en el medio, además, a la organización política con la que obtuvo la reelección como gobernador regional en los comicios de noviembre del 2006, denominada entonces: el Partido Movimiento Humanista Peruano, de alcance nacional.

Simon cumple actualmente detención preliminar por 10 días. Uno de los argumentos del fiscal José Domingo Pérez para requerir la medida —aceptada el último 22 de febrero por la jueza María Álvarez Camacho— se relaciona a los presuntos aportes de Odebrecht para la campaña reeleccionista del investigado, realizados entre el 2006 y 2007 por un monto de US$300.000. Ello se desprende de la solicitud del Ministerio Público y de la resolución de la magistrada, a los que accedió El Comercio.

Barata vs. Simon

El requerimiento fiscal consigna que Jorge Barata “ha identificado a Simon Munaro como a la persona que en algún momento lo apoyó, y esta aseveración la ha mantenido en el tiempo, incluso en su declaración de fecha 31 de enero de 2020, cuando señala lo siguiente: ‘[…] Odebrecht apoyó activamente para la campaña de reelección del doctor Yehude Simons [sic] como presidente regional de Lambayeque desde abril de 2006”.

Al respecto, el 13 de febrero del 2020, Simon fue interrogado y consultado si “ha recibido de manera directa o indirecta dinero de la empresa constructora Norberto Odebrecht o de alguna de sus empresas vinculadas”. Ante ello, respondió: “[…] Yo reafirmo que nunca he pedido ni recibido un centavo de la empresa Odebrecht”.

Sin embargo, Yehude Simon reconoció al ingeniero agrónomo Pablo Salazar Torres —también bajo detención preliminar actual— como tesorero de la citada organización política desde el año 2006. “Desempeñó esta función hasta el final pero prácticamente desapareció, quiero decir que nominalmente seguía figurando en el partido pero físicamente ya no estaba”, manifestó.

Y precisó que quien se encargó de los fondos económicos para su campaña de reelección fue Salazar. Este, según la fiscalía, optó por guardar silencio.

Así, el contexto ubica al Partido Movimiento Humanista Peruano como la organización con la que Simon logró la reelección. Pero cabe precisar que dicha organización, previamente, en las elecciones presidenciales del 2006, formó parte de la alianza Concertación Descentralista con la que Susana Villarán —en prisión preventiva por los casos Odebrecht y OAS— tentó la jefatura del Estado.

Al no alcanzar la valla electoral, el partido fue cancelado en mayo del 2007 tras cumplirse un año de concluido el proceso de elección general, como estipulaba la entonces Ley de Partidos Políticos. Pero Simon logró nuevamente la inscripción de su partido en diciembre del 2009, esta vez bajo la denominación Partido Humanista Peruano, actualmente renombrado como Juntos por el Perú (JPP).

Actores clave

Simon es investigado por presuntamente liderar una organización criminal en Lambayeque, que habría operado entre el 2006 y 2007, al inicio de su segunda gestión. De acuerdo a la tesis fiscal, favoreció a la constructora Odebrecht en la concesión del trasvase Olmos —contrato firmado en el 2004— a cambio de pagos ilícitos, que provenía del Departamento de Operaciones Estructuradas de la firma brasileña, conocida como la caja 2. Por ello, se le imputan dos delitos: colusión y lavado de activos agravado en organización (actos de transparencia, conversión y ocultamiento).

En esta historia han dos actores claves. Uno de ellos ya mencionado líneas arriba: Pablo Salazar Torres, quien fue gerente del proyecto Olmos. El otro es el ya fallecido Javier Málaga Cocchella, quien fue representante de Málaga Webb & Asociados, consultora en el Proyecto Olmos, y exasesor principal de Simon cuando fue primer ministro.

Según declaró Barata, los aportes para la campaña de reelección de Simon se dieron a través de “dos personas de máxima confianza”, y que están relacionadas además al proyecto Trasvase Olmos, que si bien fue adjudicado en el 2004 implicó posteriores pagos presuntamente irregulares en años posteriores a favor de Odebrecht.

Por ejemplo, la fiscalía sostiene que, entre agosto de 2012 a diciembre de 2015, se le pagó a la firma brasileña US$120’590,474, que desagregado de acuerdo a los porcentajes de participación del Estado Peruano (41,66%) y Odebrecht (58,34%), “se determinó que US$50’237,991 corresponde a un pago indebido derivado de la sobreestimación de la tarifa del trasvase de agua”.

