Hoy empezó el megajuicio a la familia Sánchez Paredes

La investigación a la familia trujillana caso Sánchez Paredes por el presunto delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico entró a una etapa decisiva, después de una serie de dilaciones. Hoy empezó el megajuicio a los hermanos Segundo, Santos y Fortunato Sánchez Paredes, así como a Fidel Sánchez Alayo y Jesús Esteves Ostolaza, viceministro de Comercio en el primer gobierno de Alan García.

El fiscal de Lavado de Activos Frank Almanza ha pedido 28 años de prisión para los cuatro integrantes de la familia y el ex viceministro, quien se habría encargado de las finanzas de esta organización. 

Almanza también ha solicitado que los acusados paguen al Estado una reparación de S/100 millones, una cifra elevada “basada en el patrimonio que tendría la familia”, informó una fuente del Ministerio Público.  

De acuerdo con la investigación fiscal, a los cuatro integrantes de la familia Sánchez Paredes y al ex viceministro Esteves Ostolaza se los acusa de lavar dinero a través de siete empresas de distintos rubros, como minería, ganadería y transporte de carga. 

Para la fiscalía, esta organización sería una de las más poderosas económicamente del país. Según la indagación, hay un aumento inusual del patrimonio de los implicados y de sus empresas. Además, habría irregulares manejos de grandes cantidades de dinero “en efectivo”, así como transferencias bancarias que deberán explicarse en el juicio.

“La investigación señala que se trata de un clan que se ha dedicado a una cadena delictiva y se ha empoderado a través de sus ilícitos”, resaltó la procuradora antidrogas Sonia Medina. 

–Narcopolítica–
Los antecedentes delictivos de la familia Sánchez Paredes empezaron con el crimen de Segundo Simón Sánchez Paredes en 1987, en su hacienda en México, donde la policía de ese país halló un laboratorio clandestino de clorhidrato de cocaína. 

En 1991 Perciles –hermano de Segundo Simón– fue asesinado luego de que el Poder Judicial lo absolviera de una acusación por tráfico de drogas. Cuatro meses después, la familia creó la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A. (Comarsa), que siempre estuvo en la mira de la fiscalía y la policía. 

La acusación de un millón de páginas establece también un alarmante vínculo político con la familia trujillana. El acusado Segundo Sánchez fue alcalde del distrito de Mollebamba, en el departamento de La Libertad, en tres períodos seguidos desde 1995, mientras que su hermano Fortunato ocupa ese cargo desde el 2007 hasta ahora. Es decir, los Sánchez Paredes han gobernado un distrito más de 20 años, tiempo en que construyeron una pista para narcovuelos, según la   policía. El vínculo también se fortalece porque uno de los investigados fue viceministro.  

–Piedras en el camino–
Para la procuradora Medina, la investigación fiscal a esta organización sufrió varias obstrucciones durante más de seis años, incluso fue archivada en el 2012, a pesar de las pruebas obtenidas. 

Una muestra de ello sucedió en diciembre del 2013 cuando la justicia de Estados Unidos suspendió la investigación –por lavado de activos– a la familia porque el Poder Judicial y el Ministerio Público no cumplieron con otorgar las copias de los folios de la investigación que se seguía en el Perú. 

“En un momento se congelaron algunas cuentas de la familia, pero al final la justicia peruana no entregó la información completa y se suspendió la investigación en ese país”, precisó la fuente.

En marzo, la familia emitió un comunicado en la que sostuvo: “Tras la defensa ejercida en Nueva York, el caso fue archivado a nuestro favor”. Pero Medina aclaró que el caso solo ha sido suspendido mas no archivado. 

Medina también indicó que en el 2012 una fiscal archivó la investigación en el Perú porque “no había pruebas”, sin embargo, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, revirtió esa decisión. La procuradora resaltó que hubo intentos de cambiar a última hora al fiscal Almanza para que el caso no avance o se archivara. La familia ha insistido en que no tiene vínculos con el narcotráfico, pero el Poder Judicial tendrá la última palabra.