1. ¿Qué mayor bienestar para los ciudadanos que dotarlos de viviendas propias, dignas, y tener ciudades ordenadas y debidamente planificadas? La respuesta es sencilla.

Sin embargo, aún obligamos a nuestros ciudadanos a caer ante la “oferta” de las mafias de traficantes de tierras que abusan de su necesidad y los llevan a vivir en la informalidad, en terrenos sin agua, desagüe ni servicio alguno, y en zonas altamente riesgosas que son arrasadas cuando ocurren los desastres naturales.

En el 2021, las regiones y municipalidades a nivel nacional dejaron de gastar cerca de 5 mil millones de soles del canon¹, cinco veces el presupuesto anual destinado a subsidios para la vivienda de interés social por el gobierno nacional. Con esos recursos no utilizados, hubiese sido posible convertir en propietarios de viviendas formales a 120 mil familias, generando urbanizaciones con todos los servicios públicos.

El déficit de vivienda de los diez departamentos que reciben la mayor cantidad de recursos del canon, sobrecanon y regalías excede el millón de viviendas². Y, en estos mismos, la falta de ejecución de dichos recursos durante el 2021 llegó hasta el 50% en algunos casos. Asimismo, obras inconclusas y paralizadas por corrupción y malos expedientes técnicos son el pan de cada día. La Contraloría General de la República informó que a febrero del 2023 existían 1.879 obras públicas paralizadas a nivel nacional por un monto de S/ 21.595 millones³.

2. El descontento social es generado y promovido por la ineficiencia de autoridades que no utilizan o utilizan mal el presupuesto generado por la riqueza de nuestro país en sus regiones. Esto es algo inconcebible en un país como el nuestro, con las carencias que tenemos.

En este contexto, nos toca presenciar que las lluvias extremas que azotan al país provocaron la lamentable muerte de 65 personas, así como innumerables y graves daños a la propiedad privada e infraestructura pública. Y, según especialistas, es probable que un nuevo fenómeno El Niño se acerque a nosotros. Se ha dicho que el Estado destinará miles de millones de soles para obras y proyectos con el fin de reducir y mitigar los daños e impactos negativos, lo cual nos recuerda a los anuncios post “El Niño Costero” de hace seis años.

A pesar de los 5 años transcurridos desde la emisión de la Ley N° 30848, ninguna autoridad destinó parte de los recursos del canon para vivienda social.


Esto es una demostración más de cómo las autoridades durante décadas no han sido capaces de ejecutar soluciones integrales para el ordenamiento y desarrollo de las ciudades, condenando a ciudadanos a residir en zonas de riesgo no mitigable que resultan ser las más afectadas ante los desastres naturales.

Debe atacarse el corazón del problema, que no es otro que el crecimiento informal y descontrolado de nuestras ciudades, que impide a las familias peruanas acceder a una vivienda formal y digna, en ciudades planificadas, con la infraestructura necesaria y la dotación de servicios adecuados.

Entre otros datos desalentadores, sabemos que solo el 7% del crecimiento de las ciudades es formal, que la producción de vivienda formal permite el acceso solo al 30% de los 140 mil nuevos hogares que cada año se crean en nuestro país, y que la ilegalidad de las mafias de traficantes de terrenos que promueven la informalidad constructiva absorbe mucho de esta cifra.

3. La solución no puede ser que mantengamos la realidad en la que vivimos, como vienen planteando algunos. No se debe seguir promoviendo el círculo donde primero llegan las mafias de traficantes de tierras, luego las familias se asientan y mucho después acceden a los servicios públicos básicos, si es que llegan. Esta forma de crecimiento de las ciudades solo seguirá acrecentando nuestros problemas y necesidades, nuestras brechas.

La alternativa es promover la densificación ordenada en suelo urbano dotado de servicios, así como la planificación y ejecución de nuevas habilitaciones formales para el desarrollo de viviendas dignas y seguras, que cuenten con el equipamiento necesario y se articulen con los núcleos urbanos consolidados. Ese es el único camino para lograr ciudades realmente sostenibles, capaces de enfrentar los retos que la naturaleza presenta.

No culpemos al modelo económico que ha permitido el crecimiento y la generación de recursos para las regiones. El tema de fondo es mejorar la gestión pública de las autoridades para que las familias que más lo requieren tengan mejor calidad de vida en mejores ciudades. Solo falta decisión, acción y eficiencia en el gasto.

Fuentes:

¹

² Gerencia Comercial del Fondo MiVivienda

³

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