España se encuentra en el ojo de la tormenta. No solo lidia con ser uno de los países que más contagios por coronavirus ha tenido, sino también con la tensión que se vive en estos momentos por la detención del rapero Pablo Hasél. Lo ocurrido con el artista ha sido una chispa para que algunos cuestionen las penas que se aplican contra aquel que injurie a la monarquía. Y, por otro lado, se discute también cuándo se cruza el límite de la crítica para caer en la injuria.
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Pero, es importante recordar que España no es la única monarquía vigente. A partir de esto, surge la duda de cómo es que las leyes de dichas naciones penalizan la injuria contra sus Casas Reales.
Primero, es necesario explicar que en una monarquía el jefe de Estado es el Rey o Reina y el puesto es vitalicio, además de hereditario. Dentro de este tipo de gobierno existen principalmente tres categorías, diferenciadas por el poder de los reyes: las absolutistas, donde el monarca ejerce todos los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial), y las constitucionales, donde el rey asume la responsabilidad del Poder Ejecutivo, mientras que el Parlamento es el responsable máximo del Poder Legislativo. Finalmente, están las parlamentarias, donde el rey dispone de poderes simbólicos, mientras que el Parlamento asume el verdadero control del país.
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PAÍSES CON MANO DURA
Recientemente, una de las naciones que ha generado mayor controversia por el castigo frente al delito de lesa majestad es Tailandia. A mediados de enero de este año, el Tribunal Penal de ese país condenó a una exfuncionaria pública a 43 años de prisión por compartir videos en redes sociales en los que difama a la Familia Real, encabezada por Maha Vajiralongkorn.
La acusada, que era trabajadora del Gobierno, reconoció los hechos, por lo que disminuyeron su condena inicial de 87 años. Si bien su Código Penal incluye penas de hasta 15 años de prisión, estipulado en el artículo 112, esta sentencia se ha convertido en un récord.
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Otra figura acusada recientemente es el excandidato a primer ministro Thanathorn Juangroonruangkit, quien criticó un acuerdo para la producción de vacunas contra la Covid-19 con Siam Bioscience, una empresa que, supuestamente, está vinculada al rey.
En el país asiático se ha presentado una gran ola de protestas frente a lo ocurrido y, quienes participan piden cambios estructurales del sistema político, incluyendo la reforma de la monarquía.
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Amadeo-Martín Rey y Cabieses, doctor, historiador especializado en monarquías y Director de Publicaciones de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, conversó con El Comercio sobre la situación en el Viejo Continente.
“Diecisiete países europeos protegen el honor y la figura del Jefe del Estado y en varias monarquías europeas, como las de Bélgica, Dinamarca, Suecia o Mónaco -países que están, por cierto, entre los más avanzados del mundo- existe el delito de “laesa maiestatis” (lesa majestad) más duramente castigado que en España”, explica.
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Por ejemplo, en Suecia el Código Penal contempla en el capítulo 18 (sección 2) una pena máxima de seis años de cárcel. Esto corresponde a quien “cometa un delito mencionado en los capítulos 3-5 que implique una ofensa contra el Rey u otro miembro de la Casa Real, o de una persona desempeñando las funciones del Jefe de Estado como regente”.
En Bélgica y Dinamarca se castiga con prisión de seis meses a tres años y la multa de 300 a 3 mil francos (de US$9 a US$90, aproximadamente); además de una condena máxima de cuatro años en prisión, respectivamente.
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Aquí también se encuentra España. En su caso, el delito contra la corona es recogido en el artículo 491 del Código Penal. En este, se hace referencia a que las penas por calumniar o injuriar, de manera grave, al Rey o a cualquiera de la familia y allegados, será castigado con una pena de prisión de 6 meses a dos años.
“Quienes critican la existencia de este delito lo hacen, no por amor a la libertad de expresión, sino por rechazo a una institución que -incomprensiblemente- aborrecen: la Corona, es decir, la propia institución monárquica. Digo incomprensiblemente porque es justamente la Monarquía la que ha traído la democracia a España que les permite ejercer esa libertad de expresión”, apunta el especialista.
Sobre el caso de Hasél, Rey y Cabieses considera que “no se puede ni se debe insultar, ni inducir a matar a nadie, ni defender que otros los hagan. Pablo Hasél ha entrado en la cárcel por ser un reincidente ya condenado previamente”.
“Un ‘rapero’ cuyas letras dicen cosas como ‘mira a los puercos del PSOE comiéndosela a la monarquía. Los dispararía uno a uno, sería oportuno, algo mejoraría’, no ejerce sólo su libertad de expresión sino que se ampara en ella para promocionar la violencia. Cuando dice ‘¡Que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono!’, conocido ex ministro socialista, o proclama ‘¡Merece que explote el coche de Patxi López!’, dirigente socialista vasco, no está haciendo arte sino induciendo al terrorismo”, indica.
“El Tribunal Supremo dijo con razón que las letras de Hasél ensalzan las acciones, justifican la violencia y expresan simpatía frente a la eliminación física del disidente. Además ha sido condenado por amenazar a un testigo de un juicio e intentar propinarle una patada”, agrega el experto.
CAMBIOS E IMPLEMENTACIÓN
El reino de los Países Bajos consideraba que los delitos de lesa majestad debían ser castigados “con una pena de prisión no mayor a cinco años o con multa de cuarta categoría”. Pero, como comenta el doctor Rey y Cabieses, el pasado 1 de enero se rebajaron las penas para este delito, equiparándolas con las del delito de insultos a cualquier otro funcionario público.
Uno de los países que, recientemente, incluyó esta figura legal fue Camboya. En 2018, el Parlamento aprobó una reforma del código penal para prohibir los insultos y ofensas contra la monarquía, cuyo representante es Norodom Sihamoní. Esta medida contempla una pena de entre 1 a 5 años de cárcel y multas de entre 500 a 2.500 dóleres, según informó el diario Phnom Penh Post.
El doctor explica que las sanciones de este tipo existen porque “en primer lugar, el Rey, como todo ciudadano, tiene derecho a que se respete su honor. Pero además porque la Corona representa y simboliza a todos los ciudadanos y su bien común. Atacar a la dignidad de la Corona equivale a lesionar la dignidad de la nación”.
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