Un policía antidisturbios apunta con su pistola de gas lacrimógeno hacia los manifestantes durante las pasadas protestas contra la brutalidad policial en Bogotá. (Foto: DANIEL MUNOZ / AFP / Archivo)
Un policía antidisturbios apunta con su pistola de gas lacrimógeno hacia los manifestantes durante las pasadas protestas contra la brutalidad policial en Bogotá. (Foto: DANIEL MUNOZ / AFP / Archivo)
/ DANIEL MUNOZ
Agencia Europa Press

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de ha ordenado en un fallo de tutela con fecha 29 de octubre suspender el uso de agentes químicos en protestas sociales porque podría fomentar el contagio del .

“Los manifestantes asintomáticos, al ser objeto de esta sustancia, los llevaría indudablemente a propagar el virus en su entorno ante la reacción del cuerpo al toser excesivamente, lo que implicaría una mayor carga viral en el ambiente, perjudicando exponencialmente a otros ciudadanos”, explica.

Además, estos químicos degradan las defensas antivirales de los pulmones y, por lo tanto, el manifestante quedaría en mayor riesgo y su salud más expuesta en caso de contagiarse por COVID-19.

En concreto se refiere al uso de dispositivos de lanzamiento de pimienta, con propulsión pirotécnica, gas o aire comprimido; granadas con carga química CS y OC; granadas fumígenas; cartuchos con carga química CS y OC; cartuchos fumígenos y cualquier otra sustancia semejante, según recoge la emisora Caracol Radio.

La orden judicial contempla que dicha prohibición se mantendrá mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria por el coronavirus impuesta por el Gobierno.

El Ministerio de Defensa ha señalado a través de un comunicado que respeta las órdenes de las autoridades judiciales y ha reiterado su garantía del derecho a la manifestación pacífica. Asimismo ha recordado que ejerce la “autoridad legítima del Estado para evitar casos de violencia o vandalismo”.

La utilización de armas, municiones y elementos menos letales por parte de la Policía Nacional está amparada en el marco jurídico internacional. “Se realiza de conformidad con las normas internacionales de protección a los Derechos Humanos y los protocolos y reglamentos internos que para el efecto existen”, ha argumentado.

Por último, el Ministerio ha indicado que hará uso de las herramientas disponibles en el ordenamiento jurídico “con el fin de que se realice una evaluación de acuerdo con el marco jurídico y el fundamento internacional y nacional que existe sobre la materia”.

En los últimos meses se han producido intensas movilizaciones sociales y de protesta contra la violencia de las fuerzas de seguridad, la última, una minga indígena con miles de participantes que se instaló en Bogotá tras recorrer la distancia que separa la capital de la ciudad de Cali.

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