Durante las marchas ciudadanas realizadas los primeros días de noviembre el pedido de "nueva constitución" empezó a sonar con fuerza. (Ilustración: El Comercio)
Durante las marchas ciudadanas realizadas los primeros días de noviembre el pedido de "nueva constitución" empezó a sonar con fuerza. (Ilustración: El Comercio)
Jerónimo Pimentel

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El ejercicio ciudadano es complicado: ¿Qué hacer cuando un sistema político se quiebra, implosiona y, en su estertor final, cuando ha arrebatado ya la vida de dos peruanos y ha mandado al hospital a varias decenas, boquea desesperado en busca de un poco de oxígeno que le permita sobrevivir? Puede que ayude revisar el origen del problema.

La Constitución de 1993 ha fracasado. La prueba de ello es que su tejido formal ha sido incapaz de asegurar lo mínimo que se le puede exigir a un sistema de gobierno: resguardar a los ciudadanos, equilibrar los poderes y tener predictibilidad. Su supuesto éxito, que ha consistido en construir una fortaleza macroeconómica durante dos décadas, ha sido puesto en evidencia por una pandemia que ha señalado de manera cruel que tener el dólar estable no garantiza el cumplimiento del primer artículo de la Constitución: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Hace falta más.

La Constitución de 1993 ha fracasado porque no establece una correlación mínima entre aquellos que votan y aquellos que son elegidos. Sociólogos y politólogos han estudiado el colapso del sistema de representación de partidos y, a la fecha, no hay solución evidente ni interés mayor por una reforma. Los últimos cinco años hemos visto la brutal consecuencia: cuatro intentos de vacancia, cierre de Congreso, legisladores golpistas que suceden a legisladores golpistas, presidentes en arresto o en vías de arresto y un envilecimiento del debate público. Cualquier punto de partida que permita este accionar errático y destructivo debe ser cuestionado.

La Constitución de 1993 ha fracasado porque no recogió las lecciones de la historia: ningún Ejecutivo con oposición mayoritaria y confrontacional ha podido acabar su mandato. Ni Bustamante, ni Belaunde, ni Fujimori (por autogolpe), ni PPK, ni Vizcarra, ni Merino ciertamente. Si algo revela la arquitectura estatal peruana del siglo XX en adelante es que está diseñada para invitar a la irrupción, al quiebre, al exabrupto.

La Constitución de 1993 ha fracasado porque es ambigua en determinar un carácter presidencialista que nuestro régimen tiene y no tiene a la vez. Que los causales de vacancia sean dudosos y necesiten interpretación es cómo tener una bomba de relojería en una tienda de espejos y rezar para que no estalle nunca. Todavía seguimos recogiendo las esquirlas.

La Constitución de 1993 ha fracasado, pues los mejores presidentes que han ejercido bajo ella no fueron elegidos por voto popular, llegaron al poder por accidente o coyuntura. Todos los elegidos por las urnas, en cambio, han tenido un final trágico, triste o desgraciado.

La Constitución de 1993 ha fracasado porque no garantiza que las dos fuerzas reales que constituyen el tira y afloja del poder en el Perú se articulen como tales: el progresismo social con los liberales, por un lado; los conservadores y populistas por otro. Atomizados, todos son alimento de mafiosos, grupos con agendas subalternas, oportunistas, buscavidas y delincuentes.

¿Esto significa que debamos tener una Asamblea Constituyente? No, necesariamente. Creer que la realidad se compone porque se escribe un texto mejor que otro es de una ingenuidad que, a puertas de los 200 años, quizás no nos debamos permitir. El sistema de enmiendas es tan o más razonable. Pero lo que sí es cierto es que si no se opta por corregir aquello que en 1993 se hizo mal o se rehace la Constitución de cero, el futuro seguirá siendo como el presente: un camino de desolación en el que se puede asesinar a dos jóvenes en una marcha, donde es posible tener tres presidentes en una semana, y donde dependemos de que el azar ponga en palacio a Sagasti en vez de Merino, según como caigan los dados.