Colombia: “En los últimos dos años han asesinado 14 indígenas en el Cauca” | ENTREVISTA

Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre 2016 y lo lo que va de 2020, han asesinado a 840 líderes y 131 lideresas defensores de derechos humanos en Colombia. Este año, en especial durante el mes de agosto, se ha dado un incremento en el número de masacres. De hecho, Indepaz registra que solo entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2020 se han asesinado a 231 defensores de derechos humanos y 51 personas firmantes del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Una de las zonas que más ha sufrido los embates de la guerra en el país es el norte del departamento del Cauca, en el suroccidente colombiano. En este territorio de gran presencia indígena —pero de gran interés para el narcotráfico, la minería ilegal y los grupos criminales— se creó en el 2001 una organización de defensa del territorio conocido como la Guardia Indígena del Cauca, perteneciente a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Este colectivo defiende los derechos de los pueblos ancestrales, sus territorios y el medio ambiente bajo un modelo de protección colectiva pacífico.

En medio de la ola de violencia que vive Colombia, la Guardia acaba de recibir el premio Front Line Defenders para las Américas, uno de los reconocimientos internacionales más importantes que se entregan a defensores en el mundo. Andrew Anderson, director ejecutivo de Front Line Defenders, aseguró que «la Guardia representa un modelo único de protección colectiva en uno de los lugares más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos. A lo largo de los años del conflicto armado, la Guardia ofreció una defensa pacífica y sin armas de su comunidad, sus tradiciones, su cultura, su forma de vida y la Madre Naturaleza. A pesar del acuerdo de paz, siguen enfrentando ataques letales y un riesgo extremo. Este premio reconoce el extraordinario coraje de todo el colectivo de la Guardia».

Mongabay Latam habló con Eduin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca (ACIN) sobre los peligros y retos que enfrenta la Guardia Indígena en uno de los departamentos más violentos de Colombia.

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¿Cómo surgió la Guardia Indígena del Cauca y cuál es su misión?

Eduin Mauricio Capaz (E.M.C.): Es un proceso de construcción ancestral de los pueblos indígenas que trata de unificar criterios en torno al proceso de defensa territorial y de la identidad de las comunidades y sus culturas. La actual Guardia surgió en el 2001 con el fin de salvar vidas, proteger el territorio y proteger a las comunidades de un escenario bastante complicado de violencia por conflicto armado en territorios indígenas del norte del Cauca. Después la Guardia se ha ido expandiendo al resto del departamento.

Entre el 2001 y el 2004, el paramilitarismo, específicamente el bloque Calima, entró al norte del departamento y luego se dio un periodo álgido de violencia entre 2008 y 2013, en los tiempos previos a los diálogos de paz entre el gobierno de Santos y las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). La acción bélica en ese tiempo fue muy fuerte en nuestros territorios, costó la vida de muchos compañeros y muchos desplazamientos de comunidades.

Hay un tercer contexto, el más contemporáneo, que se da en el posacuerdo de paz, entre 2017 y 2020, donde en el norte del Cauca se han reconfigurado muchas violencias en torno a la reorganización de actores armados que pretenden capitalizar los vacíos territoriales que dejaron las Farc. En todo este tiempo la Guardia Indígena ha estado salvando a las comunidades, su identidad y su cultura.

¿Cuál ha sido la estrategia para resistir en medio de una situación de conflicto armado tan complicada?

E.M.C.: Ha sido una estrategia civil no armada. Implica el fortalecimiento de la identidad de las comunidades indígenas, la convicción plena de que a través de las armas no se obtiene ningún tipo de logros en torno a la búsqueda de la paz, que es un objetivo imperante para nosotros. La estrategia se basa en una férrea defensa de protección colectiva ligada a la obediencia de las autoridades indígenas y las asambleas indígenas como máxima instancia de orientación de la Guardia Indígena.

Estamos acompañados por comunidad internacional y varias organizaciones sociales y de derechos humanos. Nos hemos mantenido hasta el día de hoy, pese a los fuertes impactos que hemos vivido durante toda nuestra historia de protección.

¿Qué ha pasado en el norte del Cauca, en los últimos meses, durante el incremento de las masacres en el país, especialmente en esta región?

E.M.C.: Desafortunadamente vemos esto como un grave retroceso en torno a escenarios de paz y de derechos humanos. La reconfiguración de varias violencias en el norte del Cauca, y todo el departamento, ha sido muy fuerte y complicada. Cada vez aumenta el número de grupos armados que pretenden nuestros territorios, que fueron dejados por Farc, y cada año, desde 2017, aumenta la violencia que afecta directamente a líderes, lideresas y Guardia Indígena.

