Obras de Majes Siguas II iniciarán en abril: ¿Se cumplirán los plazos de entrega tras el destrabe del proyecto?

Las obras debían iniciar en diciembre, pero la empresa planteó mover la fecha a abril, aduciendo que la temporada de lluvias se da a fin de año, y eso dificultaría la realización del proyecto. También indicó que todavía no se habría entregado la totalidad de los terrenos para la construcción de esta etapa.

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El pedido es blanco de críticas por ambas entidades. La Autodema explicó que tiene plazo para entregar las tierras hasta enero del 2023 y que se encuentran en la etapa final de expropiación y saneamiento de las mismas. En tanto, funcionarios del GRA cuestionaron el argumento de Cobra y señalaron que la empresa tiene amplia experiencia con las condiciones climatológicas arequipeñas, por lo que no debería faltar a lo acordado en el contrato de concesión. Harberth Zúñiga, consejero regional, advierte que de darse atrasos en los plazos para la entrega de las obras según el contrato de concesión, podrían llevar el caso a arbitraje.

“No estamos para tolerar caprichos, así como nos exigen el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, en mi opinión las obras físicas deben iniciar en diciembre o enero. No hay tiempo que perder y eso Cobra lo tiene que entender”, remarca Zúñiga en diálogo con Día 1.

A pesar de la advertencia, el concesionario no retrocedió en el pedido y programó el inicio de las obras en abril. Para Arturo Arroyo, gerente ejecutivo de la Autodema, Cobra puede aplazar el reinicio, pero como concesionario tendría que aceptar que no recibirá el sexto desembolso que financia esa etapa hasta que desarrolle los trabajos.

“Nosotros como Autodema no vamos a pagar ese desembolso correspondiente a octubre, noviembre y diciembre. Este asciende a S/7,5 millones que no vamos a poder pagar porque el concesionario no trabajará la obra en ese tiempo”, explica.

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Según el contrato de concesión, el concedente debe entregarle trimestralmente al concesionario un desembolso para el financiamiento del proyecto. La cifra a pagar varía dependiendo del trimestre. Son 20 desembolsos en total.

Según Arroyo, para solucionar la controversia, el concesionario indicó que a partir de abril doblaría el trabajo realizado para cumplir con los plazos establecidos en el contrato -la infraestructura debe entregarse en 2026-. Así, el pago de los S/7,5 millones se daría en el segundo trimestre del próximo año.

“En el plan general se dice que la obra va a terminar en cuatro años y según el cronograma de Cobra sí se va a cumplir, pero con un retraso en las obras iniciales”, agrega.

En paralelo a los pasos finales antes del destrabe, el concesionario deberá culminar el expediente técnico de las obras de la segunda etapa del proyecto hasta diciembre. En tanto, el GRA debe de tomar posesión de cuatro terrenos en Pusa Pusa e inscribir en registros públicos otros 15 predios en Tarucamarca para poder hacer efectiva la entrega del control del proyecto. El concedente tiene plazo hasta el 12 de enero con posibilidad de ampliar por otros tres meses para culminar las gestiones.

Dia1 buscó la versión de Cobra, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Lecciones

Según especialistas consultados, la controversia no debería de impedir el destrabe del proyecto ni se podría dar la figura del arbitraje, salvo haya demoras para la entrega final de las obras.

“Lo importante en estos casos es cumplir con los plazos de ejecución totales. Este destrabe se consiguió luego de casi cinco años en los que la Autodema y el concesionario insistieron en el destrabe, y fue por el Gobierno, a través del GRA y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el que no tomó la decisión. Lo importante es cumplir”, asegura Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors.

“Esta es una controversia sobre si tenías o no la razón al momento de demorarte en reiniciar las obras. A veces no tiene mucho sentido iniciar la obra para que se detenga semanas después por la temporada de lluvia. No creo que haya una terminación del contrato o que haya un riesgo en la continuidad. Sí habría una demora de unos meses en el reinicio frente a lo planteado”, añade Ronald Fernández Dávila, socio de Infraestructura y Proyectos en el estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.

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Para Camilo Carrillo, director ejecutivo de Infraestructura en EY, que el destrabe del proyecto esté encaminado a pesar de las discrepancias entre ambas partes es una muestra de que la mejor solución para reactivar proyectos paralizados es el diálogo. Esto aleja la realidad de Majes Siguas II de la de Chavimohic III, por ejemplo.

“La primera lección es que la negociación es una mejor solución antes que ir a juicio. Hoy estamos hablando de cuándo comienza la construcción en Majes Siguas II. En contraste, en Chavimochic III no sabemos qué va a pasar”, compara.

Como se recuerda, el contrato de concesión de Chavimochic III fue resuelto luego de que un tribunal internacional determinara que el concedente y el concesionario incumplieron con los acuerdos suscritos. Esto impidió que se pudiera negociar una adenda que permitiera el reinicio de las obras, por lo que deberá volver a ser licitado. El proyecto, que ampliará la frontera agrícola de La Libertad, está paralizado desde diciembre del 2016.

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Majes Siguas II era un caso similar. Estaba detenido desde el 2017 y tuvo el riesgo de la resolución unilateral del contrato por pedido de Cobra. Las negociaciones entre el Gobierno y el concesionario permitieron solucionar el impasse y suscribir la adenda que destrabará el proyecto.

“Esto demuestra que cuando hay una voluntad política entre las partes se toman decisiones adecuadas. Tardará tres o cuatro meses más, pero se iniciará una obra de gran envergadura en Arequipa, mientras que en el caso de Chavimochic hubo una falta de visión que hará que el proyecto siga paralizado al menos por un par de años. Mientras Chavimochic esté licitándose, Majes Siguas va a ser una realidad”, sentencia Fernández Dávila.

Supervisión

Por otro lado, Autodema llevará a arbitraje el saldo de US$382.000 que debe pagarle al Supervisor Especializado Majes por dos adendas al contrato de supervisión del proyecto. Este es el único monto restante de los más de US$2,4 millones que la entidad acordó pagarle a la empresa en 2018.

“Hay un pedido de suspensión de la adenda 1 que hemos puesto en arbitraje y a los árbitros les corresponderá decidir si le debemos pagar al supervisor o no. Esto asciende a US$382.000″, afirma Arturo Arroyo, gerente ejecutivo de la Autodema.

La Contraloría General de la República identificó la semana pasada que Autodema aprobó pagos adicionales por los servicios de supervisión en las primeras dos adendas del contrato. Según el ente de control, este concepto ya se encontraba contemplado en el acuerdo original, por lo que se generó un perjuicio de US$2,1 millones.

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Asimismo, Arroyo explica que también solicitará a los árbitros que concluyan que el perjuicio que ya se pagó pueda ser considerado como parte del monto entregado del nuevo contrato de supervisión, que se firmará luego de que se resuelva la controversia arbitral. El documento incluirá los detalles a supervisar tras el cambio tecnológico del sistema de riego del proyecto.

“El pedido no es para que el supervisor devuelva algo, sino que hubo pagos de adendas, y según Contraloría, estos se dieron por adelantos, por actividades que faltan ejecutar. Queremos que se reconozca como un pago para el trabajo que en el futuro se va a hacer”, detalla.

Para Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, la postura de Autodema es razonable. Agrega que el tiempo de espera de la decisión arbitral no debería causar retrasos en la ejecución del proyecto. “Si no se llega a tener un supervisor al momento de reiniciar las obras es competencia del Estado y no del concesionario”, dijo.