Perú se encuentra en medio de una crisis política. La imagen muestra una marcha contra la corrupción realizada en Lima en el 3 de enero del 2019. (Foto: AFP)
Perú se encuentra en medio de una crisis política. La imagen muestra una marcha contra la corrupción realizada en Lima en el 3 de enero del 2019. (Foto: AFP)
Farid Kahhat

Analista internacional

fkahhat@comercio.com.pe

Si la mayoría del Congreso peruano creía que el pedido de adelanto de elecciones y una eventual cuestión de confianza en torno a él vulneran la Constitución, podría haber solicitado que se invoque la Carta Democrática Interamericana (CDI) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esta, en su artículo 20, faculta a cualquier Estado miembro o a su secretario general a pedir la convocatoria del Consejo Permanente de la OEA para apreciar la situación y adoptar decisiones ante “una alteración del orden constitucional”. Aunque, claro, la Carta Democrática Interamericana fue aprobada en Lima el 11 de setiembre del 2001 como un intento de prevenir una nueva experiencia como la del gobierno de Alberto Fujimori. Es decir, un gobierno que, habiendo surgido de elecciones libres y justas, subvirtió el sistema democrático desde su interior.

Por ello no deja de ser paradójico que el fujimorismo, que buscó retirar al Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, apelara a la Comisión de Venecia que, a diferencia de la Corte Interamericana, no tiene la facultad de emitir fallos de cumplimiento obligatorio. Ello dado que esa comisión es solo un órgano consultivo del Consejo de Europa. Este último fue creado en 1949, dos años antes de que se iniciara el proceso de integración que dio origen a la Unión Europea (UE). No es solo que el Consejo de Europa no sea parte de la Unión Europea, sino que, a diferencia de la Unión Europea, no es necesario ser una democracia para integrarlo. Por esa razón pueden ser miembros del Consejo de Europa países como Azerbaiyán y Rusia. De hecho, tampoco es necesario ser una democracia para integrar la Comisión de Venecia; de lo contrario, no serían parte de ella países como Argelia o Kazajistán.

Esa es una de las razones por las que, en ocasiones, los países miembros de la Comisión de Venecia ignoran sus opiniones consultivas o adoptan decisiones sin esperar a ellas. Por ejemplo, en junio del año pasado, la agencia Europapress tituló una nota de la siguiente manera: “La Comisión de Venecia pide a Hungría que no apruebe la ley anti-Soros antes de conocer su opinión”. Se trata de una ley que restringe las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en ese país, y que el Parlamento húngaro aprobó de cualquier manera.

El Soros en mención es el mismo al que el presidente del Congreso peruano, Pedro Olaechea, acusó de financiar a las ONG que estarían detrás de las protestas contra el proyecto minero de Tía María. Según su teoría conspirativa, “el señor Soros es sabido especulador internacional, cuando quiere que suba el cobre se arman cinco o seis huelgas, y el cobre sube. Cuando ya toma su posición de cobre, detiene la huelga y vende”. El primer ministro húngaro Viktor Orbán (quien, en materia de libertades, gobierna sobre “el deterioro más dramático jamás registrado dentro de la Unión Europea”, según Freedom House), culpa también a Soros de alentar la inmigración masiva hacia Europa para socavar sus raíces cristianas (Soros es judío). Ninguno de los dos parece creer que esos cargos requieran demostración, pues no presentan prueba alguna. A propósito, George Soros debe ser un pésimo especulador, porque en tiempos recientes el precio del cobre ha tenido una tendencia declinante.