Los alimentos procesados importados tendrán dificultades para ingresar al país a partir del 1 de julio debido a la exigencia de que estos productos lleven octógonos impresos, de acuerdo al Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).
Según el Manual de Advertencias Publicitarias, los alimentos procesados que se oferten a los consumidores deben tener impreso en sus empaques dichas advertencias mediante octógonos (alto en sodio, en azúcar, alto en grasas trans, evitar su consumo excesivo) con la finalidad de que el consumidor tenga la oportunidad de elegir lo que va a comprar con la mayor información para tomar su decisión.
El Idexcam consideró que este propósito se ha logrado a la fecha con la mayoría de los alimentos importados con el uso de octógonos informativos autoadhesivos, los que, afirma, son difíciles de remover.
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Precisó que los proveedores en el exterior ejecutan esta modalidad puesto que producen grandes cantidades para diversos mercados; entre ellos a los importadores peruanos, lo que resultaría muy costoso y difícil imprimir las etiquetas para este gran volumen de alimentos destinados exclusivamente al mercado peruano, ya que otros países mantienen esquemas distintos para comunicar esta información.
¿Viabilidad?
La Asociación Elegir, defensores del consumidor argumentó que el pedido del empresariado de permitir los octógonos autoadhesivos, no es viable y se convertiría en un obstáculo para su función de cuidar la salud de los peruanos.
“Es inviable la diferenciación propuesta para que los productos nacionales usen octógonos permanentes y los importados octógonos adhesivos, pues resulta en un trato diferenciado entre productores nacionales e importados dentro del mismo mercado, contraviniendo principios de competencia en igualdad de condiciones”, indicó en un comunicado.
Afirmó que impulsar los stickers otorgaría una “ventaja anticompetitiva” a algunas empresas que no invirtieron en adecuar su producción para incluir los octógonos. Además, apuntó que el cumplimiento de la norma sería difícil.
“Entorpecería la fiscalización hasta volverla materialmente imposible para las autoridades, en el supuesto negado de que sea aplicable, pues requeriría corroborar la proveniencia de cada producto antes de determinar si éste cumple o no con su propia norma diferenciada”, puntualizó.
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