El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, gesticula durante la inauguración del Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) en el barrio de Santa Lucía en Mejicanos, El Salvador, el 17 de enero de 2023. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, gesticula durante la inauguración del Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) en el barrio de Santa Lucía en Mejicanos, El Salvador, el 17 de enero de 2023. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
/ MARVIN RECINOS
Agencia AFP

La (Fespad) señaló este jueves que el fallo que habilita que el presidente pueda presentar su candidatura para la reelección inmediata “carece de legitimidad constitucional”.

De acuerdo con la ONG, la resolución de septiembre de 2021 “carece de legitimidad constitucional en la forma y en el fondo”, dado que se dio “a pesar que la reelección presidencial está expresamente prohibida por la Constitución”.

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Hasta antes de esa resolución, que según varios abogados no debe tener efectos generales al no ser un fallo de inconstitucionalidad, un presidente que quisiera correr nuevamente por el cargo debía esperar 10 años.

Los magistrados constitucionalistas, elegidos el 1 de mayo de 2021 en un proceso expedito en el Congreso de amplía mayoría oficialista y sin seguir los lineamientos dados en la legislación, señalaron que un presidente puede gobernar dos períodos consecutivos.

En septiembre de 2022, Bukele anunció que buscará en 2024 su reelección, a pesar que en el pasado afirmó que en El Salvador no era posible la reelección.

Estas acciones deslegitiman el marco legal establecido y socavan la confianza ciudadana en las instituciones y la estabilidad democrática”, indicó Fespad.

Añadió que “una de las características del actual Gobierno ha sido la interpretación antojadiza de las leyes o el uso de vacíos legales para llevar a cabo acciones que contravienen los principios constitucionales”.

También es una violación constitucional el régimen de excepción convertido en la política de seguridad del Gobierno y que ha traído como consecuencia la negación de la presunción de inocencia, la ausencia de debido proceso y la erradicación de la independencia judicial”, subrayó.

La medida de régimen de excepción ha dejado más de 69.000 detenciones, que el Gobierno de Bukele dice son todos pandilleros, y que representan más del 1 % del total de la población.

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Además, diversos informes de organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5.000 denuncias de atropellos y de unas 160 persona muertas en custodia estatal, incluso con signos de tortura.

El presidente Bukele cumple este 1 de junio su cuarto año de gobernar el país con la llamada “guerra contra las pandillas” como buque insignia para buscar la reelección, a pesar de los constantes señalamientos de inconstitucionalidad.

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