Graña y Montero. De acuerdo a Kallpa, en el 2018 la finalización del plan de venta de activos no estratégicos por US$300 mil millones le daría mayor liquidez a la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras dada la salida del Gasoducto Sur Peruano. Como riesgo, identifican la demora de salida del proyecto GSP, lo que implicaría un retraso en el pago por concepto de cancelación del proyecto, y la aprobación del Decreto de Urgencia 003-2017, que incluye a las empresas que hicieron consorcio con Odebrecht.
Graña y Montero. De acuerdo a Kallpa, en el 2018 la finalización del plan de venta de activos no estratégicos por US$300 mil millones le daría mayor liquidez a la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras dada la salida del Gasoducto Sur Peruano. Como riesgo, identifican la demora de salida del proyecto GSP, lo que implicaría un retraso en el pago por concepto de cancelación del proyecto, y la aprobación del Decreto de Urgencia 003-2017, que incluye a las empresas que hicieron consorcio con Odebrecht.
Redacción EC
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Al mediodía y tras abrirse a ser negociada, la acción de registraba una caída de 13,91% en la . Así, su cotización caía S/0,31 y se situaba en S/1,98. 

Casi dos horas después, la acción moderaba su baja cotizando a S/2,08; cayendo S/0,22 o 9,57%.

La acción se mantuvo suspendida de negociación desde las 8:20 a.m. hasta las 10:00 a.m., para posteriormente entrar a la fase de proceso de formación de precios por un total de dos horas. 

Esta medida tomada, la BVL buscaba evitar una excesiva volatilidad en la fijación de precios de la acción local de la empresa (GRAMONC1). Ello, tras conocerse que la Bolsa de Nueva York (NYSE por sus siglas en inglés) congeló la acción de la constructora e inició el proceso para su deslistado. 

La razón detrás del desliste responde a que Graña y Montero no logró presentar sus estados financieros auditados del 2017 en el plazo establecido (antes del 15 de mayo). La constructora en esa fecha recién entregó los estados financieros correspondientes al año 2016, tras dos postergaciones por retrasos en la auditoría.

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