(Foto: Grupo El Comercio)
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Caroline  Gibu

En el mes de mayo del 2021, el International Budget Partnership (IBP) publicó el informe “Gestión de los fondos : La brecha de la rendición de cuentas”, una evaluación del gasto público en 120 países en el marco de respuesta a la pandemia entre marzo y septiembre del 2020. Para ello se utilizaron 26 indicadores con el propósito de medir los niveles de transparencia, vigilancia y participación ciudadana.

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Los resultados globales son desalentadores: Más de dos tercios de los países, sin importar sus niveles de desarrollo o ingresos, tuvieron grados limitados de rendición de cuenta en la toma de decisiones o definición de acciones, asignación de recursos, e implementación de medidas. Cerca de dos tercios no implementaron mecanismos transparentes para las compras y adquisiciones. En más del 50% de los países, se implementaron paquetes de ayuda – como transferencias económicas o asignación de alimentos - sin opinión o control de los congresos. Y en solo un 25% de los países, las contralorías publicaron informes de auditoría.

Y si bien estos hallazgos resultan siendo desalentadores, tanto en el informe global como en los reportes individuales por país, se recogen y comparten buenas prácticas que pueden ser replicadas aun con poco presupuesto. Por ejemplo, en Noruega se llevaron a cabo consultas con el legislativo y diferentes actores de la sociedad (empresas, academia y ONGs) para determinar las medidas más idóneas antes de su implementación; en 22 países se publicó información sobre iniciativas dirigidas a las mujeres (por ejemplo, mujeres en estado de gestación o con hijos menores de 1 año, empresarias o jefas de hogar, víctimas de violencia doméstica, entre otros), en donde resaltan los esfuerzos de Canadá, Filipinas y Suecia que publicaron evaluaciones de impacto en género de su respuesta al COVID-19; en Sierra Leona se llevaron a cabo auditorías concurrentes sobre la base de su experiencia en el combate del ébola.

¿Cómo le fue a nuestro país? El informe destaca al Perú por sus esfuerzos en materia de transparencia presupuestal, teniendo como base el Portal de Transparencia Económica donde se incluyó un módulo de seguimiento de los recursos asignado al combate del COVID 19. Así mismo, reconoce la apertura de información actualizada en datos abiertos sobre la implementación de los distintos programas.

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Y si bien nuestro país no alcanzó niveles óptimos de participación y control, se menciona como buenas prácticas el trabajo desarrollado por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), para publicar informes sobre el impacto del COVID-19 y las políticas implementadas en distintos grupos de la población más vulnerable. Así mismo, pone como ejemplo la labor de Contraloría que a través de su iniciativa Veeduría Escolar Virtual fomentó el monitoreo de acciones en el sector educativo, como la entrega de materiales y equipos destinados a la teleeducación.

Pensando en los próximos meses, el nuevo gobierno tendrá el enorme reto de mantener o mejorar los niveles de transparencia presupuestal, así como implementar mayores mecanismos de participación ciudadana y vigilancia, pues estos últimos son claves para asegurar que la reactivación económica y la mejora de servicios lleguen con oportunidad a la ciudadanía.

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