¿Cómo maneja el sistema de justicia las denuncias de menores de edad?

Las cifras no mienten. En el 2017, el Ministerio Público acumuló 25.068 denuncias por violación sexual. Según registros del MIMP, en siete de cada diez casos las víctimas son menores de edad y el 35% de menores entre 12 a 17 años ha sido víctima de violencia sexual alguna vez en su vida. Desde el 2006, estas niñas, niños y adolescentes tienen derecho a pasar por entrevista única en cámaras Gesell, un ambiente seguro donde pueden relatar el acto de abuso con un especialista en psicología que les hará preguntas adecuadas para su edad o les pedirá que describan lo sucedido utilizando, por ejemplo, peluches.  

A su vez, el fiscal, el juez, los familiares y los abogados involucrados en el caso pueden ver en vivo el testimonio a través de un vidrio ciego conectado a la cámara Gesell y remitir preguntas a través de un teléfono al especialista en psicología a cargo del testimonio. La entrevista queda grabada en video y no se repite. 

Suena bien, en teoría. Pero las cifras vuelven a atacar. En Perú existen solo 30 cámaras Gesell y 31 Salas de Entrevista Única (SEU) –una versión más económica, sin posibilidad de visualización directa– disponibles, una cantidad previsiblemente incapaz de garantizar una atención rápida y adecuada.  

“Cuando se pide a una persona que narre una y otra vez una violación, es pedirle que reviva en su psique este hecho traumático. En niñas y niños, esto agrava mucho más el trauma. Ellos no tienen las herramientas emocionales de los adultos. Por ley, las víctimas de violencia sexual solo deberían declarar una vez, pero esto no se cumple siempre, sobre todo en mujeres adultas”, alerta Mariel Távara, psicóloga feminista especializada en acompañamiento psicojurídico en casos de violación sexual.  

Para ella, garantizar el acceso de menores de edad a cámaras Gesell o Salas de Entrevista Única es una exigencia necesaria, pero insuficiente. “No solo bastan las estructuras adecuadas: necesitamos que jueces y fiscales tengan formación con enfoque de género. Al final, el valor de la prueba va a depender de la calidad del operador de justicia que vaya a usarla”, advierte la especialista. Ya quedó claro con los audios de Hinostroza. Independientemente de contar o no con una cámara Gesell o una SEU disponible, “el procedimiento y cuidado para la entrevista debería ser el mismo. Las preguntas que hacen directamente jueces y fiscales pueden ser espantosas”, reclama Távara.  

Ejemplos sobran. En 2012, Orfelinda Pasapera Calle denunció la violación de su hija por parte de su sobrino Frank Rivera. La niña, víctima de abuso sexual entre los 7 y 12 años en Piura, no accedió a cámara Gesell y tampoco se respetó la entrevista única. Su madre denuncia que su hija fue maltratada por el juez que la interrogó, quien la mandó callar con amenazas de ser retirada de la sala si, durante su relato, era incapaz de contener el llanto.  

Para Amanda Martín, especialista de protección de la oficina UNICEF en Perú, el diagnóstico es el mismo. “No son los niños los que deben estar esperando la cámara Gesell. Es responsabilidad del Estado proveer este servicio rápidamente. Pero, aunque el uso de esta cámara es muy importante, se puede sustituir con otros mecanismos de grabación. Lo que no se puede sustituir es al profesional preparado para hacer las encuestas”, alerta. 

Impunidad y abandono
En una realidad marcada por la impunidad, la carga psicológica que sobreviene al testimonio es sumamente pesada y difícil de llevar. Y para ello no hay cámara Gesell que auxilie. “Si se hace bien, un proceso de justicia repara, permite seguir adelante. Pero eso no es lo que está sucediendo. La posibilidad de que el trauma se complique más es mayor a partir de la impunidad. Es justamente por eso que las mujeres prefieren no denunciar”, lamenta Távara.

Para Martín, hay que enfocarse en la cadena completa alrededor de la violación a menores de edad. “Cuando se habla de abuso sexual, se habla de prevención, detección, protección, acceso a la justicia y recuperación de las víctimas. Además del acceso a la justicia y asegurar que los niños no vuelvan a estar expuestos a agresores, la parte de recuperación siempre queda muy débil. Las niñas y niños requieren de un apoyo consistente y permanente”, advierte la especialista de UNICEF.  

Marcha #11A, MujeresXJusticia
​A dos años de la marcha Ni Una Menos, las mujeres vuelven a las calles para exigir la reforma del sistema de justicia y el fin de la impunidad ante casos de violencia de género.

Organizan: 19 colectivos y organizaciones feministas
Cuándo: 11 de agosto, 2 p.m.
Dónde: Parque Washington. cuadra 5 de la avenida Arequipa, Cercado de Lima
Facebook: Marcha #11A MujeresXJusticia