Para aquellos cuyas empresas o empleos ya no sean viables deberán apoyarse en esfuerzos de reconversión laboral para evitar que caigan en la trampa de la informalidad, condenados a bajos ingresos y cero protección. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ GEC)
Para aquellos cuyas empresas o empleos ya no sean viables deberán apoyarse en esfuerzos de reconversión laboral para evitar que caigan en la trampa de la informalidad, condenados a bajos ingresos y cero protección. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ GEC)
Germán Lora
Germán Lora

Hace unos días, conversando con unos amigos de la universidad, revisábamos las propuestas en materia laboral de los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta y nos preguntábamos ¿qué es lo peor que podría pasar? Considero que tal y como se encuentran las , no debería pasar nada mucho más de lo que actualmente tenemos; por lo menos eso espero.

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Para nadie es un secreto que, actualmente, las relaciones laborales se encuentran cargadas de obligaciones para las entidades empleadoras, además de los costos laborales directos o indirectos. La reposición laboral es parte de nuestra vida diaria, mientras que los procedimientos de suspensión perfecta de labores y los ceses colectivos con causa justa legal no funcionan en el Perú, pues prima lo político frente a lo técnico. Como si fuese poco, desde el Poder Judicial se siguen generando indemnizaciones arbitrarias y en la Sunafil predomina el carácter sancionador en vez del preventivo u orientativo.

A pesar de este oscuro panorama, y cambiando radicalmente el rumbo de los últimos años, consideramos que la propuesta de los candidatos debería pasar por responder a la pregunta de cómo recuperar (generar) puestos de trabajo formales para los peruanos. Sin lugar a duda, el empleo ha sido uno de los aspectos de la vida diaria más golpeados por la pandemia, dejando sin trabajo a cientos de miles de peruanos.

Haciendo una revisión de los planes de gobierno, podemos rescatar en primera instancia que el plan de Perú Libre tiene como estrategia, por ejemplo, la abolición de la tercerización laboral y services, de los contratos a plazo fijo y el trabajo por horas, así como del despido de embarazadas y madres con niños menores de un año. Queda claro que esta política de eliminación y prohibición está muy alejada de cumplir con el objetivo de generar empleo.

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Por otro lado, el plan de Fuerza Popular plantea, entre otras cosas, desarrollar un programa de apoyo especial a la MYPE del sector turismo, restaurantes y afines por los próximos tres años, con reducción de impuestos, préstamos, capacitaciones y mejoras en infraestructura. Sin embargo, nada nos asegura que el fomento económico de la MYPE signifique necesariamente que las relaciones laborales sean formales. Necesitamos revisar al detalle las normas laborales.

Desde nuestro punto de vista, lo que se debe buscar es que las entidades empleadoras consideren “atractiva” la contratación de los trabajadores en sus planillas, para lo cual es necesario realizar una revisión integral de las normas de contratación, de las normas que regulan las relaciones laborales durante su desarrollo y de las medidas de desvinculación de los trabajadores para encaminarlas en ese propósito. Debemos transitar de la actual política de sanción a una política de incentivo. Cargar con más obligaciones a la parte empleadora significará perder más puestos de trabajo y nadie quiere eso.

Por otro lado, también consideramos necesario un cambio de enfoque de la Autoridad Administrativa de Trabajo y del Poder Judicial. Con ello nos referimos a que estas autoridades deben tener un mayor equilibrio en sus actuaciones, sobre la base de la legislación laboral peruana.

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