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La existencia o no de presos políticos en Argentina ha sembrado polémica después de que miembros o simpatizantes del Gobierno peronista pidieran la libertad de exfuncionarios kirchneristas detenidos por corrupción durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019) y cuestionaran que el nuevo presidente, Alberto Fernández, hable solo de “detenciones arbitrarias”.
En los cuatro años de macrismo (2015-2019), multitud de altos cargos de los Ejecutivos peronistas de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa Cristina Fernández (2007-2015) -hoy vicepresidenta- fueron arrestados, llevados a prisión preventiva y en algunos casos condenados, aunque sin sentencia firme.
También la propia Fernández -que se dice víctima de una persecución impulsada por el anterior Gobierno- fue procesada en multitud de causas y ordenada su detención, que nunca se hizo efectiva por haber sido elegida senadora en 2017 y tener fueros.
El entonces mandatario siempre llamó a hacer justicia para aclarar la corrupción que en su opinión se dio durante el kirchnerismo, aunque insistiendo a la vez en la independencia del Poder Judicial, en el que aseguraba su Gobierno no influía.
LOS POLÍTICOS PRESOS
El exvicepresidente Amado Boudou (2007-2015), el exministro de Planificación Federal Julio De Vido (2003-2015), la activista indígena Milagro Sala y el dirigente social Luis D'Elía siguen detenidos, mientras que en los últimos meses, coincidiendo con el cambio de color político, ya fueron liberados otros políticos y empresarios que tuvieron una estrecha relación con los Kirchner.
Ahora, más de un mes después de que los Fernández asumieran el poder, tras ganar a Macri en las urnas, voces del nuevo oficialismo disienten sobre si hay o no “presos políticos”, al tiempo que la principal oposición lo niega.
“Milagro Sala lleva 4 años detenida, no queremos más presas y presos políticos en Argentina”, escribió este jueves en Twitter el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, uno de los referentes del peronismo kirchnerista.
La activista está arrestada desde el 16 de enero de 2016, poco después de ser elegida diputada del Mercosur por el kirchnerista Frente para la Victoria, cuando fue acusada de instigación al tumulto durante una protesta contra el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, aliado de Macri.
Ahora está en prisión domiciliaria cumpliendo condena a 13 años por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión.
“Es una locura lo que nos están haciendo, queremos juicios justos, no queremos privilegios, queremos que nos devuelvan la libertad. Nos trataron de delincuentes, narcotraficantes y corruptos a todos los presos políticos”, reclamó el jueves en una entrevista la propia Sala, que reconoció que esperaba que con el nuevo Gobierno la Justicia cambiara y se terminase la cárcel para los opositores.
Por su parte, De Vido, que hace poco más de un mes fue llevado a prisión domiciliaria tras más de dos años en preventiva por presuntos delitos de corrupción, consideró el 13 de enero que “es increíble que habiendo un Gobierno del mismo signo”, Boudou esté preso. “Están cómodos con nuestra prisión, se les nota demasiado”, apuntó.
El exvicepresidente Boudou se entregó en los juzgados en febrero del año pasado tras conocerse la decisión de un tribunal de alzada de revocar su excarcelación por una condena -que aún no está firme- a cinco años y 10 meses de cárcel por cohecho pasivo y otros delitos.
“Los tiempos procesales han sido los tiempos de las elecciones durante el macrismo y esto hizo que las pruebas no existieran y las pericias no se hicieran o se hicieran mal”, dijo en diciembre el exvicepresidente.
EL NUEVO PRESIDENTE ENCENDIÓ LA POLÉMICA
La controversia se avivó después de que trascendiera que el presidente, en una reunión el lunes pasado con organizaciones de derechos humanos, opinó que en Argentina no hay presos políticos, sino “detenidos arbitrarios”.
“No tengo ninguna duda que están mal detenidos en la mayoría de los casos”, había dicho Fernández antes de asumir el cargo.
“Un preso político es en todo el mundo un preso sin proceso (...). En Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa”, agregó.
Durante la campaña electoral, Fernández criticó el papel de la Justicia en las causas de corrupción que afectan a los Gobiernos de Kirchner y Fernández, de los que él fue jefe de Gabinete, y el abuso de las prisiones preventivas, y definió a su ahora vicepresidenta como una perseguida.
No obstante, ya como mandatario afirmó que trabajará por que se acaben los jueces y fiscales que "operan" para el poder político.
VOCES QUE DISCREPAN
Oscar Parrilli, senador, exsecretario de Inteligencia y uno de los hombres de confianza de Cristina Fernández, se mostró contrario al punto de vista del mandatario: “hay presos políticos, no tengo duda”.
“Más allá de si hubo hechos de corrupción o no, la manera en la cual están detenidos tanto Milagro Sala, Julio de Vido y Amado Boudou, no hay elementos suficientes para condenarlos y creo que si los hay, que los condenen, pero no de la manera que lo han hecho”, señaló en una entrevista radial.
A la controversia se sumó Hebe de Bonafini, que a sus 91 años sigue al frente de una de las dos organizaciones que responden al nombre de Madres de Plaza de Mayo -que reclaman justicia por sus hijos desaparecidos por el terrorismo de Estado en la última dictadura (1976-1983)- y es quien de forma más encarnizada expresó su afrenta al anterior Ejecutivo y su ferviente apoyo a los Fernández.
“Debe decidir de qué lado está; si con el Poder Judicial, mayoritariamente corrupto, o con los presos políticos”, afirmó la anciana en un comunicado dirigido al mandatario, divulgado tras enterarse de que el presidente, en la reunión del lunes -a la que ella no fue invitada- opinó que en Argentina no hay presos políticos.
LA POSTURA DE LA OPOSICIÓN
Durante el Gobierno de Macri, él y sus funcionarios defendieron las decisiones de la Justicia y aún hoy, algunos de sus exponentes, ahora opositores, insisten en su independencia en ese periodo.
“En Argentina no hay presos políticos. Hubo y hay políticos presos y otros que no están que se robaron el país”, lanzó en Twitter esta semana, en medio de la polémica, Mario Negri, el presidente del bloque del opositor Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados.
Lo cierto es que las últimas resoluciones que dieron a De Vido la prisión domiciliaria o la excarcelación a otros detenidos salieron después de que en noviembre, aún con Macri en el poder, la Comisión para la implementación del nuevo Código Procesal Penal anunciara que la Justicia comenzaría a aplicar nuevas pautas para “regular las restricciones a la libertad” durante procesos judiciales.
Ese nuevo CPP establece condiciones en las que un acusado puede ser sometido a prisión preventiva: esta se producirá en caso de que exista peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación de la causa.
Está por ver ahora el derrotero que seguirá la Justicia en los próximos 4 años, y si la complicada situación judicial de la otrora expresidenta cambiará con su vuelta a las cumbres del poder.
EFE