“Gorno” y “Terco” son los dos sobrenombres identificados por Barata como receptores de los pagos, precisando que no son unipersonales. Por tanto, la fiscalía sospecha que los pagos ilícitos se habrían realizado a través de Málaga y Salazar.

Implicancias para el partido

El abogado de Yehude Simon, Edwin Espinoza, sostuvo que quien tendría que dar cuenta de los presuntos aportes de campaña es Salazar, y que el Ministerio Público debe demostrar que el dinero ingresó a Lima, las circunstancias de mismo y comprobar que fue destinado al partido.

“Si se dio 300 mil y los que recibieron son el extinto Málaga y el señor Salazar, ¿quiere decir que ese dinero fue para el Partido Humanista Peruano? […] ¿Dónde consta que el señor Salazar ingresó el dinero al Partido Humanista, si es que el señor Barata dice la verdad. Barata tiene que demostrar que eso ingresó al Partido Humanista, no hay otra fórmula”, manifestó a El Comercio.

Recordó también que la agrupación política pudo participar en el proceso electoral regional porque aún no había sido revocada su inscripción a causa de no haber pasado la valla en las elecciones generales previas. Posteriormente, se compró un kit electoral en el 2008 y un año después se tuvo un nuevo registro ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Lo único que queda es que el señor Barata diga: yo le di a Yehude Simon, Simon se reunió conmigo y me pidió, me dijo que necesitaba y por tanto yo le acepté. Eso es objetividad, no que un tercero haya tocado la puerta. Puede ser, pero objetividad quiere decir eso”, insistió.

Mientras tanto, para el partido hoy conocido como Juntos por el Perú (JPP), la situación de Simon ha significado un duro golpe. Si bien el exgobernador regional está con licencia desde octubre pasado en sus responsabilidades como miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y militante, los efectos del suceso están por medirse. Sobre todo considerando que la agrupación está en pleno proceso de reforzamiento y relanzamiento en búsqueda de más afiliaciones, y de adecuación a las recientes normas de reforma política.

El exprocurador anticorrupción Yvan Montoya no descartó que la fiscalía decida incluir a JPP dentro de su investigación si, como persona jurídica, ha sido beneficiado de alguna manera con el presunto aporte de Odebrecht.

“El fiscal seguramente querrá tener más consistencia en el caso y una mayor evidencia de que el partido se benefició […] Las normas últimas señalan que no importa el cambio de razón social si la estructura de socios es la misma, no hay problema”, indicó a este Diario.

Consultado al respecto, Roberto Sánchez Palomino, actual presidente de JPP, indicó que la fiscalía no se ha acercado a las oficinas de la organización a requerir información. Sin embargo, aseguró que están llanos a colaborar con el equipo especial, pese a que los hechos se remontan al 2006, cuando había además otra estructura dirigencial.

“Todo lo que corresponda hacer en el plano de la justicia tiene su razón de ser y no tenemos absolutamente nada más que afrontar como corresponde, con la verdad, transparencia, tranquilidad y serenidad”, aseveró. Comentó que en el 2006 él integraba las juventudes del partido.

¿Podría aún haber consecuencias más graves para JNJ, como la cancelación de su inscripción? El experto en derecho electoral y constitucional, José Naupari, consideró que puede ser un camino complicado, pero no imposible. Sostuvo que dependerá de la posición que tome la fiscalía.

“Tendría que acreditar que se instrumentalizó al partido para un accionar delictivo. Una cosa es aportar al candidato y otra al partido”, indicó. Sin embargo, refirió que sí podría perder la inscripción en base al artículo 105 del Código Penal, referido a consecuencias accesorias para personas jurídicas que hayan servido para favorecer, facilitar o encubrir actividades delictivas.

Naupari refirió además que el cambio de nombre del partido no sería impedimento. “El hecho de que sean objeto de una regulación especial [Ley de Organizaciones Políticas] no opta a que no se apliquen las normas del Código Penal […] Los partidos políticos siguen siendo personas jurídicas”, sentenció.

Con esa posición discrepó el experto en derecho electoral José Tello, quien aseveró: “El supuesto de disolución del Código Penal es para cualquier persona jurídica, pero no para partidos, porque estos tienen una ley propia”.

En esa línea, apuntó que la Ley de Organizaciones Políticas tiene causales específicas para la cancelación de la inscripción de un partido en torno a supuestos de materia electoral y la declaración de su ilegalidad. “Los partidos tienen una ley especial. Pueden ser una persona jurídica, pero tienen una norma especial”, insistió.