Los uruguayos votaron este domingo en referéndum por mantener intacto el paquete legislativo emblema del gobierno de Luis Lacalle Pou, aunque por un margen muy escaso. Más de 2,6 millones de ciudadanos estaban llamados a sufragar para mantener o derogar 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), considerada la columna vertebral de la administración centroderechista.
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La opción SÍ, a favor de derogar, alcanzó el 48,8% de los votos válidos, mientras que la papeleta del NO, para mantener la ley intacta, alcanzó el 49,9%, según números de la Corte Electoral de las 23H40 locales con el 99% de las mesas escrutadas. En números brutos, son alrededor de 20.000 votos de diferencia.
“Una etapa superada, una ley que queda firme”, dijo Lacalle Pou cerca de la medianoche del domingo en conferencia de prensa.
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El mandatario saludó el resultado y aseguró que “puede haber dos visiones políticas distintas, pero no hay dos Uruguay”.
Y es que la elección da cuenta de que el país sigue dividido en dos bloques políticos de dimensiones muy similares, dijo el politólogo Ignacio Zuasnábar al local canal 10.
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“El SÍ tiene motivos para festejar, porque tuvo una votación muy buena (...) Para un Frente Amplio y una izquierda en proceso de renovación de liderazgo y reconstrucción de figuras, es un resultado significativo”, afirmó.
En tanto, la analista Mariana Pomiés opinó en canal 12 que si, a pesar de haber sido derrotada, la oposición logra capitalizar la elección, saldrá “fortalecida”.
Durante varios meses, las consultoras de opinión daban una holgada diferencia a favor de la opción por mantener el paquete legislativo de Lacalle Pou, quien ostenta un alta aprobación a dos años de iniciada su gestión.
La LUC, que entró en vigencia en julio de 2020, tiene en total 476 artículos sobre áreas tan diversas como seguridad, educación, vivienda y economía, que reflejan los principales puntos del programa de gobierno de la coalición oficialista.
Los artículos puestos a consideración abarcan, a su vez, temáticas bien distintas. Desde la creación del delito de agravio a la autoridad policial hasta el cambio en el método de fijación de precios de los combustibles o modificaciones en el régimen de adopciones.
El referéndum fue impulsado por organizaciones sociales, la central sindical PIT-CNT y el opositor Frente Amplio (izquierda), que recolectaron muy por encima de las 672.000 firmas necesarias, equivalentes al 25% del padrón electoral, para hacerlo realidad.
Dada la heterogeneidad y complejidad de asuntos tratados, la elección se terminó transformando en una suerte de plebiscito sobre la gestión de Lacalle Pou.
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