Poderoso sin poder, dos veces poderoso

Enorme es la paradoja que depara el poder a quienes lo ejercen: mientras más cerca creen estar del pueblo al cual representan, más lejanos se les percibe. No es solo un asunto de personalidad o pérdida de perspectiva; hay normas y costumbres que avalan esa contradicción, que lo único que crea es desconexión y, por ende, desengaño.

Si entre un ciudadano cualquiera y un alto funcionario público hay más diferencias que similitudes, la identificación es igual a cero. Históricamente, los líderes más respetados por cualquier comunidad son aquellos que surgen del propio entorno diezmado, que padecen a diario las mismas privaciones que el resto y saben darle a la causa común una energía genuina, precisamente por estar en permanente contacto con el drama general. Nadie podría discutir la autoridad cabal de los líderes que nacen de esa forma. Muchas veces, sin embargo, basta que esos hombres y mujeres accedan a un estatus de poder para que la afinidad con sus pares, que antes parecía irrompible, acabe deteriorándose o, peor, desapareciendo.

Por eso es importante abolir los privilegios de los poderosos. El primero de todos, la inmunidad parlamentaria, prerrogativa que en los últimos cuarenta años se ha utilizado básicamente como escudo para no enfrentar la justicia como lo haría cualquier individuo, sin ventajas, influencias ni contactos.

Pero junto con eso tendríamos que exigir a los máximos funcionarios públicos algo más importante aún: ser usuarios de ese Estado al que aspiran sacar adelante. Es clave que la experiencia estatal atraviese sus necesidades básicas. Que se atiendan en hospitales de Essalud, que se movilicen usando el trasporte público y que sus hijos estudien en colegios administrados por el Estado. Es decir, que vivan un poco más fielmente la experiencia de aquellos a quienes dicen defender. Dudo de que haya una mejor campaña de sensibilización que esa. Mientras el poderoso no sufra en carne propia los dilemas de la gente común y corriente, seguirá alimentando el círculo vicioso del cinismo político que se reproduce cada vez que un funcionario o gobernante lanza proclamas en favor de un Estado más sólido, pero da solución a cuestiones personales contratando los eficientes servicios de un privado.

Por eso me parece muy atendible el reciente anuncio del ministro del Interior de retirar el resguardo a congresistas para combatir la inseguridad ciudadana. Los poderosos deberían circular con las mismas limitaciones y temores que el resto. El tipo de violencia que cunde hoy en el Perú nos iguala. Los delincuentes no discriminan entre un congresista famoso y un ciudadano equis. Ya no hay “objetivos políticos”, como en la época del terrorismo, cuando sí tenía sentido dotar de guardaespaldas a funcionarios de un Estado que pretendía ser tomado por asalto. Hoy no. Lo vemos semana tras semana en los reportajes dominicales: todos somos víctimas potenciales de bandas y mafias organizadas aquí y allá. No tiene ningún sentido seguir costeando esas comitivas de motos, camionetas y autos polarizados mientras la tasa de homicidios no deja de crecer. Si de verdad se busca hacer horizontal el vínculo entre representantes y representados, el Estado no puede proteger a unos más que a otros.

No obstante, habría sido mejor que el ministro del Interior especificara que la medida requiere de un cambio constitucional (no haberlo hecho delata su ignorancia o, en el mejor de los casos, su falta de seriedad). Y, aunque el presidente ya salió a matizar la tajante declaración original de Carlos Morán, habría sido mejor que desde el primer día el ministro anunciara también el retiro de los agentes que custodian a los miembros del Ejecutivo, o al menos una reducción importante de ese contingente. Y, desde luego, que se informara al país de las otras acciones que tomará ese ministerio para lidiar con los criminales, porque lanzadas así, sin cifras, sin metas, sin un mapa del delito, sin nada que haga pensar que hay detrás un plan consistente, las palabras de Morán suenan a eructo populista envuelto en humo.

Del próximo Congreso, y de este gobierno hasta su término el 2021, se espera eso: que usen el poder para acabar con las prebendas, y que allanen el camino hacia una igualdad que durante décadas ha sido una de las promesas más largamente traicionadas. //