¿El Perú debe ratificar el Acuerdo de Escazú? Esto opinan los especialistas sobre sus efectos

En setiembre del 2018, la extitular del Ministerio del Ambiente (Minam) Fabiola Muñoz suscribió el Acuerdo de Escazú, el convenio regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, junto a otros 21 países.

Para que entre en vigor, este debe ser ratificado por 11 estados y, a la fecha, cuenta con nueve. En el caso del Perú, precisamente hoy martes la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso está debatiendo aprobar la ratificación del Acuerdo de Escazú.

OPINIONES ENCONTRADAS

Monica Nuñez, profesora de derecho ambiental de la Universidad del Pacífico, explicó que este acuerdo es un “instrumento útil” porque aborda la defensa de los temas ambientales y la transparencia, además de resumir y enfatizar los aspectos urgentes en los que se tiene que avanzar.

“El Perú reconoce el derecho a la información pública. La pregunta es si esto se garantiza. Frente a las críticas que recibe Escazú, lo cierto es que es un gesto político para demostrar compromiso. Se le atribuye más poder del que tiene”, indicó Nuñez, agregando que a nivel de América Latina urge abordar el tema por la amplia brecha en acceso a la información.

No obstante, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), consideró innecesaria la ratificación del acuerdo “porque ya se cuenta con la figura de los defensores de los derechos humanos”.

Asimismo, mencionó que la confirmación de este acuerdo vulnera el principio de presunción de inocencia, pues las empresas que sean sindicadas de incumplir compromisos estarán obligadas a demostrar su inocencia. “Se invierte el orden”, subrayó De la Flor, añadiendo que también se obligaría a las empresas a proporcionar información aun cuando no esté destinada a ser pública.

Siguiendo esta línea, Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), indicó que “el sistema de consulta del Perú es uno de los más robustos y que se han suscrito una serie de leyes que garantizan la participación ciudadana en el proceso de consulta”.

Mientras que sobre Escazú, Cantuarias acotó se requiere “un debate profundo y desapasionado” que evalúe el impacto sobre el clima de predictibilidad del país y se asegura la inversión privada en línea con el respeto a las comunidades respectivas.

En tanto, Anthony Laub, socio principal de Laub & Quijandría, observó que con la ratificación de Escazú se generaría “una suerte de espiral no agotable”, lo que aumentaría el tiempo de la “tramitología” de los proyectos que hoy oscilan entre los 24 y 36 meses.

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“El acuerdo no solo dice que cualquier persona, tenga legitimidad o no para hacerlo, puede exigir cualquier tipo de información, sino que las entidades públicas están obligadas a resolver todas y cada una de las observaciones. Es una especie de bolsillo sin fondo. Veo que Escazú va a complicar el desarrollo de los proyectos”, subrayó Laub.

“No le vemos ninguna utilidad, pues nos sometemos a la jurisdicción internacional”, agregó De la Flor.

En contraparte, Carol Mora, directora de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, rechazó que se “atente contra la soberanía del país”, pues el documento detalla que “las controversias se rigen en el marco de las instancias internas” y que –si bien se cuenta con normas en esta materia– “ello no significa la existencia de brechas”.

“No entendemos de dónde surge que se atenta la soberanía. Si se parte del ‘mero’ hecho de que se firma un acuerdo está mal porque constantemente estamos haciéndolo como país”, replicó Mora.

Así, señaló que la norma busca "promover la cooperación entre estos países", lo que se traduce en que posterior a la firma del acuerdo se realizan seguimientos entre estos para optimizar sus marcos normativos en la materia, pero no con fines contenciosos, sino más de índole de acompañamiento.

“Lo que busca la participación ciudadana es legitimar los procesos. La participación no es un requisito más, es un derecho”, subrayó.

Albina Ruiz, exviceministra de Gestión Ambiental, por su parte, dijo que debería ratificarse el acuerdo, argumentando que “si las personas tienen mayor información se reducen los conflictos”.

Además, Ruiz detalló que para la suscripción del convenio en el 2018 se contó con los informes favorables de los diversos ministerios, entre ellos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

LOS QUE YA CONFIRMARON

Los nueve países que han ratificado este acuerdo son: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay.

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