Rafael Lengua Peña

Desde que el presidente Castillo asumió el poder, el desconocimiento del estado de derecho cuando han surgido bloqueos, paralizaciones o afectaciones a las empresas mineras ha escalado a niveles sin precedentes.

En meses recientes hemos visto como han invadido minas y campamentos, cortado el suministro de agua a familias, quemado instalaciones y vehículos, destruido y robado bienes, lesionado y hasta intentado violar a personas inocentes, sólo por ser de propiedad o estar relacionadas a empresas mineras formales. En ninguno de estos casos el gobierno, la policía, la Fiscalía o el Poder Judicial han tomado acciones efectivas para a hacer valer el estado de derecho. Pareciera que, para las empresas mineras formales, no hay estado de derecho cuando terceros afectan sus actividades u operaciones, cuando se lesionan sus derechos, se invaden sus minas y campamentos o se afecta y daña a sus trabajadores. El estado de derecho para ellas solo aplica en aquello que supone la obtención de cientos de autorizaciones administrativas para operar, el cumplimiento de miles de obligaciones legales reguladas en cientos de normas diferentes, la atribución de responsabilidades por infracciones administrativas, el pago de impuestos, etc.

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Esta situación resulta sumamente injusta y preocupante y debe ser corregida de manera prioritaria. El estado de derecho es uno para todas las personas e instituciones, públicas y privadas. Las leyes se aplican a todos y deben hacerse cumplir por igual. Tener un reclamo, sea legítimo o no, no justifica lesionar derechos de terceros, no justifica invadir y destruir propiedades, menos aún lesionar e intentar violar personas. Tener un reclamo no es una razón para ser excluido y exonerado del estado de derecho. Tener necesidades o carencias tampoco, por más que nos parezca injusta esta situación. Si relativizamos el estado de derecho en función a las personas a las que se les aplica, sus necesidades o intereses y discriminamos en base a esos factores, estaremos destruyendo el estado de derecho para todos.

El dialogo tampoco es excusa para desconocer el estado de derecho. El dialogo es fundamental para resolver conflictos y debe ser siempre privilegiado y priorizado sobre otros mecanismos, pero recordemos que el diálogo es efectivo sólo si se desarrolla dentro de un estado de derecho, en el marco de reglas predecibles que puedan garantizar acuerdos sostenibles y fiscalizables y que generen confianza entre empresa, población y Estado.

Sin un estado de derecho para todos que el Estado haga respetar por igual, primará el caos y la anarquía, no habrán reglas que regulen las relaciones entre las personas ni derechos que nos protejan ante los abusos por parte del Estado y los ciudadanos. Se impondrá la tiranía de los más violentos, la ley de la selva.

Rafael Lengua Peña Socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría

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