D.U.003: ¿Qué dijeron los congresistas sobre nuevo proyecto?

Durante el debate en la sesión conjunta de las comisiones de Justicia y Economía del Congreso de la República, la opinión de distintas bancadas –entre las que se encuentran Fuerza Popular y Apra, Acción Popular- sobre el nuevo proyecto de ley (PL) que reemplazaría al Decreto de Urgencia (D.U.) 003 era clara: siendo un proyecto tan complejo y técnico, es imposible que el Legislativo apruebe la norma hoy.

Esto pone en jaque al Ejecutivo, pues el D.U. 003 vence mañana. Sin embargo, tanto la ministra de Economía, Claudia Cooper, como el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, indicaron que se contempla emitir un nuevo D.U. o prorrogar el ya existente por un tiempo corto.

“Tenemos dos opciones: o aprobamos lo que para nosotros funcionaría o prorrogamos el D.U. 003 por corto tiempo. Para nosotros, como Ejecutivo, [esta nueva propuesta] funcionaría. Es un tema que hemos discutido el año pasado. Gran parte de las observaciones que hicimos el 18 de diciembre están incluidas en esta iniciativa”, indicó Cooper durante una de sus intervenciones.

OBSERVACIONES

Sin embargo, no pocas fueron las observaciones que se realizaron al proyecto de ley. Tras la presentación de la titular del MEF sobre el alcance del PL y sus principales objetivos, la bancada de Fuerza Popular, por ejemplo, fue insistente con respecto a la información que se requeriría para aprobar la nueva iniciativa.

Los congresistas Héctor Becerril, Miguel Torres, Úrsula Letona y Cecilia Chacón pidieron oficialmente a la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un documento oficial con el balance económico del impacto del D.U. 003, el listado de las obras de infraestructura relacionadas con empresas involucradas en el caso Lava Jato y a cuánto asciende el patrimonio de Odebrecht en el Perú.cuál fue el balance económico del D.U. 003; con lo cual para el Congreso es difícil tomar la decisión de reemplazar dicha medida.

"No tenemos un informe que nos permita conocer, por ejemplo, si ha habido una valorización de los activos de la empresa corrupta involucrada en este tema. [...] Tenemos que saber si hemos podido valorizar los activos de Odebrecht. ¿Cuántas empresas son las que vieron su cadena de pagos rota? ¿De cuántos empleados estamos hablando? No podemos tomar una decisión sin esa información", señaló Letona.

Por su parte, el congresista de Acción Popular Yohny Lescano, realizó cuatro observaciones al proyecto de ley (PL) que luego fueron secundadas por algunos miembros de la bancada fujimorista.

• Silencio administrativo positivo. Según el proyecto de ley, el Ejecutivo tendrá 20 días para brindar una respuesta a cualquier pedido de venta o transferencia al exterior. Si no hubiera respuesta en ese período de tiempo, se entendería que el procedimiento fue aprobado. “Es un error autorizar el silencio administrativo positivo. Todos sabemos que el régimen administrativo disciplinario no opera en el Perú. Este proyecto sólo va a permitir que el funcionario corrupto pueda no decir nada y dejar que se hagan los procesos en silencio”, consideró la congresista Letona.

• Venta a terceros. Según explicó el congresista Lescano, el proyecto de ley establece que si un tercero compra la participación de una compañía condenada o confesa, el Estado ya no podrá realizar retenciones. “Es decir, habrán muchos testaferros de aquí en adelante”, apuntó el congresista.

• Veedores. Asimismo, Lescano sostuvo que la iniciativa del Ejecutivo promueve la contratación de veedores de empresas privadas externas que puedan asegurar la transparencia en los procesos de los proyectos de infraestructura de las empresas vinculadas al caso Lava Jato. Sin embargo, consideró que el MEF cuenta con los especialistas adecuados para realizar esta tarea.

• Colaboración eficaz. El congresista de Acción Popular también criticó el sistema de colaboración eficaz sugerido por el Ejecutivo, pues si se aprobara la norma, el Ministerio Público estaría en la potestad de condenar la pena o rebajar el monto de la reparación civil de la empresa que sea considerada colaboradora eficaz. “¿Está el ministerio público en la capacidad para hacer eso?”, se preguntó también la congresista Letona.

LA DEFENSA

Sobre lo último, la ministra Cooper sostuvo que la propuesta del Ejecutivo no sugiere un sistema de impunidad. “A la empresa que sea colaboradora eficaz no se le va a condonar las penas. El fiscal, en coordinación con la empresa, decidirá cuál es el castigo que se aplicará […] No estamos tratando de liberar a las compañías que hayan cometido un acto de corrupción”, explicó. En ese sentido, detalló también que aunque será la Procuraduría la entidad que calculará la reparación, será el Ministerio Público el que tenga la última palabra sobre esta.

“La colaboración eficaz no excluye la reparación civil ni la pena. Sólo asegura que quienes se acojan, puedan seguir operando. Las empresas que no han confirmado una responsabilidad [en un acto ilícito] pueden colaborar. Se trata de darles un incentivo”, agregó el ministro Mendoza. En ese sentido, apuntó que este sistema está dirigido, principalmente, a las empresas en calidad de investigadas.

Sobre el tema de los veedores, los dos ministros aseguraron que quienes sean contratados deberán ser compañías que no cuenten con conflictos de interés y que gocen, además, prestigio internacional. Ambos, además, indicaron que el reglamento de la norma podría ayudar a delimitar este punto.

Por otro lado, sobre el silencio administrativo positivo, el ministro Mendoza aseguró que el plazo de 20 días es discutible. “Se podría eliminar”, indicó durante la sesión. Por su lado, la ministra Cooper aseguró que son al menos tres las instituciones que deberán aprobar una venta o transacción. “Se necesitará aprobación del MEF, del Minjus y del ministerio relacionado a la transacción […] Si el funcionario no responde a los 20 días y la operación tiene un problema, le caerá todo el peso de la ley”, aseguró Cooper.

Finalmente, con respecto a al incentivo de contar con testaferros, la ministra aseguró que según el proyecto de ley presentado, sería el Estado quien evalúe las compras por parte de terceros. “Con el reglamento veremos mejor este tema”, apuntó Cooper.

MÁS DATOS
Antes del cuarto intermedio, la ministra Cooper aseguró que haría llegar la información requerida por los congresistas sobre las empresas que cuentan con proyectos de infraestructura corriendo.

Congresistas como Cecilia Chacón criticaron que muchos de los aspectos que quedan “sueltos” en el proyecto del ejecutivo sean clarificados en el reglamento del mismo.

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