La necesaria reforma judicial

Los males del sistema de justicia se pueden resumir en tres: los juicios son interminables, la corrupción es endémica y se suelta a los delincuentes. Las causas son comunes a los tres: unos códigos procesales burocráticos, redundantes e impracticables; una calidad profesional de la magistratura decreciente; redes de parentesco o de amistad antes que meritocracia; y una Corte Suprema sin poder jurisprudencial.

Enrique Ghersi hace notar cómo en el Código Procesal Civil la casación no resuelve el caso, lo anula y baja de nuevo para que se corrija; no se corrige y vuelve a subir, y así sucesivamente, en un círculo infinito. Debe eliminarse la casación, fallar sobre el fondo; el juicio debe ser oral, y el juez, resolver en una semana sin empezar otro caso hasta que haya acabado el anterior. En el Código Procesal Penal debe fusionarse la investigación preliminar con la preparatoria, con un plazo máximo de 18 meses, eliminar la etapa intermedia, eliminar el monopolio de la acción penal del Ministerio Público, y flexibilizar el nivel de pruebas para la detención preliminar. Enrique Mendoza sugiere penalizar las apelaciones insustanciales y ampliar competencias a jueces de paz letrados.

Tenemos un préstamo de US$200 millones para el expediente judicial electrónico y la oralización, que se ejecuta lentamente. Allí donde se han implantado, los tiempos se han reducido, y el espacio para la corrupción también. Debemos rescatar, además, el arbitraje eficiente como justicia alternativa.

Para mejorar el nivel de la magistratura hay dos propuestas. Una es el proyecto de Gladys Echaíz que establece que, para ser nombrado juez o fiscal, se requiere cursar dos años de estudios en la Escuela Nacional de la Magistratura ingresando por orden de mérito. Esto reemplazaría a la Junta Nacional de Justicia que, luego de cinco años de gestión, no ha impedido que el Perú caiga en el índice de justicia del World Justice Project. La otra es la de José Luis Sardón: restablecer la elección de jueces y fiscales supremos por parte de los poderes elegidos: el Ejecutivo propone nombres y el Senado ratifica o no. Una combinación de ambas propuestas podría ser lo ideal, incluso para frenar la politización subrepticia de la judicatura.

Si se aprobaran estas reformas, quedaría eliminada la ratificación de magistrados cada siete años, que afecta su independencia. Pero debería ser reemplazada por un buen sistema interno de evaluación de su productividad.

Para reducir aún más la corrupción, la Ceriajus proponía una Corte Suprema pequeña abocada a casos emblemáticos a fin de fijar jurisprudencia que los jueces deban aplicar. La predictibilidad es enemiga de la corrupción. Pero eso supone mejorar antes la calidad de las cortes superiores, para que la Suprema no tenga que revisar muchas sentencias mal hechas o venales.

Mientras tanto, sería muy eficaz, como propone Felipe Leno, que desde la sociedad civil se organice un observatorio de las sentencias para que, con inteligencia artificial, se puedan detectar aquellas que se apartan de la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, lo que sería un indicador de corrupción.