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La Fiscalía Provincial 57, a cargo de Jorge Sanz Quiroz, decidió archivar la investigación contra el rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Luis Cervantes Liñán, por lavado de activos. No obstante, la cuestionada autoridad universitaria aún no ha quedado libre de sospechas.
A inicios de junio, Marco Cárdenas Ruiz, fiscal especializado en lavado de activos, dispuso iniciar nuevas indagaciones preliminares a Cervantes. El Ministerio Público pretendía unir ambas investigaciones para enriquecer el expediente. El archivo de una de estas, sin embargo, no afecta el otro proceso, que puede tardar hasta tres años.
La resolución de la fiscalía, emitida a inicios de julio, se sustenta en que no se hallaron indicios suficientes.
A Cervantes –recientemente reelegido– se le imputa haberse apropiado de las pensiones de unos 30 mil alumnos y haber creado las empresas LL&M Contratistas Generales y Security Man, que se habrían beneficiado con contratos con la universidad. La investigación alcanza a sus hijos: María y Luis Cervantes Ganoza.
Su abogado, José Palomino Manchego, confía en que la fiscalía especializada también archivará el caso. “La resolución de la fiscalía 57 es contundente: establece que no hay ningún tipo de responsabilidad contra nadie de la universidad”, señaló.
