El asesor de la Municipalidad de Lima y director de Pro Transporte, Gustavo Guerra García, puso paños fríos a la actual situación del Metropolitano, que continúa sin ser rentable para los operadores. Ello, más de un año después del inicio de su operación comercial. Esto ha generado que tres empresas –dos consorcios viales y la compañía que cobra los pasajes- inicien un proceso de arbitraje contra la comuna capitalina.
El funcionario explicó que los problemas del incumplimiento de contrato fueron heredados de la gestión anterior de Luis Castañeda Lossio. Lo que falta es construir los 12 kilómetros de vía entre la estación Naranjal (Independencia) y Chimpu Ocllo (Comas), completar los desvíos de unidades que compiten con el sistema lo que se debió haber realizado dos años antes del inicio de las operaciones.
Por esto, hay buses que no están operando y la demanda de pasajeros es de 350 mil cuando se estableció que debería de ser de 750 mil diarios. Sin embargo, Guerra García reconoció insuficiencias de la actual gestión.
“Quizás hay que reconocer que en la sección norte, quizás hemos debido ir más rápido. Eso sí tendríamos que reconocerlo nosotros; pero el problema ya estaba planteado antes de que llegáramos. Y en el presupuesto del 2011, que se preparó el 2010, no estaban los 100 millones de dólares para construir la sección norte”, explicó en RPP.
“SE COMETIÓ UN ERROR GRAVE” Por el momento, hay diálogo entre el Concejo, los operadores y la Corporación Financiera de Desarrollo que puso los fondos para buscar una solución al problema, la cual se tendría en 80% dentro de un mes, según Gustavo Guerra.
Lo que consideró, finalmente, es que desde un primer momento se les debió dejar en claro a los operadores que se iba a llegar a los 700 mil pasajeros en un largo plazo. “En realidad, aquí se cometió un error grave. Se forzó a comprar una flota más grande que la que se requería”, sentenció refiriéndose a las negociaciones realizadas en la anterior administración. Pero el asesor municipal mandó un mensaje a los usuarios: “A la ciudadanía hay que garantizarle la continuidad del servicio”.