Rosario: la cuna de Messi aquejada por el narcotráfico que llegó a registrar un homicidio cada 31 horas

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La noche siguiente, la del lunes 19, un joven de 27 años era asesinado a disparos en una villa al oeste de la ciudad. Franco Gastón Batalla pasaría así a formar parte de los 287 asesinatos que se registraron en Rosario durante el 2022, según dato del Observatorio de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe.

En resumen, una región que vibra por el fútbol, pero se desangra a manos del crimen organizado.

Y ahora, inevitablemente, ambos caminos se cruzaron.

REGIÓN VIOLENTA

Este jueves la noticia de que un local de la cadena Único, propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, dio la vuelta al mundo. Ni el máximo ídolo argentino está exento de esta vorágine de violencia que en enero del 2022 alcanzó su pico más alto, llegando a registrar un homicidio cada 31 horas.

Los datos del Observatorio demuestran que el departamento de Rosario es, por amplia diferencia, el más violento de la región. Como ejemplo podemos observar al segundo lugar de este fatídico ranking, La Capital registró 66 asesinatos, detrás le siguen San Lorenzo (15), Castellanos (7) y General López (5).

Las cifras de Rosario, en el que se promediaron durante el 2022 unos 22,01 homicidios por cada 100 mil habitantes, superan el promedio regional de 17,2 homicidios por cada 100 mil habitantes y se acercan a las de México, que registró 28 por cada 100 mil durante el año pasado.

Pero, ¿cómo una de las ciudades más importantes de Argentina terminó en esta situación? Desde finales del siglo XIX, Rosario se convirtió en el principal puerto agroindustrial del país. La bonanza económica que esto representó llegó acompañada de problemáticas recurrentes en este tipo de zonas. Pronto, la prostitución y la mafia italiana llevaron a conocerla como la “Chicago argentina”.

Con el paso de los años los capos sicilianos han sido reemplazados por operadores del narcotráfico que utilizan a este importante terminal como puerto de entrada y salida para la droga. “El puerto conecta Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay para la salida a Europa. Por el puerto de Rosario pasa muchísima droga proveniente de Colombia y Perú, pero también de Paraguay que busca llegar a Europa y a algunos puertos de África”, explica a El Comercio el director del Observatorio de Política Criminal, Ariel Larroude.

Para el especialista en criminología la droga es el elemento central detrás de todo este problema de violencia. Larroude destaca el alto consumo de marihuana y cocaína, la disputa territorial de las bandas del narco y la influencia que estas han obtenido dentro del cuerpo policial como los principales ejes.

“Argentina ha triplicado su tasa de prevalencia anual en el consumo de cocaína y también en el caso de la marihuana. Por otro lado, Rosario sufre desde hace 10 años un proceso de atomización policial donde no hay respuestas a las cúpulas institucionales sino que es connivente con el delito que deben reprimir. Eso hace que no haya herramienta securitaria para atravesar esa criminalidad, esto convirtió a Rosario en los últimos 10 años en un oligopolio violento porque la policía perdió el uso monopólico de la fuerza”, explica.

“Por otro lado, hay un fenómeno propio de los últimos años que en Argentina denominamos falta de gerenciamiento criminal; es decir, los capo-narcos están presos y su poder se ha atomizado en el territorio. Entonces, en lugar de que haya una sola banda que controle la mayoría de las localidades hay varias que disputan Rosario”, agrega Larroude.

En Argentina la policía está dividida en Policía Provincial, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Todas ellas dependen de la gobernación; es decir, la provincia de Santa Fe, que desde el 2019 está dirigida por Omar Perotti.

Entonces, el municipio de la ciudad de Rosario no controla realmente a ningún cuerpo policial, algo que ha reclamado el intendente (alcalde) Pablo Javkin tras el ataque del jueves.

Cabe resaltar que en el incidente los perpetradores dejaron una nota en la que acusaban a Javkin de “ser narco”. El intendente descargó su molestia por la situación diciendo que “no hay un carajo de ayuda concreta” para Rosario, cuestionándose además “¿a cuánto está el Presidente de acá, a media hora?”.

“El desmembramiento de la policía rosarina es un proceso que viene desde hace 10 años, cuando la gobernación decidió no poner el pie fuerte respecto a la gestión de la policía en el territorio de la ciudad; es decir, cómo se manejaban las ilegalidades. Desde entonces, las capas intermedias de la policía empezaron a responder a los jefes narcos que se disputan el poder. Ese proceso se fragmentó y las ‘cajas históricas de seguridad’, que es lo que recauda la policía de la prostitución, juego clandestino o venta ambulante, ahora son migajas en comparación de lo que empezó a ganar participando del narcotráfico. ¿De qué manera participa la policía del narcotráfico? Vendiendo protección y vendiendo impunidad”, señala Larroude.

