María Isabel León. (Foto: GEC)
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Redacción EC

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La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas () estimó este martes que el podría empezar a adquirir vacunas a partir del tercer trimestre, luego de que el Gobierno termine de concretar sus contratos con los laboratorios. A su vez, recalcó que de momento el sector privado no traerá vacunas, debido a que Presidente Sagasti ha anunciado la llegada de 48 millones de dosis a lo largo del año.

Esperamos que hacia el mes de julio o agosto, tercer trimestre del año, se pueda abrir ya esta posibilidad [de adquirir las vacunas contra el COVID-19], cuando se cierren estas negociaciones [del Gobierno] que están en la fase final”, dijo , presidenta de Confiep, en declaraciones a la prensa tras sostener una reunión con autoridades del Poder Ejecutivo en el Palacio de Gobierno.

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León reveló también que ya ha habido un acercamiento con el laboratorio ruso a cargo de la vacuna Sputnik V a fin de realizar las negociaciones respectivas.

En general la mayor parte de laboratorios a nivel mundial está negociando con los gobiernos porque la demanda es muy grande, pero tenemos el acercamiento con un laboratorio ruso”, señaló.

Según la presidenta de Confiep, son más de 560 empresas que han mostrado interés en comprar vacunas y existen inscritas un total de 2,2 millones de personas (entre trabajadores y familiares).

La líder gremial aseguró que la pretensión de comprar vacunas “no se trata de una rebelión” por parte de las empresas y que sí cuentan con el marco legal necesario para poder realizarlo.

Sí se permite, y esto lo ha anunciado el embajador ruso en nuestro país, las negociaciones no solamente con el Gobierno sino también con los gobiernos locales, regionales o el sector privado. Aquí existe una ventana de posibilidad que podríamos también explorar en la medida que esa vacuna cuente con la certificación de Digemid”, apuntó.

La presidenta de Confiep refirió que el procedimiento de inmunización por parte de las empresas se tendría que realizar en base a un padrón elaborado por el Estado y el sector privado, a fin de que tome en cuenta los grupos prioritarios y se dé preferencia a los adultos mayores en una primera etapa.

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