Estamos en un escenario desafortunado y la no ejecución del Acuerdo de Paz debido a una decisión de Gobierno y de Estado ha sido capitalizada por los actores armados. La población civil ha sido la más afectada.

¿Cuál ha sido la respuesta del Estado?

E.MC.: Son respuestas equivocadas en la medida que tienden a mantener las mismas respuestas que se han dado durante mucho tiempo: la militarización y la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. Esa ha sido la respuesta de la institucionalidad, sigue sin darse un reconocimiento de que las múltiples organizaciones sociales que hay en el departamento son una estrategia para salir de todos estos problemas. Además, hay una fuerte estigmatización de la labor de muchos defensores de derechos humanos.

Las respuestas del Estado han profundizado las brechas entre el mismo Estado, las instituciones que trabajan en el departamento y las organizaciones sociales. Eso sigue siendo utilizado por aquellos que pretenden quedarse con el control de todos los territorios rurales.

¿A qué atribuyen esta fuerte ola de violencia contra líderes en el país, entre ellos indígenas?

E.M.C.: El movimiento indígena es un obstáculo para todas las economías poderosas como el narcotráfico, la minería ilegal y las que buscan el control territorial. Y no solo el indígena es considerado obstáculo sino también el afrocolombiano y el campesino. Estas economías se adentran, incluso, en lo institucional y estatal. Nos quieren quitar del camino y por eso los niveles de impacto en nuestra población en los últimos años.

Si se siguen subestimando estas economías, eso nos costará mucho más a nosotros. Hacemos un llamado de alerta a la comunidad nacional e internacional para que tomemos muy en serio lo que viene sucediendo. Nos han dado un reconocimiento internacional por la defensa de los derechos humanos pero a la vez mantenemos unos altos niveles de riesgo en nuestro territorio.

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¿En este momento siguen enfrentando amenazas y hostigamientos?

E.M.C.: Los atentados y amenazas en territorio se mantienen al alza. En los últimos dos años han asesinado 14 personas, entre autoridades indígenas y Guardia Indígena. Nos preocupan también los niveles de reclutamiento de los grupos armados en territorio, también los desplazamientos individuales de nuestros pobladores y los posibles desplazamientos colectivos que se llegarían a dar si se consolida la reconfiguración de actores armados y sus disputas territoriales. Todo esto se traduce también en combates en medio de población civil, utilización de artefactos explosivos y un sin fin de efectos colaterales en nuestra población.

¿Qué es lo que más les preocupa en relación a su territorio y el medio ambiente?

E.M.C.: Nos preocupan los niveles de contaminación por la extracción legal e ilegal de oro e incluso por parte de monocultivos legales como la caña y el pino. Hay muchos procesos de violencia alrededor de estas economías. Esperamos tener la suficiente fuerza para seguir resistiendo ante todo esto.

¿El narcotráfico sigue siendo un problema para los indígenas del norte del Cauca?

E.M.C.: Por supuesto. Nuestras comunidades siguen siendo víctimas de esta economía pues están en el eslabón más bajo de la cadena mientras que los grandes ganadores viven en las grandes ciudades con unos grandes lujos. El problema no está en los territorios rurales como quieren hacerlo ver, pero lo utilizan como excusa.

Ustedes han manifestado que la consulta previa está en riesgo, ¿por qué?

E.M.C.: Hay unas pretensiones territoriales para la extracción de oro en algunos territorios, para la construcción de represas hidroeléctricas en otros y para la extracción de petróleo, no en el departamento del Cauca pero sí en Putumayo. Para todos estos proyectos la consulta previa se convirtió en un supuesto obstáculo y lo que vemos es la clara intención de saltársela, a pesar de que es una garantía de vida para nosotros.

Se organizó la minga indígena del suroccidente colombiano y decidieron viajar hasta Bogotá, ¿qué piden?

E.M.C.: Buscamos defender la vida, el territorio, la democracia y la paz. Elementos sustanciales que no solo tienen que ver con indígenas sino con toda la población nacional. Sentimos de manera directa las afectaciones en estos aspectos que le quitan la tranquilidad a nuestras comunidades.

¿Qué significa para la Guardia Indígena del Cauca el premio que les otorgó Front Line Defenders?

E.M.C.: Es un espaldarazo a nivel internacional y un reconocimiento a una labor voluntaria de cientos de años de organización indígena. Es un llamado a la continuidad por la defensa de los derechos humanos y un llamado a mantener la responsabilidad de proteger la vida y la comunidad en los territorios indígenas.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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