(Ilustración El Comercio)
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Caroline  Gibu

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La pandemia del ha ocasionado la paralización o cierre de negocios, pérdidas de puestos laborales y reinvenciones en quienes, con creatividad y resiliencia, han apostado por crear nuevos micro negocios, utilizando las redes sociales para dar a conocer sus productos y servicios.

Algunos de estos emprendimientos no suelen publicar los precios de los productos o servicios que brindan y cuando una persona solicita el precio, la respuesta suele ser “te mandamos la información vía inbox” que significa que la información sobre el precio se enviará a la cuenta o correo personal del solicitante.

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Esta costumbre de enviar la información del precio en privado no es nueva y ha sido utilizada por largo tiempo aduciendo diferentes razones: el bien o servicio requiere especificaciones propias y detalladas por el cliente para la personalización y cálculo del precio final; el vendedor desea proteger su estructura de costos de posible competencia; o desea establecer una relación personalizada con el potencial comprador.

Lo cierto es que cada vez menos empresas de venta exitosa y posicionadas en redes sociales utilizan la estrategia del inbox porque generan molestias en el consumidor: el potencial cliente se siente discriminado al no conocer los precios ofrecidos a otros clientes; el cliente acude a las redes por su inmediatez y desea conocer con mayor celeridad las condiciones de venta, por lo que no estará dispuesto a dar más pasos sin sentirse incómodo o dudar de la reputación del vendedor, expresándose incluso de forma negativa en la propia red; el número de empresas por rubro se ha incrementado y el cliente tiene mayores opciones; y finalmente, sentir orgullo por la calidad del producto o servicio que se ofrece, debe reflejarse en la transparencia del precio con el que se oferta.

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Si trasladamos este ejemplo a las políticas públicas, debiéramos dudar de aquellas ofertas que no contienen una explicación razonable del costo que tendrá para la ciudadanía, en términos de mecanismos de financiamiento o uso del presupuesto público.

Un proyecto de ley o norma aprobada que resulta altamente deseable pero que no explica los mecanismos de financiamiento, su impacto en el presupuesto público o en la sociedad en su conjunto es como esa venta en línea que no transparenta información. Una promesa electoral de un partido político o postulante a un cargo público que no cuente con una descripción abierta, clara y realista de cómo se financiará esa promesa, podría esconder mecanismos discriminatorios o inconstitucionales. Una autoridad que no publica información exigida por la ley de transparencia, expropia a la ciudadanía del derecho de conocer cómo se utilizan sus recursos.

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La confianza requiere de transparencia en todos los ámbitos, tanto en lo privado como en lo público. Y esa es la lección más importante que debemos aprender en estos tiempos de pandemia y crisis institucional y política.

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