Para los vecinos de Lince, el historial de abusos contra el Parque Ramón Castilla los obliga a vivir siempre en un estado de alerta. Ellos ya se han habituado a mapear las ordenanzas municipales que salen, las órdenes de contratación y los expedientes ejecutivos, ante los silenciosos intentos de distintas gestiones municipales de querer alterar la integridad de uno de los pocos pulmones verdes que existen en la ciudad. Hace seis años una absurda norma quiso impedir que los jóvenes usaran el Castilla para reunirse. Fue la fuerza organizada de los vecinos, que llegó hasta el mismo Tribunal Constitucional, lo que hizo que la disposición fuese derogada.
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