Claudia Cooper: Nuevo proyecto no parará procesos judiciales

La ministra de Economía y Finanzas (MEF), Claudia Cooper, informó este lunes que el proyecto de ley (PL) que busca reemplazar el Decreto de Urgencia (D.U.) 003 busca, en primer lugar, que se garantice el pago adelantado de la reparación civil de empresas vinculadas en corrupción. 

"Ahora, más que nunca, el Congreso y el Ejecutivo deben trabajar juntos", precisó Cooper ante una sesión conjunta de la comisión de Justicia y comisión de Economía del Congreso de la República.

Como segunda prioridad, destacó que el PL apunta a que la economía no se pare; y en tercer lugar, habilitará un marco para facilitar la colaboración eficaz. 

Asimismo, la titular del MEF resaltó que el Gobierno quiere evitar el quiebre de las empresas que generan empleo en el sector construcción. "Eso no significa que se paren los procesos judiciales", reiteró.

Sobre las modificaciones realizadas al D.U. 003 en el Congreso, que buscaban incluir a las exsocias de la constructora brasileña Odebrecht, la ministra aclaró que observaron dicha ley para tratar de discutir una nueva norma, pues el Goberno quería que "lo que proponía le congreso no parara los proyectos".

"El 18 de diciembre hicimos una observación para tratar de discutir una nueva norma en ese momento. Ahora, más que nunca, el Congreso y el Ejecutivo deben trabajar juntos. La voluntad siempre fue tener el tiempo necesario para discutir la norma", comentó ante los congresistas presentes en la sesión conjunta.

SOBRE EL PROYECTO

El proyecto “Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía” busca recuperar los recursos de los proyectos de infraestructura que han estado involucrados en casos de corrupción por las empresas constructoras; ello, de acuerdo al MEF, en aras a reactivar la economía nacional.

La inversión total, considerando las Asociaciones Público Privadas (APP) y obras públicas, por ejecutarse de las empresas vinculadas a actos de corrupción equivale a más de S/30.000 millones (4,2% del PBI), resaltó el MEF.

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