"La gran engañifa", por Angus Laurie

En marzo del 2015, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) declaró nula la licitación de tres de los cinco corredores complementarios de Lima. En aquel entonces, el alcalde Castañeda dijo, refiriéndose al trabajo de la gestión anterior, que “la reforma de transporte es una gran mentira, una gran engañifa”.  

El jueves 14 de abril del 2016, la MML anunció que los contratos de los tres consorcios, que incluyen EcoExpress Javier Prado y TGA, fueron anulados. Según la nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del 16 de abril, “corresponde a la MML aplicar las consecuencias legales a dichos contratos. No es función del MEF declarar la nulidad”.

Por parte de Pro Transporte, David Hernández, dijo que la MML no anuló los contratos de los consorcios sino que esto ha ocurrido a consecuencia del artículo 9,3 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, que fue modificada el 16 de noviembre del 2014, a pesar de que los contratos fueron firmados previamente en enero del 2014.

Sin embargo, esto contradice la carta firmada por el gerente general del mismo Pro Transporte el 23 de octubre del 2015, que declaró que “los hechos ocurridos bajo la normatividad anterior”, como es el caso del contrato de los corredores de Javier Prado, “deben regirse por el D.L. 1012” (la versión previa de la Ley de APP) que “no establecía consecuencia alguna en el supuesto de contratos que no contasen con la opinión favorable del MEF”. 

En resumen, sabemos que los contratos de EcoExpress y TGA fueron anulados porque no firmaron las nuevas adendas contractuales que exigió el MEF de manera posterior al contrato inicial. Nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que mencionan estas adendas? Para el MEF, el problema con el contrato previo fue que había uso de recursos públicos incluidos en los contratos “incompatibles bajo la modalidad de autosostenible”.

Algunos de estos costos servían para la gestión del sistema, responsabilidades contractuales de la MML como el retiro de la sobreoferta de rutas tradicionales, la inversión en infraestructura de soporte como paraderos formales, la implementación de un sistema integral de recaudo para todos los corredores, etc., a cambio de un servicio digno con todos los beneficios descritos en notas anteriores sobre el tema. 

Según Emilio Cillóniz, de EcoExpress Javier Prado, las adendas de los contratos –formulados entre el MEF y la MML sin la participación de los consocios– eliminan la responsabilidad de la municipalidad de gestionar el sistema. Si esto es cierto, en su desventura en la política de transporte municipal, el MEF ha abierto una caja de Pandora permitiendo la existencia continuada del sistema de transporte informal “tradicional”.

Si todo esto es cierto, fuera de lo que esto simboliza desde el ángulo urbano y social, este acontecimiento sienta un precedente alarmante de desconfianza para cualquier inversionista que en el futuro tenga un interés en trabajar en una APP, y los posibles juicios y demandas legales que la MML o el MEF tendrán que afrontar por evidentes razones serán financiados con los recursos de todos los ciudadanos.