La Comisión de Economía del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que propone otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)– acceso directo a la información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria a fin de fortalecer sus labores.
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La medida se sustenta en el proyecto de ley 5829/2020-CR, que modifica el numeral 5 del artículo 143 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguro y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (267025) e incorpora un literal al Texto Único Ordenado del Código Tributario.
En detalle, en el artículo (143) sobre el levantamiento del secreto bancario se precisa que cuando la información es requerida para el análisis e investigación financiera por un superintendente en ejercicio de sus funciones no rige el secreto bancario.
Este mismo escenario también es el que se incorpora como excepción para la reserva tributaria.
SUSTENTACIÓN
La norma señala que, en la actualidad, el acceso con autorización judicial (establecido en noviembre del 2016) a información bancaria y tributaria es lento, engorroso e impide que la obtenida sea compartida con otras UIF del mundo.
En consecuencia, la UIF tiene “acceso a información parcial, lo cual le impide realizar sus funciones de análisis e inteligencia financiera de manera completa sobre las personas involucradas en el caso investigado”.
Asimismo, esta disposición de otorgar estas facultades a la UIF responde a una recomendación del Grupo Egmont, que agrupa a las UIF, y es una de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Además, el dictamen ha recibido un informe favorable de la SBS sobre la necesidad de acceder a información bancaria y tributaria que permita detectar operaciones sospechosas.
Gino Costa (Partido Morado) saludó que el dictamen haya sido aprobado, pues desde el 2009 se tienen medidas con el mismo fin, pero que no avanzaron.
“Ha tardado 11 años para que el Congreso otorgue esta función. Es un paso adelante muy importante y ojalá en el Pleno pueda recibir también el respaldo unánime. Será una victoria de este Congreso. Hace justifica después de varios años. Se diferencia de los Congresos anteriores que no quisieron dar un paso en la lucha contra la corrupción y lavado de dinero”, subrayó.
PARTE DE UN TODO
Juan José Marthans y Enrique Díaz, exjefes de la SBS, saludaron que luego de varios años se haya concretado un avance respecto a dotar de mayores recursos a la UIF y su labor.
“Es una de las grandes demandas que siempre hubo frente al entorno político y la necesidad de dotar de una capacidad directa a la UIF para la obtención de información. Es un paso absolutamente positivo para la lucha frente al lavado de activos”, apuntó Marthans.
Desde su perspectiva, agregó que esta medida debe complementarse con instrumentos que brinden transparencia sobre las denuncias que son alcanzadas por la UIF al Ministerio Público (MP).
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“No basta con denunciar ante el MP. Tiene que haber una respuesta a la denuncia. Sobre muchas de estas no se sabe si fueron aceptadas o procesadas. No se tiene hitos temporales para hacerle seguimiento y ver cómo va el proceso”, comentó Marthans.
A su turno, Díaz indicó que, si bien conceptualmente está bien intencionado, el riesgo proviene del manejo del control institucional, por lo que debería abordarse acciones también para que este no se debilite y, por lo contrario, se fortalezca.
“La SBS tiene un reconocimiento positivo hoy. Pero ante cualquier debilitamiento, esta herramienta a la UIF puede ser nociva. El resultado puede ser ambivalente. Hay que ver qué otros elementos deben implementarse”, subrayó.
Incluso, Díaz acotó que esto no solo abarca al ámbito financiero/tributario, sino también a otras instituciones, pues las investigaciones pasan por varias instancias.
“Por eso digo [que este tipo de medidas] no caminan solas. De todo el puente que se debe construir se ha avanzado con algo, pero aún falta”, remarcó.
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