"Por el lado fiscal, la crisis de corrupción ha afectado la capacidad productiva del sector construcción y acentuado –justificadamente– el miedo a firmar por parte de funcionarios", menciona Saavedra. (Foto: Archivo)
"Por el lado fiscal, la crisis de corrupción ha afectado la capacidad productiva del sector construcción y acentuado –justificadamente– el miedo a firmar por parte de funcionarios", menciona Saavedra. (Foto: Archivo)
José Carlos  Saavedra

Uno de los principales beneficios de que el Perú tenga una macroeconomía ordenada es el margen de maniobra que el Gobierno tiene para reaccionar ante la desaceleración de la economía. Por ejemplo, como el tipo de cambio es estable, el Banco Central de Reserva tiene margen para bajar la tasa de interés e incentivar la inversión privada.

De igual modo, tener ahorros y bajos costos de financiamiento dan espacio al Ministerio de Economía y Finanzas para incrementar temporalmente el gasto público por encima de lo recaudado.

Sin embargo, a pesar de tener margen de maniobra, el impacto de los diversos planes de reactivación del Gobierno en los últimos años ha sido limitado.

Por el lado fiscal, la crisis de corrupción ha afectado la capacidad productiva del sector construcción y acentuado –justificadamente– el miedo a firmar por parte de funcionarios.

Pero también hay otros problemas internos que atoran la “tubería” del Estado: la baja calidad de los expedientes técnicos para la ejecución de las obras y la discrecionalidad durante los procesos de licitación por parte de las unidades ejecutoras.

Esto hace que entre la formulación y el inicio de construcción de un proyecto grande de inversión pasen más de dos años. Por ello, no sorprende que, desde que se inició el período de desaceleración económica en el 2014, el impulso de la política fiscal sobre el crecimiento haya sido prácticamente nulo.

Por el lado monetario, actualmente el costo de financiamiento de las empresas a plazos largos es muy bajo y favorable para impulsar la inversión. Sin embargo, entre el 2014 y el 2019, el crecimiento promedio de la inversión privada no minera también ha sido prácticamente nulo.

Esto tiene que ver con la incertidumbre política, pero también con otro “enemigo” de las políticas de reactivación: las barreras burocráticas municipales, que pueden hacer que construir un ‘mall’ demore hasta 10 años.

Ello porque, a pesar de que el Gobierno Central establece criterios para estandarizar procesos de licencias, permisos e inspecciones, la mayoría de las municipalidades actúa por su cuenta, generando procesos engorrosos y arbitrarios.

En ambos casos, lo que impulsa una parte del Estado, lo demora otra parte del mismo; y el impacto de las políticas reactivadoras se diluye no solo por el tiempo, sino también porque desmotiva la participación del sector privado.

Las soluciones son complejas. Por un lado, es clave fortalecer los incentivos para que los municipios estandaricen sus procedimientos administrativos, pero también el rol y el presupuesto del Indecopi para que luche con más fuerza contra las trabas ilegales o irracionales.

Por otro, el empaquetamiento de proyectos de inversión pública, con esquemas modernos de contratación, ha mostrado con los Juegos Panamericanos ser una manera efectiva de ejecutar bien y rápido.

La economía peruana es sólida y el Gobierno tiene espacio para reactivarla, pero si no enfrenta a los enemigos dentro del mismo Estado, será difícil que ese espacio sirva para crear más empleo y bienestar.