Una radiografía de los parlamentarios que se oponen al adelanto de elecciones

Tras rechazar el cuarto proyecto de pedido de adelanto de elecciones, la Comisión de Constitución del Congreso parece haber enterrado la posibilidad de tener elecciones el 2023 y quizá hasta el 2024. Esto por tratarse de una reforma constitucional, la que requiere de dos votaciones en dos legislaturas consecutivas, y al menos nueve meses previos al nuevo proceso.

Una mirada a los congresistas que se manifestaron en contra revela la complejidad del debate. Hay varios subgrupos: los que quieren elecciones el 2023 pero con referéndum para una Asamblea Constituyente, los que quieren elecciones el 2024 pero con reformas electorales, los que quieren que se vayan todos incluyendo a los flamantes gobernadores regionales y, finalmente, Jorge Montoya. Él representa a los que no quieren elecciones ni el 2023, ni el 2024, ni Asamblea Constituyente, ni nada. Ya lo dijo una congresista correligionaria en privado: los parlamentarios ‘uniformados’ no saben hacer política, son muy cuadriculados. No hablan con nadie, ni siquiera almuerzan en el Congreso.

MIRA TAMBIÉN: Los secretos, retos y pasiones de cuatro parejas de cocineros que han conquistado la escena gastronómica local

Este subgrupo conservador no es menor y está representado principalmente por Renovación Popular. Ellos demuestran que, contrariamente a lo que se piensa, no solo el factor pecuniario retiene a los congresistas en sus respectivas curules. Así lo cree el analista político José Carlos Requena, quien piensa que también hay factores como la terquedad, la ceguera ideológica y hasta una mal entendida noción principista. “De la votación del viernes 3 de febrero, diría que en tres o cuatro congresistas primaron los principios y en el resto primó el tema económico y de poder”, calcula. “El tema pecuniario es secundario, va más por un falso institucionalismo”, ensaya quien estudió a la derecha liberal en su libro “Una gran ingenuidad” (Mitin, 2010). “Algunos se recuestan en las instituciones, argumentando que ‘a mí me eligieron cinco años, yo no soy el del problema sino el ejecutivo’, pero es una mirada torpe y cortoplacista que abre escenarios más complicados”, pronostica.

La negativa a renunciar pasa también por la lucha de narrativas. El ‘que se vayan todos’ diluiría la responsabilidad del gobierno de Perú Libre (Castillo y Boluarte) en esta crisis. Es decir, la responsabilidad de la izquierda. Desde cierta derecha, la postura es que el gobierno de Boluarte se ‘desangre’ lentamente intentando cortar su propia hemorragia. La metáfora pandémica nos dice que la vacuna es la versión disminuida del virus. Y esta crisis, dice la derecha, sería la dosis de refuerzo que terminaría de inmunizarnos electoralmente contra la izquierda por otros 20 años. Sin embargo, la propia izquierda ha sido hábil al evidenciar la cercanía de Dina Boluarte con parte de la derecha. Ha logrado ‘cargarle el muerto’, literal y metafóricamente. Y por eso el derramamiento le salpica a todos. Eso ahonda la sensación de crisis generalizada y de que “Castillo, más que una enfermedad era un síntoma”, dice Requena. “No quieren darle la victoria a la izquierda, pero la demanda de adelanto de elecciones es mucho más amplia y viene desde antes del golpe”, explica.

Y ello trae la pregunta de si el adelanto de elecciones realmente puede detener las propuestas. De si canalizar las demandas por la vía institucional puede realmente servir de válvula de escape. “Nada garantiza eso y también es cierto que no es tan sano gobernar con base en encuestas”, admite el analista. “El problema es que tampoco hay políticos que salgan a defender eficazmente este no adelanto de elecciones ni un gobierno que garantice el control de la crisis”. Para Requena, sin embargo, la línea del lado opuesto se traza con “el chantaje de la izquierda por forzar una Asamblea Constituyente”. A su juicio, “es tóxico porque no hay un momento constituyente”. Y ahí están los radicales del otro extremo, quienes también se mantienen en su curul por temas ideológicos, más allá de los sueldos, la liebre y la circulina.

Eso nos lleva a dos posibles escenarios. Uno es que se queden todos hasta el 2026, con la precariedad y sangría que eso implica. “Es insostenible seguir con tres o cuatro regiones paradas en el sur”, dice Requena. “El politólogo Daniel Encinas habla de un ‘caos autoritario’, pero creo que estamos más bien ante un ‘autoritarismo sin autoridad’”. El otro escenario sería el de un adelanto de elecciones, algo cada vez más lejano a juzgar por las pocas ganas de Boluarte de renunciar. Irónicamente, quizá el lado pecuniario de los congresistas sea el más manejable, tomando en cuenta la propuesta que hizo el congresista Carlos Anderson para indemnizar a los parlamentarios a cambio de su renuncia. Algo que sin duda nos saldría más barato que ahondar en las cuantiosas pérdidas provocadas por las protestas, que ya superan los S/.2150 millones.

Los memoriosos recordarán que en el adelanto de elecciones del 2000 solo Fernán Altuve votó en contra del proyecto doble de reforma constitucional que envió Fujimori tras la propalación del primer ‘vladivideo’. En aquel entonces no existía un régimen de exclusividad laboral como ahora, lo que genera obligaciones en ambas partes. Como en su momento explicó Altuve —quien por algo es autor del libro “Los conservadores” (Penguin Random House, 2022)—: “los congresistas tienen un derecho adquirido que debe ser protegido, salvo que usen su autonomía para votar de forma que separen lo político de lo laboral y se respeten los derechos de su contrato a plazo fijo”. Y quien estaba al tanto de ese proceso en aquel entonces era el oficial mayor José Cevasco. El mismo que ahora repite funciones. //