El proyecto de ley aprobado en comisión en el Congreso busca promover contenido cultural y educativo en el horario familiar televisivo. (Getty Images)
El proyecto de ley aprobado en comisión en el Congreso busca promover contenido cultural y educativo en el horario familiar televisivo. (Getty Images)
Juan Carlos Fangacio Arakaki

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El pasado martes 6 de octubre, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó un proyecto de ley que y promueve el derecho a la educación, cultura, participación ciudadana, promoción de valores, interculturalidad y cuidado del ambiente.

El dictamen recae en los proyectos de ley , 5541/2020 y 5704/2020, y fue aprobado por unanimidad por la comisión que preside el congresista Luis Carlos Simeón Hurtado, de Acción Popular. Lo que propone es modificar los artículos 4 y 40 de la Ley de Radio y Televisión para explicitar, entre otras cosas, que “está prohibido la transmisión de programas en el horario familiar con contenidos violentos, obscenos o de otra índole, que puedan afectar los valores inherentes a la familia, los niños y adolescentes”. Horario familiar cubre el rango entre las 6 a.m. y las 10 p.m.

Según el congresista Daniel Olivares, integrante de la comisión, la propuesta cuenta con informes favorables de los ministerios de Educación y Cultura. Pese a ello, y como era previsible, ha comenzado a generar posiciones encontradas, entre quienes promueven el derecho al acceso a la cultura, y aquellos que defienden la libertad de expresión e información por parte de los medios de comunicación.

REGULAR O NO REGULAR

Para Jenny Canales, directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, uno de los principales aspectos a considerar es la definición exacta de los que se entiende por entretenimiento. “El principal error de algunos productores o empresarios de los medios masivos de comunicación es buscar opciones fáciles por captar la atención y provocar una risa o animar un momento. Durante mucho tiempo hemos sido testigos de insultos, de burla hacia los defectos e incluso de exposición de la vida privada solo por rating, bajo la premisa de que ‘eso le gusta al público’. La idea es compartir la risa con el otro y no reírse del otro”, señala a El Comercio.

Por su parte, la educadora Rossana Mendoza Zapata, concuerda en que la necesidad de regular la programación televisiva es una demanda antigua de la sociedad civil. Sin embargo, también expresas sus dudas sobre quién decidirá qué es lo recomendable como contenido familiar, “porque en el principio y en la generalidad se permitió toda clase de programas que incluso atentaban contra la dignidad de las personas”.

“Un poder tan grande como el de la TV sí necesita ser regulado con la intervención del sector educación y cultura, quienes debieran establecer los criterios y controles de calidad en la producción y transmisión de los programas. Espero que la ley favorezca una televisión socialmente responsable”, agrega Mendoza.

CRITERIO SUBJETIVO

La abogada Viana Rodríguez, directora de la consultora Cultura 360°, hace notar que mientras la actual Ley de Radio y Televisión establece que se deben evitar contenidos violentos, obscenos o de otra índole, la propuesta de ley prohíbe la transmisión de dichos contenidos. “Se está remplazando lo que es una sugerencia por una prohibición, cuyo incumplimiento podría ser sancionado con una multa entre 30 y 50 UIT”, precisa.

En opinión de la especialista, el problema legal del dictamen es la definición de “contenidos de otra índole que pueden afectar los valores inherentes a la familia, los niños y adolescentes”. “[Es un] criterio subjetivo que dependerá de la apreciación de los miembros del Consejo Consultivo de Radio y Televisión y del Ministerio de Transporte y Comunicaciones”, afirma la especialista. Y hace una precisión a tomar en cuenta: “Para dar un ejemplo, algunos colectivos consideran que hablar de temas de género puede constituir una afectación a los valores familiares”.

“Es posible establecer criterios objetivos, como lo hacen otros países, en base a la edad del público y del uso de lenguaje grosero, diálogo sugerente, violencia y/o contenido sexual (que pueden ser verificables sin entrar en valoraciones), para generar calificaciones que se adecúen a nuestra realidad”, concluye Rodríguez.


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