Alejandro Falla

El Congreso también amenaza a las instituciones. Imagínese esta convocatoria. “Se busca interesados en asumir puesto de responsabilidad en importante entidad del Estado. Experiencia previa requerida. Condición: no haber tenido vínculo laboral o de asesoría con empresas sujetas al control de la entidad durante los tres años previos a la convocatoria.”

Como la entidad tiene funciones transversales (como INDECOPI), la limitación alcanza a cualquier empresa o entidad pública del país. Basta con que haya estado expuesta a la posibilidad de una supervisión de la entidad. Afecta no sólo a quienes hayan ocupado un cargo de dirección, sino a cualquiera que hubiere tenido algún tipo de relación laboral o asesoría con dichas empresas, incluso si fue como practicante.

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Nadie que tenga algo de experiencia (adquirida precisamente en el trabajo previo con empresas o entidades) y se haya mantenido activo, estará en capacidad de postular. Ni siquiera podrá postular un docente universitario ya que también están sujetas a la supervisión de la entidad. Sólo podrán postular quienes han estado fuera del país y quieran retornar -cada vez más escasos-, quienes han estado “en para”, o quienes ya vienen trabajando en la misma entidad. También podrán postular -que casualidad- quienes hayan trabajado en el Congreso o participado en procesos de elección popular.

Esta condición reduce el número de candidatos potenciales. Pero existe una segunda condición que lo reduce aún más. Al dejar el cargo y por los tres años siguientes no podrá trabajar en ninguna empresa o entidad supervisada por la entidad. Ni siquiera podrá trabajar lavando platos en un restaurante, ya que también son supervisadas por la entidad. ¡Tendrá que vivir de sus ahorros!

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No es difícil imaginar el resultado. Los mejores no se van a presentar. No habrá mucho de donde escoger. Esto no será bueno para la gestión de la entidad. Esto es lo que se pretende aprobar en el Congreso para “eliminar” los conflictos de interés en INDECOPI y organismos reguladores (PL 572-2021-CR). La elección de sus Consejos Directivos, Tribunales y Comisiones quedará sujeta a estas reglas y en manos de una comisión controlada por representantes de universidades y Colegios Profesionales (también bajo la supervisión de INDECOPI).

Poniendo como excusa algunos hechos anecdóticos y aislados se pretende establecer reglas que debilitan instituciones que han logrado atraer a la gestión pública talento y prestigio del sector privado. Con el cuento de las “puertas giratorias” se están creando instituciones endogámicas y fáciles de controlar por el Gobierno de turno. Los conflictos de interés pueden ser contenidos sin necesidad de bloquear el acceso a la gestión pública de esta manera. Hay mecanismos para lograrlo (procedimientos de inhibición, por ejemplo). De tanto hablar y hablar de las “puertas giratorias”, estamos dejando de mirar lo importante: ¡al portero! Es quien controla a los que pasan por la puerta. Convendría mirar mas de ese lado.

Alejandro Falla, Socio de Bullard Falla Ezcurra +

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