Condiciones para restablecer la confianza, por Alonso Segura

Al agravamiento de los desastres naturales, que demanda la solidaridad y colaboración de todos, esta semana se sumó una polémica sobre la conveniencia de continuar con los Juegos Panamericanos y el anuncio de un programa de reactivación económica.Follow @EconomiaECpe

Varias interrogantes surgen de la confluencia de estos factores. ¿Tenemos la espalda fiscal para enfrentar todo esto? Suponiendo que así sea, ¿cómo podemos optimizar el impacto de las medidas propuestas?

El Gobierno anunció un programa de estímulo que, conceptualmente, es correcto a la luz del enfriamiento de expectativas, del crecimiento y del empleo, y de que la inversión privada no está reaccionando. Pero debe ser transparente con el efecto fiscal de las medidas. Hay razones para pensar que el déficit aumentará.

De acuerdo con cifras oficiales, los ingresos del Gobierno deberían subir en casi S/15 mil millones con respecto al 2016 para mantener el déficit al que se comprometió el MEF al modificar la regla fiscal. Además, se han anunciado gastos nuevos por S/4.400 millones. Se afirma que la reforma tributaria cubriría estos últimos. Pero aún si fuera así, ¿cómo se cubre el resto? Recordemos que la Sunat ha señalado que mayores devoluciones tributarias disminuirían los ingresos en S/3 mil millones, que la recaudación viene cayendo los dos primeros meses del año y que la situación podría empeorar debido a los desastres naturales.

En cuanto a los Juegos Panamericanos, la coyuntura demanda una evaluación profunda de los recursos que demandan y de los riesgos y sobrecostos para llegar a tiempo, frente a las implicancias de una sanción a nuestros deportistas. De otro lado, los gastos que generen la respuesta, rehabilitación y reconstrucción por los desastres naturales, hoy inciertos, van a constituir, en su mayoría, gastos adicionales. Y habrá otros requerimientos de infraestructura para mitigar vulnerabilidades futuras.

Lo señalado no tiene por objetivo emitir un juicio de valor sobre si conviene un mayor déficit, sino resaltar aparentes inconsistencias fiscales que pueden generar confusión e incertidumbre. El Gobierno haría bien en presentar sus nuevas cifras, proyecciones y escenarios. Se busca apuntalar la confianza y ello requiere claridad meridiana de la situación.

En cuanto a las medidas de reactivación, suponiendo que encajan en el espacio fiscal, el reto principal será de priorización y ejecución. Maximizar el impulso de gasto público requiere minimizar tiempos de respuesta. Ello pasa por impulsar mantenimiento y acelerar proyectos en ejecución. Nuevos proyectos demoran. También por privilegiar sectores de alta ejecución. Y la rehabilitación de la infraestructura dañada no solo es prioritaria, sino también de rápida ejecución.

Es apropiado escalar programas de vivienda. Un componente clave debe ser construir viviendas para reubicar poblaciones en zonas vulnerables a inundaciones y huaicos. Ya hay un ejemplo: Belén, en Loreto.

El nuevo régimen de empleo juvenil se puede ajustar sobre la marcha. Lo urgente es que empiece. Con el régimen derogado el 2014, este año se estarían graduando, tras tres años de trabajo formal, miles de jóvenes. Se alertó que la incidencia mayoritaria del desempleo recaería en ellos. Lamentablemente así ha sido. Se necesita mejorar su empleabilidad.

El reenganche de la confianza depende de varias precondiciones. Una de ellas es claridad de cifras. Otra es un Gobierno que muestre capacidad de gestión y ejecución.

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