Crónica de un derrame anunciado

MARTHA MEIER M.Q.
Editora central

El agua supo extraña. El pescado causó males estomacales y náuseas a quienes lo comían. Los pobladores de Cuninico, Loreto, vieron llegar la enfermedad a sus hogares y centenares de peces flotando en el río; y sospecharon: un derrame de petróleo debía haber ocurrido.

Un grupo navegó río arriba hasta la quebrada de Cuninico y se topó con el inmenso manto negro cubriéndolo todo; era evidente el daño causado a la flora y fauna. Un informe de esa inspección sostiene que “con el aumento de caudal el agua contaminada va a llegar al río Marañón, ocasionando una recontaminación que puede traer mayor aumento de enfermedades en la población”. Petro-Perú niega que el crudo haya llegado o llegará al Marañón, pero ¿cómo no, si las lluvias arrastran todo hacia los ríos?

Los pobladores constataron la fuga que la estatal dice no haber notado por lo tupida y enmarañada que es la selva. Cuando la comunidad lanzó la alerta, Petro-Perú aceptó lo ocurrido.

Este no es el primero ni el único de los derrames de esa empresa y, lamentablemente, no será el último. De hecho, fueron dos derrames consecutivos, el primero ocurrió el 26 de junio y el segundo el 30.

Las versiones oficiales hablan de dos hectáreas contaminadas, pero fuentes confiables afirman que pasan de cuatro y que está en riesgo la salud de más de medio millar de personas.

Los expertos calculan que al menos 10 mil barriles de petróleo escaparon del vetusto y falto de mantenimiento oleoducto. Se trata de la mayor fuga registrada en nuestro país, pero para Petro-Perú es como si no hubiese pasado nada.

Derrames menores de empresas privadas –por sabotajes y corte de tuberías– fueron blanco de campañas impulsadas por las mismas autoridades que hoy guardan silencio o apenas murmuran.

Petro-Perú ha tratado de minimizar el desastre, pero el sol no puede taparse con un dedo. El tema ya reventó gracias al documentado informe difundido el domingo por “Panorama”, en Panamericana TV. Allí se mostraron el inadecuado manejo de la situación, el uso de menores de edad para limpiar la contaminación (a cambio de 80 soles) y la inexistencia de un proyecto de remediación ambiental, pese a lo anunciado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Una clara muestra de la complicidad de los entes ambientales y las autoridades nacionales que castigan al privado, pero permiten continuar operando a una estatal con estándares ambientales ínfimos, tecnología obsoleta y huérfana de planes de contingencia.

La fuga recién empieza a mostrar sus estragos que serán de largo plazo. Lo peor del cuento es que, siendo Petro- Perú propiedad estatal, la remediación y las campañas de desinformación para que la debacle no se convierta en escándalo internacional serán solventadas con nuestros impuestos.

AMENAZA REAL

El petróleo crudo –como el derramado por Petro-Perú en el tramo I del oleoducto norperuano– es una mezcla de variedad de hidrocarburos, es decir diversas sustancias químicas compuestas de hidrógeno y carbono. A esto hay que sumarle la presencia de sustancias tóxicas y metales pesados: cromo, níquel, azufre, benceno, tolueno y xileno, entre otros centenares de compuestos.

La exposición al crudo causa irritación a los ojos (lagrimeo, enrojecimiento, legaña negra), al aparato respiratorio (tos, dificultad respiratoria) y a la piel (hinchazón y quemaduras proclives a la infección). Algunas personas reaccionan con mareos, taquicardia, dolores de cabeza, anemia, confusión mental y alergias. Pese a esto, a los menores de edad usados por Petro-Perú (violando la ley) para descontaminar la quebrada ni siquiera se les proveyó de equipos de protección (ONG de derechos humanos, pronunciarse por favor).   

Con el paso del tiempo, muchos de los compuestos del crudo entrarán al aire, el viento los dispersará y el olor se sentirá en diferentes puntos, produciendo náusea, vómitos o dolores de cabeza a los más sensibles, especialmente niños, ancianos y mujeres embarazadas.