Pero el analista agrega que estos tentáculos no solo se limitan al cuerpo policial sino que también han penetrado en los organismos judiciales y políticos argentinos, además de los sectores más adinerados.

“Hay un detalle no menor, los narcos no atentan contra la clase pudiente, lo de la familia Rocuzzo es una excepción. Aunque no quiere decir que en un tiempo no se convierta en un regla, pero actualmente el 99% de los muertos que hubo el año pasado en Rosario eran chicos pobres que vivían en las villas miserias”, apunta.

¿PROBLEMA NACIONAL?

La situación, aparentemente habría desbordado las capacidades de las autoridades. Para notarlo solo hace falta escuchar las últimas declaraciones del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien dijo que “los narcos han ganado. Hace 20 años que estamos en esta situación” horas después del ataque contra el local de la familia Rocuzzo.

Lo más escandaloso, quizás, no son solo las declaraciones de Fernández sino que vengan de alguien que ha ocupado puestos directamente relacionados a esta problemática en los últimos años. Entre el 2003 y el 2007 fue ministro del Interior, del 2007 al 2009 fungió encabezó el Ministerio de Justicia y de finales del 2014 a finales del 2015 fue Secretario General de la Presidencia y jefe del Gabinete de Ministros.

Larroude, quien confía en que la solución a esta problemática reside en la discusión sobre la legalización pues “con eso le sacaríamos el 80% del valor al estupefaciente”, asegura que el riesgo ya no es que el problema se extienda a todo el país sino que esto ya sucede desde hace una década. “Esto ya sucede en todo el país, en la misma Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Lo que pasa es que existe una trama política y mediática que hace que esto no trascienda. Si uno divide a la mitad la CABA verá que en los últimos 10 años, 8 de cada 10 homicidios se cometieron en el sur de la ciudad. Y esos muertos se deben a disputas narcos que se dan en los barrios más carenciados”, afirma.

Para Gabriela Seghezzo, directora del Observatorio de Seguridad de la Universidad de Buenos Aires, el mensaje del ministro Fernández tiene otra interpretación, una más demagógica. “Hay un clamor popular de que algo hay que hacer. Como en cualquier situación sobre ‘seguridad’ se exigen intervenciones urgentes y contundentes. En ese sentido, los políticos se montan -en el mejor de los casos con buenas intenciones- en escenarios que cualquiera con un poco de trayectoria en este campo saben que no funcionan. Vemos ese ejemplo en la construcción de la megacárcel en El Salvador, por ejemplo, todo sabemos que eso no va a limitar el poder de las maras pero muchos políticos se montan en ese mensaje”, asegura.

Respecto a la situación rosarina, Seghezzo aclara que el caso es particular y no debería considerarse como representativo del resto del país. “La situación de Rosario es bastante particular porque su tasa de homicidios quintuplica al promedio nacional. Adicionalmente, si uno mira la tasa de homicidios de Argentina más detenidamente descubrirá que estos se dan entre personas que se conocen. Entonces, no es que te maten por robarte en la calle sino que es mucho más probable que mueran, por ejemplo, en disputas entre bandas por territorios en los barrios. Adicionalmente, es claro que la participación de las propias fuerzas de seguridad en esta violencia es muy llamativa. Hay un entramado entre la participación de las propias fuerzas de seguridad que es para remarcar”, señala la analista.

Por otro lado, Seghezzo difiere de Larroude en cuanto a la visión de que hay una expansión del narcomenudeo en el país. “En los medios y entre algunos políticos argentinos hay mucho rumor sobre eso. La seguridad, como en muchos países, funciona acá como punto de referencia entre una buena o mala gestión de gobierno. Entonces hay mucha discusión sobre ese tema, yo pondría en duda la idea de que hubo un aumento del narcomenudeo. Lo que sí sucedió es que el gobierno anterior tendía a perseguir la microventa, desarmando ‘búnkeres’ en las villas, pero los grandes mercados no se mueven ahí sino que están articulados con el poder económico. Por otro lado, es un discurso que se liga a que las fronteras están porosas, algo que tampoco es cierto. Insisto, si uno ve las tasas generales de Argentina, de 4 homicidios cada 100 mil habitantes, verá que es muy baja en la región”, afirma.